La mujer en el sector agropecuario sufre una precariedad más acusada que la de sus compañeros varones. No solo tienen una mayor tasa de desempleo, también padecen una elevada temporalidad y las consecuencias del contrato parcial.
En el campo español , mientras aumenta el empleo masculino, se reduce el femenino. En la última década el número de hombres que realizan tareas agrarias ha aumentado un 2,1% (13.649 personas). Sin embargo, la población trabajadora se ha reducido entre las mujeres un 13,3% (35.255 personas). Estos datos confirman que no se quiere a las mujeres en el campo.
De alguno datos sobre la situación de las trabajadoras en el sector primario, se extraen varias conclusiones:
La mujer en el campo sufre una precariedad considerable. La elevada tasa de desempleo no es una novedad. Esta situación se puede calificar de endémica, ya que la sufren desde hace una década, cuando la crisis no se había manifestado con todo su rigor.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa, en el segundo trimestre de 2018 trabajaban en el sector agropecuario 883.349 personas, un 1,1% menos que un año antes. De las 10.060 personas que perdieron su empleo en doce meses, tres mil eran mujeres. Además, solo el 25,7% de las personas que trabajan en el sector agropecuario son mujeres, una cifra muy baja si se compara con el 45,6% del conjunto de la población trabajadora.
En el sector las trabajadoras soportan un 64,3% de temporalidad, frente al 54,6% de los trabajadores. En estos momentos 329.409 personas están sometidas a este tipo de contratación en un sector en el que se podría aplicar el contrato fijo discontinuo. Además, casi el 68% de las mujeres que trabajan a tiempo parcial en el sector agrario, lo hacen asumiendo esta jornada de forma involuntaria.
La integración de las mujeres en el sector agrario no debe suponer una rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social. Tampoco se trata de penalizar a la mujer y discriminarla con un contrato en rebajas. Tienen los mismos derechos y obligaciones que los hombres, por lo tanto las cotizaciones deben ser las mismas.
Es importante que se crucen los datos entre la Seguridad Social y la Administración General del Estado para detectar el fraude que se produce en la declaración de las jornadas de trabajo. Es imprescindible además que se cumpla la Ley de Igualdad y que se cumplan los protocolos para la prevención del acoso.
