El Reino Unido en medio de los recortes al gasto social, rebajas salariales y despidos de funcionarios públicos, aumenta un 16% el Presupuesto de la Realeza. Hoy agregamos esta cereza encima del pastel.
La misma semana que entra en vigor el primer gran recorte del Estado de Bienestar en Reino Unido, fuentes cercanas al Ejecutivo de David Cameron confirmaron que estudian congelar e incluso recortar el salario mínimo, que cobra casi un millón de trabajadores, sobre todo en pequeñas tiendas y compañías manufactureras.
Supondría un nuevo tijeretazo del gabinete conservador, enfrascado en la lucha contra el déficit público, ya que este salario mínimo nunca ha sido recortado desde su instauración, en el año 1999.
El desfase presupuestario de Reino Unido en el año fiscal que finalizó en febrero ascendió al 7,7% del PIB, lo que lo coloca entre los más elevados de la UE y, con la esperada contracción, es de prever que se reduzca más lentamente. Este año la meta fijada es el 6 por ciento, y para 2017 se debería haber reducido el déficit estructural.
Actualmente situada en 6,19 libras (7,29 euros) por hora, la remuneración mínima en el Reino Unido es fijada cada primavera. Para los asalariados mayores de 21 años, el sueldo por hora se incrementó el año pasado desde las 6,08 libras (7,16 euros), pero en cambio los salarios de los empleados entre 18 y 20 años ya fueron congelados en las 4,98 libras (5,8 euros).
Esta supuesta rebaja del salario mínimo es incongruente ya que se recorta el salario mismo al tiempo que a las grandes fortunas se les concede una rebaja de impuestos. Así la clase trabajadora ve día a día, como los precios aumentan a un mayor ritmo que los salarios. Una familia media británica perderá hasta 1.050 euros este año por los cambios en los impuestos y las ayudas sociales.
Clase baja y media, afectada ( para variar )
El lunes entró en vigor el primer paquete de medidas aprobado por Cameron para atajar el déficit, muy controvertido por lo que supone de fuerte recorte del sistema de protección social.
Este tajo al Estado de Bienestar afecta a la rebaja de las ayudas a la vivienda social, a las familias más modestas en el pago de los impuestos municipales y a los ciudadanos sin recursos para costear litigios ante los tribunales. También remodela la gestión sanitaria, con un estricto control del gasto. Es decir, ajustes que no sólo impactan en las clases desfavorecidas, sino en la clase media.
Especialmente controvertida es la reducción de los subsidios a la vivienda, según la cual, quienes vivan en un piso de protección oficial verán recortados los recursos del Estado si tienen una habitación vacía. Los afectados, casi 700.000 ciudadanos, deberán mudarse.
Asimismo, el sistema de ayudas gestionado por el Departamento de Trabajo y Pensiones se transfiere a las administraciones locales, cuya financiación se ha visto reducida en un 10 por ciento, lo que profundizará los problemas de asignación.
El Estado, además, cederá la gestión a las respectivas comisiones médicas locales, integradas por doctores, en favor de una reforma del sistema público que los críticos tildan de semi-privatización.
