Varias organizaciones y de derechos humanos de la región del Istmo de Tehuantepec, (Oaxaca, México) denuncian que el desarrollo de grandes parques eólicos en su territorio, lejos de promover el progreso y el respeto al medio ambiente, está significando el despojo de sus tierras bajo presiones y engaños. Las responsables son grandes multinacionales de la energía procedentes de España como Unión FENOSA, Gamesa, Endesa, Acciona, Eoliatec, Preneal e Iberdrola.
En el Istmo de Tehuantepec sobreviven los bosques y selvas tropicales húmedas más extensos y biodiversas de México: Chimalapas, Uxpanapa, Mixe baja. En ellas se albergan entre el 30 y 40 por ciento de la biodiversidad del planeta. En estos parajes, se están construyendo campos eólicos que ocuparán 130.000 hectáreas del territorio, para instalar 5.000 aerogeneradores. Cada aerogenerador, ocupa más de media hectárea de tierra y 150 toneladas de cemento y varilla, afectando los mantos freáticos y las siembras.
Las multinacionales y los gobiernos de México, del estado de Oaxaca y del municipio de Juchitan prometieron que dichos campos eólicos traerían inversiones millonarias que favorecerían a los ejidatarios y comuneros. Así como un proceso de negociación que favorecería a ambas partes, pero esto ha sido falso. Los comuneros han sido engañados y presionados para alquilar sus tierras en contratos que duran de 40 a 60 años, no se les informó de cómo quedarían afectadas sus parcelas, ni tampoco de las restricciones que pondrían las multinacionales para que los campesinos accedieran a sus tierras. No se les ha entregado, a muchos de ellos, copias del contrato, y el alquiler que pagan las compañías a los ejidatarios es de 150 pesos al año, cuando las ganancias de las multinacionales van a ser millonarias. La puesta en marcha de estos proyectos tampoco ha repercutido en una mejora y abaratamiento del servicio eléctrico en la región. Ante esto las comunidades se preguntan ¿dónde está el progreso y los beneficios?
Aunque se han iniciado procesos legales ante juzgados civiles en el país, las comunidades ven que es muy difícil alcanzar la justicia ya que la desigualdad de poder es muy grande. Las multinacionales españolas tienen de su lado un enorme poder económico y jurídico. Sus gobiernos les apoyan incondicionalmente a través de créditos, leyes que favorecen su internacionalización y una cobertura diplomática en caso de que puedan ver dañados sus intereses económicos. Esta posición no está contribuyendo a llevar el progreso y una mejora en la calidad de vida de las comunidades del Istmo, sino todo lo contrario.
