Ocho sepulturas y 37 personas, con trabajos en Paterna de Rivera (Cádiz) o los mineros emboscados por los fascistas en La Pañoleta (Camas, Sevilla), o la segunda mayor fosa común abierta en Andalucía hasta la fecha: Puerto Real (Cádiz), con 193 víctimas del franquismo.
Cien fosas del franquismo abiertas y más de 4.000 víctimas recuperadas. Es el balance que presenta la Memoria Histórica en Andalucía desde la primera intervención arqueológica con luz y taquígrafos en el año 2003 en el Valle de Lecrín (Granada). Queda trabajo para limpiar el Mapa de Fosas, que marca 708 tumbas ilegales y 45.566 desaparecidos forzados en suelo andaluz.
La región más castigada por el terror franquista –suma un tercio de la represión de toda España– alcanza estas cifras en un momento de transición. Con la Junta de Andalucía sacando adelante solo tareas pendientes del mandato anterior y el Ministerio de Justicia rescatando la financiación de exhumaciones
Pero esta doble vía ha servido para entrar en 2020 con un cómputo histórico y que Andalucía debe, ante todo, a la propia lucha de las familias de los represaliados y asociaciones memorialistas. Y, en ocasiones, por el impulso intermitente de las políticas públicas. O el apoyo incierto, difuso, las más de las veces. Como ocurre ahora.
La Junta andaluza de PP y Ciudadanos, apoyada en la extrema derecha de Vox, sigue sin ser clara sobre la Memoria. No ha iniciado ni una nueva exhumación de las decenas que dejó aprobadas la extinta Dirección General de Memoria Democrática. Y en 2020 habrá que ver hasta dónde llega el compromiso efectivo del nuevo Gobierno estatal de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
La aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007 supuso el primer gran revulsivo. Desde entonces, diez fosas y 55 exhumados en 2008, con el inicio de trabajos emblemáticos como en La Sauceda (Cádiz) o La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Y 2009 como año clave, con 14 intervenciones y 76 víctimas que sumar a la mayor fosa común abierta en Europa occidental: el cementerio de San Rafael en Málaga con 2.840 cuerpos recuperados. En 2010 serían 251 represaliados, con grandes tumbas colectivas abiertas en Cazalla de la Sierra (Sevilla) o Castro del Río (Córdoba).
El ejercicio siguiente suma 63 exhumados en cuatro búsquedas con un nuevo impulso en 2012: más de diez fosas y 241 víctimas, entre ellas 151 personas en Teba (Málaga) o 28 en El Marrufo. Un año después, la cifra baja a tres fosas y siete cuerpos, para recuperar ritmo en 2014 con 72 cuerpos en cuatro intervenciones, caso de las sevillanas de El Madroño o Coria del Río.
El impulso a las exhumaciones
2015 cerró con 8 sepulturas y 37 personas, con trabajos en Paterna de Rivera (Cádiz) o los mineros emboscados por los fascistas en La Pañoleta (Camas, Sevilla). Un año después arrancaba el proceso de la segunda mayor fosa común abierta en Andalucía hasta la fecha: Puerto Real (Cádiz), con 193 víctimas del franquismo.
En 2017 y 2018 continuaba la tarea de recuperar a los desaparecidos forzados, caso de Marmolejo (Jaén) o Castro del Río y Monturque en suelo cordobés. Y en 2019 Andalucía superó el centenar de ocasiones en que la tarea arqueológica rompía la tierra para recuperar los restos óseos de más de 4.000 personas.
Los últimos años sumaron así un impulso creciente a la búsqueda de fosas comunes del franquismo, con tantas sepulturas abiertas desde 2015 como hasta entonces. Casi la mitad del centenar intervenidas en cada tramo de tiempo, en 12 años desde 2003, y de ahí a 2019. Está por ver que el actual Gobierno andaluz de las derechas continúe esas políticas públicas.
