Los hechos son de finales de los 90, aunque se denunciaron en 2003 · La acusada dice que tenía un cargo "sólo de nombre"Una mujer que desempeñaba a finales de los 90 el cargo de secretaria de administración de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT de Cádiz se sienta en el banquillo por un delito de malversación y otro de falsedad documental. El origen de este caso se remonta a finales de esa década, aunque la denuncia sobre la organización de dos cursos supuestamente fraudulentos por los que se cobraron subvenciones europeas no se presentó hasta años más tarde, en 2003.
Tras varias suspensiones, el juicio, que durará hasta el viernes, comenzó ayer en la Sección Octava. La defensa, ejercida por el letrado Manuel Hortas, planteó como cuestión previa la prescripción de los dos delitos dado el tiempo transcurrido entre los hechos que se imputan, la naturaleza del delito y el tiempo transcurrido hasta la denuncia. La fiscal planteaba que no existía prescripción alguna y que los dos delitos estaban íntimamente ligados (es lo que se conoce en el argot como concurso medial). La vista -con videoconferencia incluida- siguió adelante.La acusada, M.P., dijo en todo momento que el cargo que ocupaba en esa fecha, el de secretaria de administración, "era sólo de nombre mientras Salvador León estaba fuera". Relató que sus funciones eran simplemente de auxiliar administrativo (hacer fotocopias, meter los afiliados, dictado de escritos en ordenador...), aunque parece que su firma era necesaria para algunos documentos del sindicato, incluidos algunos cheques para justificar gastos.El problema se plantea con la organización de dos cursos de formación para personal de enseñanza en la provincia que nunca se llegaron a impartir, pero de los que sí se cobraron subvenciones del Forcem (Formación continua). El coste de cada curso, para gastos de profesorado, alquiler de aulas y material era aproximadamente de unos 6.000 euros, según indicaron responsables del sindicato de Madrid que debían controlar que la información que se facilitaba era correcta, comprobar la demanda de los cursos y darles el visto bueno. Uno de los requisitos que debía reunir esos cursos era que fuesen "de calidad", es decir, que cumplieran una serie de requisitos como que contaran con un número determinado de mujeres o de personas mayores de 45 años. En las listas de esos cursos se habían manipulado los nombres de los asistentes, pasándolo de varón a mujer. Andrés se convirtió en Andrea y Juan en Juana y así. La fiscal sostiene que también se manipularon las fechas de nacimiento para que tuvieran más edad. Por supuesto, esas personas tampoco recibieron su diploma acreditativo de participar en la actividad.La acusada negó haber contratado a nadie en el tiempo en el que estuvo de secretaria de administración, porque esa decisión no le correspondía. Otras personas del sindicato se encargaban de eso. Negó asimismo que llevara el control de la contabilidad. La defensa dice además que en el año 2000 hubo una auditoría por un profesional externo en la que no se detectó que la acusada se hubiera apropiado de fondos. Tanto ella como otro miembro del sindicato fueron sancionados con una falta grave por fraude o malversación de fondos sindicales.
