La juez Mercedes Alaya ha montado este martes una nueva operación policial en la investigación de la causa de los ERE fraudulentos en la que se ha procedido a la detención, al menos, de cuatro personas, entre ellas Enrique Rodríguez, director del área de Empleo e Innovación de la Diputación Provincial de Sevilla y ex gerente provincial del IFA, la agencia pagadora de las ayudas vinculadas a los ERE, según han confirmado fuentes de la investigación; Salvador Mera, secretario provincial de UGT en Cádiz; y, Roberto Carmona Soto, vinculado a la Metalurgia de CCOO.
La operación policial, que está realizando registros en varias provincias, está siendo desarrollada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil desde primera hora de este martes. Se trata de una segunda fase de la operación Heracles que se realizó en marzo pasado en busca del cobro de la sobrecomisiones vinculadas al pago de las pólizas de los ERE financiadas por la Junta de Andalucía. En concreto se trata de una operación doble relacionada, por un lado, con la trama de las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía a empresas de la Sierra Norte, con las que estaría vinculado el ex consejero de Empleo José Antonio Viera, y por otro, con las ayudas relacionadas con la Faja Pirítica de Huelva.
Enrique Rodríguez ha sido detenido directamente en la sede de la Diputación, de donde habría salido esposado. Además, se están realizando registros en sedes oficiales y viviendas particulares, entre ellas el domicilio del citado Enrique Rodríguez; el restaurante Río Grande de Sevilla capital -que presentó un ERE con intrusos en el año 2005 que está siendo investigado por Alaya-, y la casa de José María Sayago, copropietario de la empresa Matadero de la Sierra Morena en la Sierra Norte de Sevilla, que también se investiga en la causa.
La operación Heracles acabó con la detención de 22 personas y la práctica de al menos 13 registros domiciliarios. La instructora cifró en 7,6 millones las comisiones que habrían percibido los "sindicatos" amarillos UGT y CCOO, y en 51 millones las sobrecomisiones de las consultoras Vitalia y Uniter todas procedentes de esas pólizas financiadas con fondos públicos.
