Fué el periódico alemán “Die Tageszeitung” fue pionero en referirse abiertamente a las clases privilegiadas de este país como una “mafia”...
Los ciudadanos españoles más activos políticamente están empezando a reclamar la ayuda internacional frente a un régimen que oprime sus vidas y haciendas, negándoles incluso “a palos” hasta la libertad de manifestación o de reunión, según acaba de denunciar la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea en sendas notas públicas por las que incluye a España en la “lista negra” de países a los que denuncia internacionalmente por su falta de libertad, sus trampas electorales o su persecución de la libertad de expresión o información. Los fines que le han encomendado los 57 Estados miembros a la OSCE son vigilar y denunciar el control armamentístico, los derechos humanos y la libertad de prensa.
Lo cierto es que en España son cada vez son más los ciudadanos que expresan de numerosas formas y con diferentes eslóganes su condición de “víctimas” de una clase política despiadada que mira para otro lado mientras el país se desangra con 6 millones de parados, 2 de exiliados laborales y 1 millón de niños que pasan hambre.
Mientras los cargos públicos y sindicales siguen gastando en obras innecesarias y faraónicas, cursos inútiles, subvenciones meramente clientelares o familiares, contratas públicas absurdas y además con evidentes sobreprecios, ostentosos viajes en primera clase y comidas o cenas en lujosos restaurantes (todo ello pagado con dinero público), la catástrofe humanitaria de España apenas logra disimularse y la emergencia social se extiende por las escuelas, hospitales, pequeñas y medianas empresas y universidades públicas, otro nuevo foco de corrupción en sus contrataciones, homologaciones académicas y gastos que hasta ahora se desconocía.
la Monarquía de partidos española, conocida como “partitocracia”, donde se han refugiado solo 10 formaciones políticas y dos "sindicatos" dependientes del Estado que suelen aliarse entre sí frente a una sociedad civil que comienza a despertarse, ya empieza a conocerse en el resto de Europa y del mundo como una “mafia” que ha decidido “exprimir”, “explotar”, “despedir” o “empobrecer” a sus propios ciudadanos, que paradójicamente son los que hasta ahora la mantienen.
Delante de sus ojos y con las permanentes denuncias de blogueros en internet y las redes sociales (los periódicos burgueses siempre callan estas noticias), los españoles tienen la convicción de que los políticos y cargos públicos que trabajan con sueldos del Estado están utilizando los resortes políticos y de poder para enriquecerse en esta época de colapso económico y laboral y además están sacando el dinero fuera de España aprovechando que pueden pagar los estudios de sus hijos en el extranjero. En el Congreso de los Diputados y en el Senado conocemos decenas de casos de parlamentarios que están presumiendo de ello en sus círculos más privados y vamos a ir dándolos a conocer a medida que podamos documentarlos, tarea que entraña una tremenda dificultad.
El dato objetivo es que ningún hijo de político está en la cola del paro y la totalidad de los ministros y altos cargos del Gobierno central, autonomías, diputaciones y ayuntamientos ha logrado colocar a sus familiares más directos bien en la administración o en las empresas públicas paralelas. Los casos de los ministros Luis de Guindos y Arias Cañete han sido los últimos conocidos, pero en España estos ejemplos se pueden contar por miles.
