Tristemente no hay crisis que frene al mercado armamentístico mundial. En 2018, el gasto en este sector a nivel planetario ha subido un 4,6%. Así lo refleja el Stockholm International Peace Research Institute en un avance de su informe anual, que se conocerá al detalle en los próximos meses. Entre las 100 empresas beneficiarias de esas operaciones se encuentran 27 de origen europeo. Entre ellas figura una empresa pública española: Navantia.
El documento, difundido por FundiPau –entidad que forma parte de la campaña Armas Bajo Control–, ubica a Navantia en el puesto 76 del triste ranking, con ventas por un valor de 1240 millones de euros. Un año antes, en 2017, se había situado en la casilla 89 (975 millones de euros), mientras que en 2016 aparecía en el lugar 109 (787 millones de euros).
La subida de la empresa española se debe, principalmente, a los millonarios acuerdos firmados con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas por 1.800 millones de euros. Según consta en el último informe económico y comercial elaborado por la embajada española en Arabia Saudí, aquel acuerdo salió adelante tras “la visita a España del príncipe heredero Mohamed Bin Salmán MBS en abril 2018.
Dicha visita contribuyó a la operación comercial según la cual Navantia, en asociación con Saudi Arabian Military Authorities, acuerdan constituir una joint venture para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí, con un valor de 1.800 millones de euros.
A principios de octubre pasado, Navantia informaba que había realizado en sus instalaciones del astillero de San Fernando (Cádiz) “el acto oficial de puesta de quilla de la primera de las cinco corbetas que está construyendo para la Marina de Arabia Saudí”, lo cual suponía “el primer hito efectivo en la ejecución del primero de los cinco barcos que forman parte del contrato, que llevará por nombre AL-JUBAIL”.
Este proceso no ha estado exento de críticas. Cuando se conoció aquel acuerdo, la plataforma Armas Bajo Control advirtió que España “podría convertirse en cómplice de la comisión de crímenes de derecho internacional en Yemen debido al riesgo sustancial de que las corbetas se utilicen para llevar a cabo ataques militares directos contra la población civil, ataques indiscriminados o para mantener el bloqueo aéreo y naval impuesto a Yemen por la coalición saudí.
