Once fallecidos, cinco en el último año, es la espeluznante cifra a la que se suman 46 trabajadores afectados en los tres astilleros de la Bahía por contacto con amianto entre 1960 y 1982. En total, 57 personas, y el número sigue en aumento, según explica el responsable del departamento de salud laboral del sector del metal. Sus cálculos estiman que más de 6.000 operarios estuvieron en contacto con este mineral en la construcción de 34 barcos estadounidenses, adquiridos por España estos años durante un proceso de enriquecimiento naval. Además las enfermedades pulmonares derivadas del contacto tienen distinta gravedad. De hecho, una primera patología presenta placas pleurales, otra asbestosis, y de mayor gravedad son el engrosamiento pleural y el mesotelioma, que es la causante del fallecimiento. Por factorías, de los once fallecidos, ocho pertenecen a Bazán San Fernando y tres al astillero de Cádiz. El último de ellos murió en agosto. En cuanto a los afectados, 24 son de la fábrica isleña, 15 al astillero de Cádiz -cinco en plantilla y diez de empresas auxiliares- y siete a la de Puerto Real, que se reparten entre tres fijos y cuatro de auxiliares. Dos son los procesos abiertos en favor de este medio centenar de afectados. El primero está dirigido por el bufete de abogados norteamericano Mitchell-S Cohen contra las pólizas de las cuatro empresas -aunque dos están en bancarrota- que suministraron el amianto. Por el momento, unas 15 personas han cobrado ya indemnizaciones de estas aseguradoras, cuya cuantía difiere en función del grado de la enfermedad. El segundo de estos procesos se mantiene contra la actual Navantia, entonces la Empresa Nacional de Bazán y Astilleros. Por el momento son cuatro los trabajadores que han llevado a esta factoría a los tribunales por daños y perjuicios. El primero, del astillero gaditano, ha perdido el juicio en primera instancia. El argumento que no había normativa sobre las consecuencias del contacto con amianto, cuando en Ferrol, por ejemplo, se han ganado alegando precisamente a que ésta existía desde el año 61. La denuncia se va a llevar al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Dos trabajadores de Puerto Real y otro de San Fernando también están en trámites.
