En los resultados del ejercicio 2019, Navantia cosechaba 144,7 millones de pérdidas, es decir, corresponden a los astilleros públicos españoles. Y es que los 144,7 millones de euros que la empresa pública con centros de trabajo en Fene y Ferrol se dejó a lo largo de 2019 se suman a los 225,7 millones de euros de 2018, a los 296,9 millones de 2017, los 229,7 millones de 2016 o los 166,7 millones de euros...
Los cambios en la cúpula de la empresa pública Navantia siguen elevando la factura de la remuneración a sus múltiples presidentes, pues, además del salario, el Gobierno está pagando año tras año finiquitos. La única excepción ha sido el 2019, que completó enteramente Susana de Sarriá, un antiguo cargo de la junta andaluza que llegó a los astilleros públicos para relevar a Esteban García Vilasánchez.
De Sarriá percibió por sus poco más de dos años en el cargo casi medio millón de euros. Es el resultado de sumar los 64.801 euros que recibió por cinco meses de trabajo en 2018; los 181.292 del año completo de 2019; y los 168.630 hasta su cese a finales de septiembre de este año. En total suman 414.723 euros, pero sin contabilizar el finiquito que ingresó la expresidenta por la liquidación del contrato, según ha hecho público esta semana Navantia.
Su relevo, que ya no está en el cargo, fue Belén Gualda, que de octubre a diciembre percibió 40.056 euros. Dicho de otra manera, el Gobierno destinó más de 210.000 euros a pagar la presidencia de Navantia el año pasado, una cifra que, presumiblemente, se repetirá en este 2021, pues Gualda también fue relevada por un nuevo presidente, el que era su jefe de gabinete Ricardo Domínguez, quien se convirtió en el tercer cargo procedente de la Junta de Andalucía en ocupar el puesto.
En los últimos cuatro años por Navantia han pasado cuatro presidentes.
Solo hasta 2020, el último ejercicio cerrado, el Gobierno destinó más de 600.000 euros a pagarles las nóminas y finiquitos. Tras la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy, el nuevo Ejecutivo relevó a Esteban García Vilasánchez, pagándole 130.400 euros por los seis meses de trabajo al frente de los astilleros públicos y el finiquito de su contrato.
Al ingeniero gallego le sucedieron Susana de Sarriá, la más longeva; Belén Gualda, que estuvo poco más de seis meses; y, finalmente, Ricardo Domínguez, presidente desde abril. Esta secuencia contrasta con los casi cinco años que estuvo al frente José Manuel Revuelta, el presidente que lidió con la crisis económica y la sequía de contratos en Navantia.
