El PSOE e IU se manifestaron en contra de la reforma laboral impulsada por el Gobierno del PP, pero no tienen ningún reparo moral en aplicarla para echar a la puta calle a sus trabajadores.
El Servicio Andaluz de Empleo ha comunicado por carta a asesores laborales que trabajan para este organismo que les pagará veinte días por año trabajado con un límite máximo de 12 meses. El finiquito ascenderá a poco más de 5.600 euros en el caso de la mayoría de trabajadores que entraron en la agencia autonómica en 2008. Los despidos afectan a 826 personas (aunque sólo 65 tienen reconocida por los juzgados la situación de indefinidos). De ellos, unos 400 dejaron el SAE en el mes de noviembre y el resto lo hará el próximo 31 de diciembre.
El Gobierno andaluz los pondrá en la calle con la indemnización mínima estipulada en la norma aprobada en el Congreso por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para contratos indefinidos en el caso de los despidos procedentes: veinte días. Pero aún más barato le va a salir a la Junta despedir a promotores y asesores que tienen contratos por obras y servicios, a los que no reconoce su situación de indefinidos a pesar del aluvión de sentencias judiciales que anulan sus despidos y condenan al SAE por "fraude de ley". A estos empleados sólo les pagará ocho días por año, en torno a 2.256 euros, después de que el Gobierno central haya agotado el programa estatal con el que financiaba sus contratos y la Junta se haya negado a costearlos, como han hecho otras comunidades autónomas.
El modo es simple. En cartas de despido remitidas a las trabajadoras laborales indefinidas, en las que el servicio público de empleo les comunica que aplicará el apartado más duro de la denostada reforma laboral: "Se pone en este acto a su disposición la indemnización legalmente establecida de 20 días de salario por año de servicio en la empresa", así se justifica el órgano dependiente de la Consejería de Empleo (en manos del "socialista" Antonio Ávila) en cartas de despido fechadas el 28 de noviembre.
Las ideas del Gobierno andaluz van por un lado y los hechos van por otro. Sin ir más lejos, el pasado 3 de mayo el coordinador general de IUCA y actual vicepresidente de la Junta, el "camarada" Diego Valderas, aseguró en el pleno de investidura como presidente de José Antonio Griñán que "no aplicaría" - los hechos demuestran lo contrario - en la Junta las medidas laborales del Ejecutivo del PP. "Hay que declararnos en rebeldía ante la reforma laboral. No podemos aplicarla llegado el momento a los empleados laborales". Griñán, por su parte, criticó el abaratamiento de los despidos comparándolo con la precariedad laboral propia del "Tercer Mundo".Falso.
Tanto el PSOE como Izquierda Unida votaron en marzo contra la reforma de la ministra Fátima Báñez. Valderas y la secretaria de Organización del PSOE, Susana Díaz, actual consejera de Presidencia, no dudaron incluso en ponerse detrás de las pancartas en las manifestaciones contra la huelga general el 29 de marzo convocadas por UGT y CC.OO en Sevilla.
Paradójicamente, los mismos "sindicatos" reformistas organizadores del paro, que caldearon con protestas la víspera de las elecciones autonómicas, preparan ERE para sus plantillas en Andalucía que aplicarán los términos más agresivos de la norma laboral. La descafeinada Comisiones Obreras ha echado a la puta calle a 26 trabajadores con los 20 días de indemnización por año que marca la nueva reforma laboral tan protestada en la calle y ultima un ERE que aún está por definir a cuántos trabajadores afectará.
La empresa mafiosa UGT-A ha presentado un expediente de empleo, de despido colectivo, que afecta a un total de 163 trabajadores, de los que 130 trabajadores de toda Andalucía son del Programa Orienta, que son empleados fijos discontinuos, y otros 33 son trabajadores de estructura, esto es, que se dedican a la actividad normal del "sindicato"-empresa.
Por otro lado, la chiquilicuatrera UGT-A ha presentado un ERTE, que afecta a 46 trabajadores de estructura de toda la Comunidad, también por causas económicas.ha anunciado uno para 163 trabajadores alegando "motivos económicos". Con tanta subvención y liberados, por lo visto, rondan en la indigencia.
El "sindicato" vendeobreros que dirige Manuel Pastrana "ha propuesto 20 días por año para los trabajadores" del servicio de orientación laboral, programa que se financiaba con subvenciones de la Junta, y "30 días para los de estructura». Además de la «discriminación" que supone, los afectados denuncian los impagos de la Consejería de Empleo.
