Actualmente, 854 millones de personas sufren hambre en todo el planeta. Al contrario de lo que proyectan los Objetivos del Milenio - que es reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de la población que sufre hambre -, el gráfico del hambre ha presentado una curva ascendente desde 2006.
Más de seis millones de niños menores de 5 años mueren todos los años de hambre, o de causas relacionadas con el hambre. Miles de otros niños siguen viviendo sin alimentación suficiente todos los días, sin macro y micronutrientes, condenados a un desarrollo intelectual limitado y a un atraso del crecimiento físico.
El compromiso asumido por los gobiernos en 1996 en la primera Cumbre Mundial sobre la Alimentación y en 2000 en la Cumbre del Milenio de hacer los esfuerzos para alcanzar progresos, prácticamente no tuvo resultados. Para el relator, 'Esto es inaceptable, pues los seres humanos tienen el derecho de vivir dignamente sin padecer hambre. El derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano.
Ziegler destacó dos temas que son emergentes: las posibles consecuencias negativas de los biocombustibles (o agrocombustibles) sobre el derecho a la alimentación y la necesidad de mejorar la protección de las personas que huyen del hambre, del hambre extrema y de la inanición en sus países de origen y tropiezan con innumerables violaciones de los derechos humanos si tratan de cruzar las fronteras para entrar en los países desarrollados.
'Los biocombustibles tendrán como secuela el hambre. La prisa súbita y mal concebida de convertir alimentos - como maíz, trigo y azúcar - en combustibles profetiza un desastre', dijo el relator. En la batalla entre alimentos y combustibles, los pobres y los que sufren hambre en los países en desarrollo quedarán a merced del mercado para la definición de los precios de los alimentos. El informe sugiere que los biocombustibles sean fabricados a partir de plantas no alimenticias y de restos agrícolas, reduciendo la competitividad por alimentos, tierra y agua.
Se calcula que para llenar el tanque de un automóvil con biocombustible (cerca de 50 litros) son necesarios 200 kilos de maíz, lo que es suficiente para alimentar a una persona durante un año. El relator cita al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil que afirma: 'el modelo actual de producción para la bioenergía se sustenta en los mismos elementos que siempre causaron la opresión del pueblo: la apropiación de la tierra, la concentración de la propiedad y la explotación de la fuerza de trabajo.'
En México, la población ya sintió los efectos de los disturbios alimentarios que pueden ser causados por el aumento del precio de los alimentos. En enero de este año, las tortillas de maíz subieron más de 400%, afectando gravemente a los más pobres. El maíz constituye el 45% de los gastos de una familia pobre mexicana. Los acuerdos de libre comercio destrozaron la producción mexicana interna, y el país pasó de exportador a importador, causando alta en el precio final del producto.
Los acuerdos de asociación económica entre países de África, del Caribe, del Pacífico y de la Unión Europea (UE), según el informe, preocupan por las repercusiones que ellos pueden tener sobre el derecho a la alimentación de los agricultores pobres. Especialmente en relación con una mayor liberalización comercial, que promueva una competencia desleal entre los agricultores independientes de los países en desarrollo y la producción de la UE fuertemente subvencionada.
Las miles de personas que todos los años dejan sus casas para huir del hambre están siendo mandadas de volta a sus países de origen. Es necesario 'fortalecer los mecanismos nacionales e internacionales de protección, que sólo entonces los gobiernos tomarán en serio su obligación de respetar, proteger y aplicar el derecho a la alimentación de todos', dice el informe.
Jean Ziegler celebra el dinamismo de América Latina y del Caribe en la aprobación de una iniciativa regional para erradicar el hambre y garantizar la seguridad alimentaria titulada 'Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre', que coloca el derecho a una alimentación adecuada como una prioridad en la región.
En el informe, también Bolivia y Perú reciben destaque por sus iniciativas de combate al hambre. En Bolivia, un cuarto de los niños sufre de grave desnutrición, pero el gobierno implementó el programa 'Desnutrición Cero', que recibe directamente los recursos obtenidos del aumento de los impuestos sobre la explotación de las reservas de petróleo y gas del país. En Perú, donde el 25% de los niños sufre de desnutrición crónica, el Congreso recibió una propuesta, el 15 de junio, de elaboración de una nueva ley sobre seguridad alimentaria y la realización del derecho a la alimentación.
