PSOE y CiU, con el respaldo del PNV y Coalición Canaria, han introducido una modificación de última hora a la Ley de Memoria Histórica que abre la vía para que la retirada de símbolos franquistas y la posible anulación de subvenciones a quien no cumpla esa norma no se aplique a las iglesias. El texto ha quedado aprobado por el Pleno del Congreso y pasa ahora al Senado. Esta enmienda transaccional es el único cambio significativo que el Pleno introdujo al dictamen que salió de la Comisión Constitucional el pasado 17 de octubre. Tal y como estaba previsto la Ley de Memoria Histórica ha quedado aprobada en la Cámara Baja con las únicas oposiciones del PP y ERC. El portavoz parlamentario del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, ha vuelto a acusar al Gobierno de 'quebrar el consenso político de la Transición y de hacer de la Guerra Civil un argumento de propaganda política'. A pesar de su oposición, el PP ha votado a favor de siete preceptos del dictamen, los mismos que apoyó en la Comisión Constitucional, entre ellos los referidos a la 'despolitización' del Valle de los Caídos y a las ayudas a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. La principal novedad introducida en el trámite plenario es la enmienda transaccional para introducir al texto una tercera excepción a la retirada de símbolos franquistas. Si antes se eximía de cumplimiento por motivos 'artísticos' y 'arquitectónicos', ahora introducen también 'razones artístico-religiosas'. La enmienda fue presentada ante el Pleno del Congreso por el ponente de CiU, Jordi Xuclá. El PP no la respaldó. Además de estas excepciones, la ley establece que la retirada de símbolos, escudos, insignias y placas 'no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados'. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue la encargada de abrir el debate en el Pleno del Congreso con una intervención en la que insistió en que la esencia de la norma es el reconocimiento y ampliación de derechos de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la recuperación individual de su memoria personal y familiar. De la Vega ha remarcado que no hay 'ni una sola línea' de la Ley de Memoria Histórica que no pueda ser respaldada por 'cualquier demócrata' porque todos sus artículos responden a principios que 'todos podemos compartir'. Según la vicepresidenta, todos los grupos parlamentarios deberían 'estar en condiciones de encontrarse' en la esencia de la Ley.
