Los consejeros y altos ejecutivos de las siete cajas integradas en Bankia tenían pactados en sus contratos despidos con una indemnización de dos y tres años de salario bruto al margen de su antigüedad, según la documentación remitida al juez Fernando Andreu. De no existir pacto, los contratos de alta dirección establecen una indemnización de siete días de salario por año de servicio, hasta un máximo de seis meses. José Antonio Goirigolzarri, presidente de la entidad, trasladó el martes al comité de empresa del banco que acometerá el despido de 5.000 trabajadores con una indemnización de 22 días por año trabajado y un límite de 14 meses.
Los consejeros de Caja Madrid, la principal caja de las fusionadas, tenían un blindaje por despido de dos años de salario bruto. Este debía serles comunicado con 3 meses de anticipo (para cualquier trabajador bastan 15 días), o añadir a la indemnización el salario equivalente a dicho periodo. El presidente de la caja, y posteriormente de Bankia, Rodrigo Rato, se comprometía a cambio a no prestar ningún servicio en entidades de crédito españolas o extranjeras durante los dos años siguientes (pacto de no competencia). Rato disfrutaba en 2010 (último dato incorporado al sumario) de una retribución de 2.760.701 euros por todos los conceptos, de los que dos millones era su retribución fija. Con su llegada a Caja Madrid, el hasta ese momento presidente, Miguel Blesa, cobró 800.000 euros entre retribución fija y variable por 28 días de trabajo, y una indemnización de 2.725.500 euros. En total, tres millones y medio de euros.
Los contratos de Manuel Escribano Soto, director adjunto de Caja de Segovia, yMiguel Ángel Sánchez, director general adjunto, tenían un blindaje de tres anualidades en caso de extinción de sus contratos. Ambos incorporaron esta cláusula el 14 de diciembre de 1999, que modificaba el contrato inicial de fecha 1 de septiembre de 1995. Ningún otro directivo de la entidad, incluido el Consejo de Administración, tenía cláusula de blindaje. La caja daba a su Comité de Dirección (13 miembros) la posibilidad de prejubilarse a los 54 años de edad cobrando el 74,70% de su salario bruto hasta la edad de jubilación. Al incorporarse la caja alBanco Financiero de Ahorro (BFA), la matriz de Bankia, los miembros del citado comité podían acceder al plan de prejubilación aunque tuvieran menos de 54 años.
Aurelio Izquierdo Gómez, director general de Bancaja desde 2007, tenía fijada en caso de despido una indemnización de 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades (tres años y medio), una importante cantidad de dinero si tenemos en cuenta que en 2008, 2009 y 2010 su retribución superó los dos millones de euros anuales. Su contrato contemplaba el derecho de prejubilación voluntaria a partir de los 55 años cobrando el 90% de su retribución fija. En una carta remitida el 31 de mayo pasado a José María Millet, presidente de Bancaja, cedió a la entidad sus derechos de prejubilación, que ascendían a seis millones de euros, “consciente de la situación económica general”.
Su antecesor en el cargo hasta 2007, Fernando García Checa cobró seis millones de euros por la extinción de su contrato de alta dirección y 1.167.660 por la extinción de la relación laboral común, además de 239.353 euros por falta de preaviso y 102.000 euros por retribución variable. Su retribución anual hasta el momento de su marcha era de 862.010 euros. En resumen, se marchó de Bancaja con ocho millones de euros.
Mención aparte merece el consejero de Bancaja José Luis Olivas, presidente de laGeneralitat Valenciana por el PP entre el 24 de julio de 2002 y el 25 de mayo de 2003, y tras Rodrigo Rato el imputado más importante del “caso Bankia”. Carecía de blindaje, pero era, con diferencia, el que más cobraba del resto de miembros del Consejo de Administración, ya que se sentaba también en los consejos de Banco de Valencia, Iberdrola, Abertis, Enagás y Fadesa, empresas participadas por el banco. La suma de sus emolumentos sumó 814.777 euros en 2009; 687.824 euros en 2010, y 1.787.835 en 2011, de los que 558.000 se los pagó el Banco Financiero de Ahorro (BFA), y 523.000, Bankia.
La norma es que los miembros de un consejo de administración de una entidad que sean a su vez miembros de los órganos de administración de otras entidades en representación de aquella, cedan sus emolumentos en estas, a excepción de las dietas de asistencia. No es el caso de José Luis Olivas.
Vicente Herrero Ortega, director general adjunto de Caja Rioja desde el 2 de abril de 1989 hasta su jubilación parcial el 1 de abril de 2009 mediante contrato de relevo, tenía un blindaje de dos anualidades y 45 días de salario por año trabajado, sin que la suma de ambos conceptos superara el límite máximo de tres anualidades. Otro directivo más, Jorge Albájar Barrón, director general desde el 4 de septiembre de 2003, tenía un contrato que le reconocía un año de salario de indemnización durante los dos primeros años de su contrato, y año y medio a partir del tercero. Este ejecutivo tenía uno de los salarios más modestos si los comparamos con el de sus homólogos de otras cajas: 350.000 euros en 2011, y 150.000 hasta junio de este año.
Pedro Antonio Doria Lagunas, director general de Caixa Laietana hasta su baja en febrero de 2008, tenía suscrito un contrato de alta dirección desde hacía 25 años que establecía una indemnización de 60 días por año trabajado. Sólo un miembro del Consejo de Administración de esta caja, Josep Ibern Gallart, tiene un blindaje de 45 días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 42 mensualidades. Finalmente, en Caja Canarias ninguno de sus ejecutivos tenía garantía alguna para los casos de despido, renuncia o jubilación. Su director general,Juan Manuel García Falcón, que dimitió en enero de 2012, era el ejecutivo mejor retribuido. En 2007 percibió casi un millón de euros por todos los conceptos retributivos, y el resto de años en torno al medio millón.
En lo más alto del ranking estaba José Manuel Espinosa Herrero, exdirector general de Caja de Ávila, el cual disfruta de un blindaje de seis millones de euros, y uno más por cada cinco años de antigüedad en el cargo, además de otras muchas prebendas.
