En pleno debate sobre la pobreza en Estados Unidos la revelación de que grandes corporaciones como Walmart y McDonald’s reciben 7.000 millones de dólares anuales en subsidios públicos ha desatado la polémica en el país.
Las empresas de comida rápida transfieren 7.000 millones de costes laborales a los contribuyentes.
Esos 7.000 millones de dólares son la cifra estimada de lo que anualmente se gasta el Estado norteamericano en subsidios para l@s trabajador@s de las grandes empresas de comida rápida, unas ayudas que les permiten comer y tener seguro médico. El salario que pagan estas compañías es tan bajo que su alimentación y asistencia sanitaria corren a cargo del erario público.
La cifra proviene de dos informes independientes, uno de la Universidad de Berkeley y otro de la de Illinois. Mantener a l@s trabajador@s de McDonald’s en particular cuesta cada año 1.200 millones al Estado, según un informe de la organización activista National Employment Law Project. Además, el 52% de l@s trabajador@s de establecimientos de comida rápida están inscrit@s, junto a sus familiares, a algún tipo de asistencia pública.
La industria de comida rápida mueve 200.000 millones anuales, pero solo un 13% de las compañías proveen seguro médico. El tema de los subsidios públicos ocultos a las empresas de ‘empleo basura’ salió a la luz recientemente cuando se publicó una conversación grabada entre una trabajadora de McDonald’s y una operadora del teléfono de ayuda a l@s emplead@s de la compañía.
El hecho de que estas empresas asumían que era el Estado el que tenía que complementar el sueldo de sus trabajador@s en forma de subsidios desencadenó el escándalo.
El “Estado del bienestar corporativo”
El caso de las grandes empresas que pagan mal trasciende el mundo de las empresas de comida chatarra (comida basura) o las grandes tiendas como Walmart. Diversos grupos, como el movimiento Occupy Wall Street, aseguran que existe un “Estado del bienestar corporativo”, que se refleja en los rescates a la banca o en los subsidios fiscales (de alrededor de 6.000 millones de dólares) a las grandes petroleras en forma de créditos fiscales.
