La entrada en vigor del registro obligatorio de jornada no evitó que el tiempo de trabajo no remunerado creciese más de un 12 % en el año de la pandemia. Un fraude con un severo impacto económico. El principal lo sufren los trabajadores afectados, que según los cálculos dejaron de percibir 2.500 millones de euros por ese tiempo que siguen en sus puestos pero que no tiene reflejo en sus nóminas. Pero también hay un quebranto para la Seguridad Social, a la que no se le abonan las cotizaciones sociales que corresponden a esas horas.
Desde el 12 de mayo del 2019, todas las empresas deben contar un registro de jornada en el que conste el horario de entrada y de salida de cada empleado, que tienen que conservar durante cuatro años. Hasta ese momento, esa obligación de llevar un libro con los fichajes solo se aplicaba a los trabajadores a tiempo parcial o con otros tipos de horarios especiales. En teoría, también se debían plasmar las horas extraordinarias del resto de la plantilla, pero en la práctica, al no registrar entradas y salidas era imposible comprobar si se hacían horas de más (y, por tanto, si la empresa cotizaba por ellas y le pagaba por ellas al trabajador).
"Vamos muy tarde a los millones de horas gratis que han entregado los trabajadores de este país", explicaba la entonces ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, para justificar la necesidad de la nueva herramienta, que sin embargo no se ha mostrado muy útil en ese cometido en estos dos años.
Y es que, según la encuesta de población activa, en los primeros meses de este 2021 se hicieron en España más de 5,64 millones de horas extraordinarias a la semana, lo que supone una reducción de apenas un 0,6 % respecto al primer trimestre del 2019, en la antesala de la entrada en vigor del registro. De esos excesos de jornada, casi la mitad siguen sin retribuirse, lo que equivale a unas 2,56 millones de horas semanales, un 2,8 % menos que entre enero y marzo del 2019.
Si la estadística es reveladora también es cierto que los datos no pueden interpretarse sin tener en cuenta el escenario extraordinario del último año y medio, en el que la pandemia ha puesto patas arriba el mercado de trabajo. En el primer semestre del 2020, coincidiendo con el período del confinamiento domiciliario y de la incorporación masiva al teletrabajo de asalariados que nunca se habían llevado la oficina a casa, las horas extras se dispararon a razón de más de un millón adicional a la semana.
La cifra sorprende, teniendo en cuenta que coincide con un desplome de las horas totales trabajadas en el país, a causa de las restricciones a la actividad y, especialmente al efecto de los ERTE. La jornada semanal efectiva se situó en las 30,4 horas de media, tres menos que en el ejercicio anterior. Y lo habría hecho en mayor medida de no ser por las horas extras,
En total, en el conjunto del ejercicio se realizaron 320 millones de horas por encima de las estipuladas por contrato, lo que supone un alza del 6,3 %. Pero es que los excesos de jornada no remunerados aumentaron el doble, un 12,3 %.
Un fraude con un severo impacto económico. El principal lo sufren los trabajadores afectados, que según los cálculos dejaron de percibir 2.500 millones de euros por ese tiempo que siguen en sus puestos pero que no tiene reflejo en sus nóminas. Pero también hay un quebranto para la Seguridad Social, a la que no se le abonan las cotizaciones sociales que corresponden a esas horas que quedan en el limbo. Un quebranto de alrededor de 750 millones de euros que equivale a algo más del 1,5 % del déficit del organismo el año pasado.
Pero no todo se reduce al dinero. El estudio recuerda que, agrupadas, esa bolsa de horas trabajadas gratis equivaldría a más de 180.000 puestos de trabajo. ¿Quiere esto decir que si se acabase con este fraude se podría crear un nuevo empleo por cada cien que hay en la actualidad? No, porque en muchas empresas esas ampliaciones de jornada son cortas y no justificarían por sí mismas la contratación de nuevos trabajadores, pero sí muestran que se han convertido en un recurso estructural para atender necesidades corrientes de producción y no en un instrumento de ajuste ante imprevistos.
Más carga para las mujeres
Los datos de la EPA, revelan que esa sobrecarga laboral del año de la pandemia ha recaído de forma muy intensa sobre las mujeres, con un repunte del 34 % en los excesos horarios (frente a una caída del 7,5 % entre los hombres) y del 42 % en los no remunerados.
Y es que además de que ellas suponen la mayoría de contratos a tiempo parcial (los más expuestos a estas ampliaciones de jornada), los sectores donde más crecieron las horas extras fue en aquellos con una mano de obra feminizada, como la educación, las actividades sanitarias y de servicios sociales o las relacionadas con los hogares. La contrapartida la muestran la industria en sus diferentes ramas, las actividades inmobiliarias, frenadas durante los meses del confinamiento y, especialmente la hostelería, que vio reducir en más de la mitad los excesos de jornada, a causa principalmente de los cierres o los horarios reducidos impuestos para tratar de doblegar la curva de contagios.
Lo sucedido en el 2020 refleja las particularidades de un año atípico, pero también un comportamiento estructural de nuestro país: las horas extra se utilizan como instrumento discrecional de la jornada, amparándose en la elevada precariedad laboral y en los bajos salarios existentes. Los sindicatos piden incrementar la presión de la Inspección y, más a largo plazo, apostar por la reducción de jornada laboral de 40 horas semanales y aprovechar los fondos europeos para renovar el modelo productivo español.
Sanciones de más de 6.000 euros por exceder la jornada durante un ERTE
Una de las condiciones impuestas a las empresas que se han acogido a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) desde que comenzó la pandemia es, precisamente, la prohibición de que los trabajadores que tengan el empleo regulado realicen horas extraordinarias. De ahí que una de las prioridades de la Inspección de Trabajo en sus visitas a estas compañías haya sido comprobar que no hay trabajadores con el empleo regulado a los que sobre el papel se les reduce la jornada para que el erario asuma parte de sus salarios pero que, en la práctica, siguen haciendo las mismas horas que antes o, al menos, más de las estipuladas en el ERTE.
Infracciones que ya se han detectado en un buen puñado de empresas y que conllevan multas de al menos 6.251 euros por cada trabajador que haya excedido sus limitaciones de horario. Además, se exige a las empresas que devuelvan las prestaciones por desempleo recibidas por los trabajadores. Y es que durante los primeros meses de la pandemia se endureció el régimen sancionador en materia laboral y de Seguridad Social para perseguir el fraude en los ERTE y poder sancionar el efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones.
