Suecia tiene una larga tradición de control de sus ciudadanos. Fue el primer Estado en tener una autoridad estadística, en 1756, y en 1921 inauguró el Instituto Estatal de Raza y Biología. El objetivo era estudiar, mantener y proteger “la raza sueca”.
Durante dos años, el instituto recopiló información sobre 100.000 personas para establecer las características de los suecos, “una de las razas germánicas más puras”. El instituto cambió de nombre y de orientación en 1958. En el año 1934 el Gobierno emprendió un control sobre los romaníes que habitaban el país y el mismo año entró en vigor la ley de esterilización obligatoria. Ley que se amplió en 1941 para que se pudiera aplicar con mayor facilidad sobre el pueblo romaní.
Esterilización obligatoria
No se sabe con exactitud cuántas personas fueron esterilizadas. Los romaníes no podían emigrar a Suecia según una ley de 1914 que fue derogada en 1954. Estaban anotados en un registro llamado Z (de zigenare, gitanos), carecían de derechos y no pudieron votar hasta 1960. En 1975, los registros Z fueron anulados oficialmente. Finalmente, en el 2000 gitanos romaníes fueron reconocidos como una minoría étnica en Suecia.
El Estado sueco ha sido un enemigo beligerante de los romaníes y es en este contexto en el que hay que situar el enorme revuelo que produjo la noticia publicada por Dagens Nyheter[‘Noticias del día’], de la mano del periodista Niklas Orrenius, según la cual la policía sueca tiene una base de datos con 4.029 gitanos fichados. Un registro en el cual se detallan los lazos familiares de los mismos. Mil de estas personas son niños y, de estos niños, 52 tienen en torno a dos años.
El registro fue encontrado en el sistema informático de la policía de Escania (el sur de Suecia) pero hay pruebas de que ha sido usado por la policía de otros lugares del Estado. La primera reacción de la policía fue negar el hecho, pero, ante las pruebas que el periódico ha ido publicando, las autoridades policiales afirman que se trata de un archivo y no un registro, y que fue creado a raíz de una disputa familiar en un pueblo de Escania.
Sin embargo, los registros contienen datos de personas sin ningún lazo familiar y que abarcan a gitanos de toda Suecia. Pocos días después, el mismo periódico desveló la existencia de un segundo registro, de 997 personas, entre las cuales se hallaba la activista y asesora de cuestiones romaníes para el Consejo de Europa, Soraya Post.
Una medida ilegal
En Suecia es ilegal registrar en bases de datos a los ciudadanos según su identidad étnica. El desconcierto entre las autoridades suecas parece ser auténtico. Sin embargo, este registro policial demuestra que existe todavía una forma de actuar y de percepción del pueblo romaní basada en los prejuicios del pasado. Ahora ha salido a la luz que la policía de Escania ya manejaba en 1998 un registro de estas características.
Personalidades y organizaciones romaníes han pedido explicaciones y responsabilidades al Gobierno. La ministra de Justicia, Beatrice Ask, ha pedido disculpas al pueblo romaní pero no ha tomado ninguna medida disciplinaria a la espera del resultado de la investigación que ha abierto la propia policía.
El año pasado se cumplieron 500 años de la presencia del pueblo romaní en Suecia. Por eso, el Estado lanzó un ambicioso plan destinado a la integración de los romaníes. El plan, de veinte años de duración, se extiende a diversos ámbitos como la cultura, educación, sanidad, trabajo, igualdad social y de género. Un año después, la desconfianza con que fue recibido el plan por los romaníes no ha podido tener peor confirmación.
