La Comisión Europea espera la respuesta española a la solicitud de información sobre las exenciones fiscales que concede al patrimonio de la Iglesia Católica. Bruselas ha decidido pedir explicaciones al Gobierno para que aclare por qué motivo la Iglesia católica no paga a los ayuntamientos el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI).
Se trata de comprobar si este privilegio se ajusta a las normas comunitarias sobre las ayudas que puede conceder el Estado, es decir, si realmente esta exención se aplica a las actividades puramente religiosas o si, por el contrario, nada tienen que ver con este tipo de operaciones. Otro privilegio del que puede presumir este organismo es la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Sucesiones y Donaciones establecidos en el Acuerdo entre el Gobierno español y la Santa Sede sobre asuntos económicos.
Una ley de 1845
La exención del pago del IBI es un privilegio del que gozan hoy más de 100.000 ministros de culto entre las confesiones católica, musulmana y protestante. Hoy siguen exentos de tributación, por ejemplo, los huertos y jardines de titularidad eclesiástica que no superen las dos hectáreas. La ley data de 1845. Cualquier persona debe pagar IBI por su vivienda, pero los sacerdotes están libres de ello y muchos viven en grandes pisos de los cascos históricos de ciudades. En total hay casi 20.000 curas seculares de los que el 40% están jubilados.
La Iglesia Católica no paga tampoco ese impuesto por construir colegios, universidades y hospitales privados, ni cuando hace obras en emisoras de radio privadas. El número de parroquias no baja de 23.000 en el Estado español. Cuenta con seis universidades, 25 colegios mayores o residencias de estudiantes, 280 museos, 130 catedrales o colegiatas y casi mil monasterios. Las transacciones entre el Estado y las arcas de la Iglesia no se limitan a los Presupuestos Generales del Estado.
Algunos Ministerios como los de Educación, Defensa, Sanidad y Trabajo completan el flujo de euros, así como las diferentes consejerías de los gobiernos autonómicos y la mayoría de los ayuntamientos del Estado español. La Iglesia no considera estas partidas parte de la financiación estatal. Lo ven como una transacción económica normal: servicios para el Estado a cambio de un dinero por su parte.
La asistencia social a través de ONG vinculadas a la Iglesia como Cáritas España o Manos Unidas, además de los centros hospitalarios y de caridad y los pagos de los capellanes hospitalarios, penitenciarios y castrenses suponen más de 150 millones de ingresos. A estas cifras hay que sumar los fondos destinados al Patrimonio artístico e inmobiliario como museos, catedrales y colegiatas. Según datos desvelados por la revista Tiempo, desde el año 2000, el Estado gastó 125 millones de euros entre el Plan de Catedrales y un programa de “arquitectura religiosa”.
Los caminos de la financiación
Los caminos son muy variados. En primer lugar, los Presupuestos Generales del Estado. En 2006, el libro de Solbes otorgaba 11.789.140 euros mensuales para la Iglesia: 141 millones de euros en un año. Esta cantidad la adelanta el Estado como anticipo de los ingresos que destinan los católicos en sus declaraciones de la renta para el “sostenimiento la Iglesia”. La cifra es muy superior a la recaudación real que los obispos obtienen finalmente a través del IRPF. Por ejemplo, en 2003 sólo se recaudaron por la Iglesia Católica 133 millones de euros según datos de la Agencia Tributaria. El diferencial nunca se ha devuelto al Estado.
El concordato se mantiene
Las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica continúan regulándose por las directrices expuestas de enero de 1979 en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asunto económicos. Un sistema sobre el que el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal se apresuró a asegurar que “no ampara privilegios especiales, sino que reflejan la realidad social”.
La última propuesta sobre la que trabajan Iglesia y Gobierno es la supresión del diferencial a cambio de ampliar el 0,52% de la casilla de la declaración de la renta hasta el 0,8%; como en Italia. En la Conferencia Episcopal no lo ven con malos ojos.
En 2006, la Iglesia y el Estado firmaron una revisión del sistema de asignación tributaria. La Iglesia renunció a otra exención, la del IVA, a cambio de subir el porcentaje de asignación al 0,7%. Este año, el Estado anticipa a la Iglesia 12,5 millones de euros mensuales (150 millones de euros anuales), que se liquidarán en 2008 según el dinero aportado por los ciudadanos. En la declaración de 2005, la última de la que hay datos, uno de cada tres contribuyentes dio dinero a la Iglesia.
