El importe mensual de las tarjetas de los directivos (miembros de la comisión ejecutiva regional) asciende en promedio a 1.200 euros, incluyendo básicamente gastos de restaurantes. La liquidación de las tarjetas, de enero a noviembre de 2010, ascendió a más de 423.000 euros. La prueba pericial revela también cómo el "sindicato" reformista afronta los gastos, tanto de suministros como mobiliario y arreglos, de los pisos donde viven miembros de la Ejecutiva, desde el cambio de un enchufe a la compra de electrodomésticos. Sólo en electricidad y agua de estos inmuebles, propiedad de la organización, los pagos son desmesurados: 350 euros al mes...
El pasado 30 de noviembre es una fecha que nunca olvidarán los 159 trabajadores de UGT-Andalucía (26 de Cádiz) que vieron cómo sus nombres aparecían en dos listas negras de un ERE y un ERTE que presentaba ese día el "sindicato" amarillo, su empresa. En esa jornada no sólo se iniciaba el camino inexorable a la ruptura de una relación laboral sino también el principio de una negociación que acabaría sin acuerdo y con la aplicación de la reforma laboral por parte de una de las dos organizaciones "sindicales mayoritarias" en el país, que ha promovido dos huelgas generales en contra de una norma que ha desencadenado un aluvión de expedientes de regulación en las empresas españolas, incluida la propia UGT.
Ese mismo día de noviembre, siguiendo con las profundas contradicciones que han marcado este proceso de recorte de personal en la central "sindical" reformista, el secretario general del "sindicato" a nivel andaluz, Manuel Pastrana, pagaba con su tarjeta de crédito Visa Corporate Oro que tiene como responsable de la chiquilicuatrera UGT 852,35 euros por una comida en un restaurante a miles de kilómetros de Andalucía, en Durban, Sudáfrica. Del 27 al 30 de noviembre se celebró en esa remota ciudad el XXIX Congreso Internacional de Servicios Públicos, una organización internacional que aglutina a "sindicatos" vinculados a la rama pública, que en el caso de la "empresa" UGT le viene dada por la Federación de Servicios Públicos de la que proviene en origen Pastrana. Este viaje quedó reflejado en la tarjeta de crédito del líder "sindical" con un cargo a las arcas supuestamente maltrechas de UGT Andalucía por importe de 1.252,75 euros.
En estos congresos la organización que ejerce de anfitriona costea los gastos de manutención de las distintas delegaciones mediante la organización patrocinada de comidas y cenas. En cualquier caso, el importe de más de 800 euros por una comida, en un restaurante situado en el puerto de la ciudad sudafricana, especializado en pescados y mariscos (New Café Fish), parece desorbitado teniendo en cuenta que el "sindicato" vertical UGT anunciaba al mismo tiempo que despedía a 159 trabajadores de Andalucía por problemas financieros.
Los movimientos que recoge el apunte bancario confirman además que Pastrana hizo uso de la tarjeta para abonar unos pequeños gastos en el hotel donde se alojaba, el Hilton Hotel, un establecimiento de cinco estrellas, y los gastos de desplazamientos. De su participación en este congreso no hay referencias ni en su propio blog personal; por lo cual se desconoce qué trabajo desempeñó en Sudáfrica más allá de formar parte de una delegación que asistió a un foro de debate.
Prueba pericial
Este extracto bancario se incluye en el informe técnico que el pasado miércoles aportó al tribunal la representación letrada de los trabajadores que tenían la vista oral por el conflicto colectivo denunciado en el seno del TSJA. El juicio se suspendió después de que el sindicato solicitara sin éxito anular como prueba dicho estudio. Finalmente se acordó un aplazamiento para que la parte demandada analizara ese contrainforme que cuestiona la situación económica alegada por la organización para aplicar una reducción drástica de plantilla y un empeoramiento de las condiciones laborales de los que están afectados por el ERTE.
Ese estudio, está admitido como prueba y deberá ser valorado ahora por el Alto Tribunal Andaluz. Está firmado por una reconocida perito economista, que ha analizado la documentación justificativa que entregó el "sindicato" amarillo a la sección sindical al anunciar el ERE. Sus conclusiones son demoledoras: los datos no cuadran con los informes económicos que ha manejado UGT Andalucía de manera interna y que sostienen que su situación financiera no es tan crítica; se detectan numerosos gastos de "difícil justificación»" generados por la comisión ejecutiva (la dirección del "sindicato" conformada por liberados); la existencia de una doble contabilidad y de actividades que poco o nada tienen que ver con un sindicato como las inversiones inmobiliarias; además de pruebas de un descontrol absoluto en el manejo de la tesorería de la organización, que se nutre no sólo de las cuotas de los afiliados, sino principalmente de subvenciones con dinero público.
Una de las afirmaciones que guarda esta prueba pericial es que el "sindicato" vendeobreros, al que se le presupone que evitaría hasta el último extremo despedir a sus trabajadores aplicando otras medidas de reducción de costes, a fecha de noviembre de 2012 -cuando se comunicó el ERE-, seguía manteniendo un alto nivel de gastos que generan los miembros de la dirección del "sindicato" reformista a nivel andaluz, con Pastrana a la cabeza, los cuales disponen de tarjetas de crédito para pagar comidas en restaurantes o desplazamientos.
Estos "gastos superfluos", indica el estudio pericial, "han mermado la capacidad económica-financiera de la organización para poder desarrollar las funciones propias, siendo en parte causantes de los despidos realizados". Increíble.
Fuentes consultadas, confirmaron que la presentación de este informe supuso no sólo que el TSJA aplazara el juicio para el próximo 15 de mayo; lo que supondría que la vista se desarrollará con posterioridad al congreso regional, previsto a primeros del próximo mes en el que debe salir una nueva ejecutiva de UGT-Andalucía. También desencadenó una voluntad negociadora por parte de la organización para alcanzar un acuerdo extrajudicial con los trabajadores, que hasta la fecha no había tenido. Hay que recordar que el "sindicato" amarillo no aceptó ni una de las alternativas que propuso la sección sindical para amortiguar el coste social del ERE.
El contenido de ese informe, en resumen, pone en evidencia que mientras los trabajadores del "sindicato" (la mayoría administrativos con nóminas por debajo de los 2.000 euros mensuales) se han quedado en la calle o con sus jornadas laborales recortadas, los miembros de la dirección del "sindicato" cobran sobresueldos en concepto de "actividad sindical" que, como indica la prueba pericial, "no puede ser una actividad remunerada pues es parte inherente de su trabajo". Y además de estos complementos, reciben dinero por dietas, transporte o la organización les costea el arreglo de las viviendas que ocupan, propiedad del sindicato, y que se encuentran en la capital sevillana. Un ritmo desorbitado de costes incompatible con una organización que recurre al recorte de plantilla porque alega estar en crisis.
Superávit de casi un millón
Para llegar a estas conclusiones, la perito ha tenido acceso a documentación interna que le han podido aportar los trabajadores; además de cruzar los datos de la memoria justificativa del ERE con los balances económicos que se han presentando en las comisiones ejecutivas y los resultados de la auditoría interna que encargó la propia comisión ejecutiva regional en 2011 para que verificara el estado de las cuentas. Según esa empresa externa, que trabajó a partir de los datos que le entregó la dirección del "sindicato" colaboracionista, UGT-Andalucía acabó 2011 con un resultado financiero positivo de 825.908,36 euros y un patrimonio neto y pasivo de 131.419.283,88.
Por contra, el "sindicato" amarillo se justificó ante sus trabajadores entregando una documentación distinta. Cifraba un agujero económico al 30 de noviembre de 2012 de 3.652.660 euros y un cierre de 2011 en números rojos (150.000 euros de pérdidas). Unas cantidades, que según la documentación del ERE, la certifica el mismo "sindicato" vertical y no un órgano fiscalizador independiente, ya que el "sindicato" reformista no está obligado a presentar sus balances financieros ante el Tribunal de Cuentas.
