En su centenario, el sindicato anarquista CNT todavía sigue luchando por recuperar los bienes incautados por los falangistas
• Aparcamientos municipales, oficinas de movimientos católicos o centros de empleo: así terminaron varios de los locales que los falangistas robaron al sindicato CNT y que hoy el Estado se niega a devolver. Coincidiendo con su centenario, el sindicato anarquista prepara una nueva demanda para reclamar sus bienes.
Los locales los robaron. Los papeles los quemaron. Y a los militantes los fusilaron”. La reflexión de José Ignacio Orejas, tesorero de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), retumba en la sede bilbaína del sindicato anarquista. Allí hay carteles que recuerdan que en 2010 se celebra el centenario de la confederación.
En la otra punta de España, Juan Ariza, responsable de Patrimonio, se pierde entre los papeles que demuestran los robos perpetrados por los falangistas. Está preparando una nueva demanda para tratar de recuperar las sedes que alguna vez enarbolaron las banderas rojinegras, y que durante la dictadura sirvieron de base para grupos afines al franquismo. Hoy, algunos de aquellos edificios son locales municipales, aparcamientos, servicios de formación…, incluso hay uno en Dos Hermanas (Sevilla) que pertenece a Telefónica y nunca se ha devuelto o compensado.
El número 13 de la calle Sant Pau, en la localidad catalana de Premiá de Mar, es uno de los casos más patentes. Allí, los miembros de Falange robaron el local sindicalista y lo pusieron en manos del régimen. Lo hicieron a su estilo, de la misma manera que en el resto de los pueblos donde expoliaron los bienes del bando republicano: bajo pistolas y amenazas. Hoy el local de Premiá está a cargo del Ayuntamiento, controlado por CiU, que lo ha cedido a varios grupos, entre los que se encuentra el Centro Excursionista y el movimiento católico Agrupament Escolta. En enero de 2007, el concejal de Cultura envió a la Policía Local y expulsó a la agrupación local de CNT, que desde hacía siete meses ocupaba una de sus oficinas vacías.
La casa de la calle Sant Pau integra el largo listado de bienes reclamados por los cenetistas y que el Estado se niega a devolver. “Estamos exigiendo lo que es nuestro, construido por los trabajadores de CNT con el sudor de su frente y, en muchas ocasiones, con su propia vida”, destaca su ex secretario general, Luis Fuentes. El Tribunal Supremo ya tiene en sus despachos dos demandas formuladas contra las resoluciones gubernamentales de 2006 y 2007, en las cuales se desestimaron las mayorías de los reclamos formulados por la CNT.
El Supremo ha paralizado el trámite de estas demandas hasta conocer la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado en 2006 por el PP contra las devoluciones del patrimonio. Los populares sostuvieron entonces que el Gobierno había “roto la unidad sindical” y criticaron a Zapatero por actuar con “nocturnidad y alevosía”. La paralización de las demandas había sido solicitada por CC OO, que también formuló dos recursos ante el Supremo contra la compensación y devolución del Patrimonio Histórico a CNT y UGT –los dos principales sindicatos nacionales antes de la guerra–, alegando que los reintegros se habían realizado bajo un manto de “oscurantismo”.
En las distintas resoluciones gubernamentales sobre el patrimonio sindical, UGT cobró 13 veces más que los cenetistas: 174.328.041 euros frente a 12.781.056 euros. En concreto, el Estado ha devuelto a UGT 65 inmuebles, le ha compensado económicamente por otros 627 y le ha reconocido 686 cuentas bancarias. El dinero cobrado por esta central le permitió hacer frente a las deudas contraídas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por su fallida y polémica Promotora Social de Vivienda (PSV). Mientras, CNT ha recuperado 11 locales, otros 76 han sido compensados y se les han atribuido 285 cuentas bancarias. Según los datos del historiador Abel Paz, en julio de 1936 CNT tenía 1.577.000 afiliados, y UGT, 1.477.000.
Distintos dueños
El periplo de los bienes incautados por los falangistas no ha sido siempre el mismo. Tras la muerte del dictador, algunos de estos edificios quedaron en manos del Gobierno, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. En otros casos, han pasado a formar parte del denominado Patrimonio Sindical Acumulado y son propiedad de la Administración. Así, en la localidad alicantina de Jijona, la cooperativa turronera levantada por CNT y UGT sirve hoy como oficina del Servicio Valenciano de Empleo y Formación. El Estado se negó a devolverlo a sus verdaderos dueños, alegando que en el momento de su compra –marzo de 1938– Franco ya había firmado el decreto que acababa con la República, por lo que ambas organizaciones ya eran ilegales y, en consecuencia, la compra carecía de legitimidad.
Sin embargo, la lectura de los anarcosindicalistas es radicalmente distinta. “En marzo de 1938 Alicante seguía siendo territorio republicano, por lo que allí no imperaba la ley franquista”, dice Juan Ariza, quien considera que, de esta manera, “el Gobierno está reconociendo la legitimidad del franquismo, incluso en lo que todavía era territorio republicano”. No muy lejos, en la localidad valenciana de Puzol, siguen luchando por recuperar el histórico edificio del Sindicato Agrícola, que había sido adquirido por los cenetistas antes de la guerra. En 2007 el Ministerio de Trabajo reconoció esta compra, pero finalmente el Estado no reintegró el inmueble, que hoy, completamente remodelado, acoge exposiciones y actos institucionales.
Algo similar ocurre en la localidad sevillana de Santiponce. Allí, el Ayuntamiento tiene instalado el Hogar del Pensionista en los terrenos que alojaron la sede del sindicato. En 1988, la administración municipal derribó el edificio original y levantó la actual residencia de ancianos. En Málaga, el local de la calle Tejón y Rodríguez terminó convertido un aparcamiento municipal. En su valoración, la Administración consideró que este edificio era compartido con UGT, por lo que compensó a cada uno de ellos con 135.957 euros. Sin embargo, todas las pruebas indican que el local robado por los falangistas que operaban en esa zona había pertenecido exclusivamente a la Federación Ferroviaria de CNT del sur.
Mientras tanto, en las pocas sedes devueltas por el Gobierno, las federaciones locales de CNT tratan de recuperar lo que hace setenta años les robaron. Estos días, coincidiendo con las celebraciones por el centenario, los militantes de Mataró, en Cataluña, se esfuerzan por terminar las obras de lo que durante cuatro décadas funcionó como sede falangista. Los de Alcoy (Alicante) han terminado las reparaciones y ya flamea la bandera anarcosindicalista. Nadie diría que aquí, hace poco más de treinta años, había crucifijos, flechas y yugos.
• Aparcamientos municipales, oficinas de movimientos católicos o centros de empleo: así terminaron varios de los locales que los falangistas robaron al sindicato CNT y que hoy el Estado se niega a devolver. Coincidiendo con su centenario, el sindicato anarquista prepara una nueva demanda para reclamar sus bienes.
Los locales los robaron. Los papeles los quemaron. Y a los militantes los fusilaron”. La reflexión de José Ignacio Orejas, tesorero de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), retumba en la sede bilbaína del sindicato anarquista. Allí hay carteles que recuerdan que en 2010 se celebra el centenario de la confederación.
En la otra punta de España, Juan Ariza, responsable de Patrimonio, se pierde entre los papeles que demuestran los robos perpetrados por los falangistas. Está preparando una nueva demanda para tratar de recuperar las sedes que alguna vez enarbolaron las banderas rojinegras, y que durante la dictadura sirvieron de base para grupos afines al franquismo. Hoy, algunos de aquellos edificios son locales municipales, aparcamientos, servicios de formación…, incluso hay uno en Dos Hermanas (Sevilla) que pertenece a Telefónica y nunca se ha devuelto o compensado.
El número 13 de la calle Sant Pau, en la localidad catalana de Premiá de Mar, es uno de los casos más patentes. Allí, los miembros de Falange robaron el local sindicalista y lo pusieron en manos del régimen. Lo hicieron a su estilo, de la misma manera que en el resto de los pueblos donde expoliaron los bienes del bando republicano: bajo pistolas y amenazas. Hoy el local de Premiá está a cargo del Ayuntamiento, controlado por CiU, que lo ha cedido a varios grupos, entre los que se encuentra el Centro Excursionista y el movimiento católico Agrupament Escolta. En enero de 2007, el concejal de Cultura envió a la Policía Local y expulsó a la agrupación local de CNT, que desde hacía siete meses ocupaba una de sus oficinas vacías.
La casa de la calle Sant Pau integra el largo listado de bienes reclamados por los cenetistas y que el Estado se niega a devolver. “Estamos exigiendo lo que es nuestro, construido por los trabajadores de CNT con el sudor de su frente y, en muchas ocasiones, con su propia vida”, destaca su ex secretario general, Luis Fuentes. El Tribunal Supremo ya tiene en sus despachos dos demandas formuladas contra las resoluciones gubernamentales de 2006 y 2007, en las cuales se desestimaron las mayorías de los reclamos formulados por la CNT.
El Supremo ha paralizado el trámite de estas demandas hasta conocer la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado en 2006 por el PP contra las devoluciones del patrimonio. Los populares sostuvieron entonces que el Gobierno había “roto la unidad sindical” y criticaron a Zapatero por actuar con “nocturnidad y alevosía”. La paralización de las demandas había sido solicitada por CC OO, que también formuló dos recursos ante el Supremo contra la compensación y devolución del Patrimonio Histórico a CNT y UGT –los dos principales sindicatos nacionales antes de la guerra–, alegando que los reintegros se habían realizado bajo un manto de “oscurantismo”.
En las distintas resoluciones gubernamentales sobre el patrimonio sindical, UGT cobró 13 veces más que los cenetistas: 174.328.041 euros frente a 12.781.056 euros. En concreto, el Estado ha devuelto a UGT 65 inmuebles, le ha compensado económicamente por otros 627 y le ha reconocido 686 cuentas bancarias. El dinero cobrado por esta central le permitió hacer frente a las deudas contraídas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por su fallida y polémica Promotora Social de Vivienda (PSV). Mientras, CNT ha recuperado 11 locales, otros 76 han sido compensados y se les han atribuido 285 cuentas bancarias. Según los datos del historiador Abel Paz, en julio de 1936 CNT tenía 1.577.000 afiliados, y UGT, 1.477.000.
Distintos dueños
El periplo de los bienes incautados por los falangistas no ha sido siempre el mismo. Tras la muerte del dictador, algunos de estos edificios quedaron en manos del Gobierno, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos. En otros casos, han pasado a formar parte del denominado Patrimonio Sindical Acumulado y son propiedad de la Administración. Así, en la localidad alicantina de Jijona, la cooperativa turronera levantada por CNT y UGT sirve hoy como oficina del Servicio Valenciano de Empleo y Formación. El Estado se negó a devolverlo a sus verdaderos dueños, alegando que en el momento de su compra –marzo de 1938– Franco ya había firmado el decreto que acababa con la República, por lo que ambas organizaciones ya eran ilegales y, en consecuencia, la compra carecía de legitimidad.
Sin embargo, la lectura de los anarcosindicalistas es radicalmente distinta. “En marzo de 1938 Alicante seguía siendo territorio republicano, por lo que allí no imperaba la ley franquista”, dice Juan Ariza, quien considera que, de esta manera, “el Gobierno está reconociendo la legitimidad del franquismo, incluso en lo que todavía era territorio republicano”. No muy lejos, en la localidad valenciana de Puzol, siguen luchando por recuperar el histórico edificio del Sindicato Agrícola, que había sido adquirido por los cenetistas antes de la guerra. En 2007 el Ministerio de Trabajo reconoció esta compra, pero finalmente el Estado no reintegró el inmueble, que hoy, completamente remodelado, acoge exposiciones y actos institucionales.
Algo similar ocurre en la localidad sevillana de Santiponce. Allí, el Ayuntamiento tiene instalado el Hogar del Pensionista en los terrenos que alojaron la sede del sindicato. En 1988, la administración municipal derribó el edificio original y levantó la actual residencia de ancianos. En Málaga, el local de la calle Tejón y Rodríguez terminó convertido un aparcamiento municipal. En su valoración, la Administración consideró que este edificio era compartido con UGT, por lo que compensó a cada uno de ellos con 135.957 euros. Sin embargo, todas las pruebas indican que el local robado por los falangistas que operaban en esa zona había pertenecido exclusivamente a la Federación Ferroviaria de CNT del sur.
Mientras tanto, en las pocas sedes devueltas por el Gobierno, las federaciones locales de CNT tratan de recuperar lo que hace setenta años les robaron. Estos días, coincidiendo con las celebraciones por el centenario, los militantes de Mataró, en Cataluña, se esfuerzan por terminar las obras de lo que durante cuatro décadas funcionó como sede falangista. Los de Alcoy (Alicante) han terminado las reparaciones y ya flamea la bandera anarcosindicalista. Nadie diría que aquí, hace poco más de treinta años, había crucifijos, flechas y yugos.
