La juez acusa a la policía de no aportar ninguna prueba contra los 11 detenidos a los que acusaban de "terrorismo anarquista". La policía de la Generalitat no ha sido capaz de aportar
pruebas concluyentes pese al enorme despliegue, los tres años
transcurridos y la publicidad que se dio a la operación.
El caso Pandora acaba de forma tan estridente como lo fue su inicio. Tres años después de que decenas de agentes de los Mossos d'Esquadra entraran en la Kasa de la Muntanya -símbolo del movimiento okupa barcelonés- y la registraran durante más de 11 horas en busca de pruebas contra el "terrorismo anarquista", la Audiencia Nacional ha enterrado ahora de forma definitiva un caso que comenzó en sus juzgados. Y lo ha hecho entre críticas de la juez Carmen Lamela a la policía de la Generalitat a la que, en esencia, acusa de no haber sido capaz de aportar pruebas concluyentes pese al enorme despliegue, los tres años transcurridos y la publicidad que se dio a la operación.
La madrugada del 16 de diciembre centenares de agentes de los Mossos -entre ellos prácticamente toda la Brigada Mòbil (Brimo)- se desplegaron en 14 locales y casas en los distritos barceloneses de Gràcia, Sant Andreu y Poble Sec; en Manresa y Sabadell; además de realizarse entradas en Madrid. El objetivo era actuar contra presuntos miembros de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC).
La espectacularidad del operativo de los Mossos d'Esquadra aquel día contrasta ahora con los frutos -ninguno- de una investigación que la propia Audiencia Nacional vinculó en sus comunicados públicos con el "anarquismo violento".
Según el auto publicado este martes por el juzgado de Instrucción Central número 3 de la Audiencia Nacional, nada de lo atribuido por los Mossos y el juez Javier Gómez Bermúdez contra los 11 detenidos -siete mujeres y cuatro hombres- puede demostrarse. Únicamente ha podido evidenciarse "que los investigados se relacionan con personas del colectivo anarquista, algunos de ellos con antecedentes penales, así como con personas que han sido condenadas por su pertenencia a los GAC". Ninguna de todos esos hechos es ilegal, a la vista de la decisión de la juez Lamela.
La magistrada sostiene que "pese a los diversos teléfonos intervenidos e informes de todo tipo que han sido recabados" no ha podido concluirse ningún tipo de delito. Menos aún que los 11 detenidos -siete de ellos fueron encarcelados- "pudieran estar realizando determinadas actividades en el seno de movimientos anarquistas o grupos terroristas". Tampoco han dado resultado los esfuerzos de los investigadores en la que suponía su última esperanza, el descifrado de los ordenadores y discos duros que los Mossos se llevaron de los domicilios y de la Kasa de la Muntanya.
La misma juez acabó con la misma determinación en 2016 con la considerada como segunda fase de la Operación Pandora que se llevó a cabo en octubre de 2015 con la detención de otras nueve personas. Como ha sucedido ahora, la Audiencia Nacional daba por sobreseído el caso en junio pasado ante los escasos resultados de la investigación realizada por los Mossos, que no aportaron indicios concretos ni suficientes sobre una supuesta actuación delictiva.
