En un momento en que los accidentes de trabajo y las demás pérdidas de salud no disminuyen, estamos asistiendo a una ofensiva teórica y práctica en torno al derecho a nuestra salud. Las distintas administraciones, patronales, mutuas de accidentes y Seguridad Social están alarmadas, y están lanzando la idea generalizada del aumento del absentismo. Casi parece que cualquier trabajadora o trabajador al que le dan una baja sea sospechoso de fraude. Incluso ponen detectives para controlar al personal que está de baja, como si de delincuentes se tratara. Pero esa idea tan repetida no ha sido nunca demostrada en un estudio; simplemente son consignas que se lanzan. Debemos aclarar un concepto. La baja, si se utiliza con fines de salud (y no con objetivos económicos como lo hacen las mutuas y la Seguridad Social), no es más que una consecuencia de la valoración médica que se hace sobre el o la paciente. Forma parte del plan terapéutico, pues se trata de una medida más de ese arsenal curativo (igual que cualquier medicamento que se pueda recetar) y además contribuye a una mejor recuperación de la salud.
Altas más rápidas
Por otro lado, desde Madrid nos imponen unos recortes de derechos en relación con las prestaciones de la Seguridad Social. Se ha limitado el tiempo máximo de baja a 12+6 meses (frente a los 30 anteriores), y a partir del 12º mes de baja, ya no es el personal médico quien decide sobre su prolongación, sino una inspección del INSS; es decir, un instituto con criterios económicos, y no médicos, es quien va a decidir si tenemos o no derecho a estar de baja. Esta situación genera innumerables problemas, entre ellos, que a día de hoy se estén notificando altas con 20 días de retraso, lo que implica que de repente te llegue una carta a casa en la que te dicen que hace 20 días que estás de alta sin informarte del por qué. Con ello se plantea un doble problema: un descubierto de cotizaciones y salarios de 20 días y una indefensión, ya que no sabes el motivo del alta. Todo ello va acompañado por la “tendencia” a acortar plazos en las incapacidades temporales y negar incapacidades permanentes, como el caso que LAB denunció el pasado agosto. En mayo le negaron judicialmente la incapacidad a un afiliado, alegando que estaba en perfectas condiciones para trabajar. Desgraciadamente, tres meses después, esa persona falleció a causa precisamente de la dolencia de la que decía la sentencia que, teóricamente, estaba en perfectas condiciones.
Criterios contrapuestos
La solución más barata y rentable contra esta situación de incapacides y absentismo no es otra que la prevención de riesgos laborales. Un ejemplo, nada más: Actualmente, y según diferentes fuentes, hay más de 65.000 accidentes de trabajo al año; un tercio de ellos y el 80% de las enfermedades profesionales tienen que ver con problemas ergonómicos. Algo perfectamente prevenible. Hacer visibles los accidentes de trabajo y demás pérdidas de salud debidas a productos químicos,sobreesfuerzos, altos ritmos de trabajo, etc. –especialmente en los sectores de empleo feminizados-, es necesario para que la prevención avance en las empresas. Mientras estas patologías sigan abordándose como problemas individuales sin ninguna relación con los puestos de trabajo, mientras no se haga visible el sufrimiento de la clase trabajadora derivado de la mala organización y condiciones de trabajo, el absentismo y las pérdidas de salud seguirán aumentando y con ello los costes humanos, económicos y sociales. Las iniciativas que comentamos no son más que una respuesta al interés de las administraciones, patronales, mutuas y Seguridad Social por ir acotando nuestro derecho a la salud y por seguir avanzando en la privatización de la sanidad. Es decir, medidas en base a y en beneficio de los criterios económicos, porque han convertido nuestra salud en su negocio. Y ya se sabe que cuando el criterio económico entra por la puerta, la salud sale por la ventana.
Altas más rápidas
Por otro lado, desde Madrid nos imponen unos recortes de derechos en relación con las prestaciones de la Seguridad Social. Se ha limitado el tiempo máximo de baja a 12+6 meses (frente a los 30 anteriores), y a partir del 12º mes de baja, ya no es el personal médico quien decide sobre su prolongación, sino una inspección del INSS; es decir, un instituto con criterios económicos, y no médicos, es quien va a decidir si tenemos o no derecho a estar de baja. Esta situación genera innumerables problemas, entre ellos, que a día de hoy se estén notificando altas con 20 días de retraso, lo que implica que de repente te llegue una carta a casa en la que te dicen que hace 20 días que estás de alta sin informarte del por qué. Con ello se plantea un doble problema: un descubierto de cotizaciones y salarios de 20 días y una indefensión, ya que no sabes el motivo del alta. Todo ello va acompañado por la “tendencia” a acortar plazos en las incapacidades temporales y negar incapacidades permanentes, como el caso que LAB denunció el pasado agosto. En mayo le negaron judicialmente la incapacidad a un afiliado, alegando que estaba en perfectas condiciones para trabajar. Desgraciadamente, tres meses después, esa persona falleció a causa precisamente de la dolencia de la que decía la sentencia que, teóricamente, estaba en perfectas condiciones.
Criterios contrapuestos
La solución más barata y rentable contra esta situación de incapacides y absentismo no es otra que la prevención de riesgos laborales. Un ejemplo, nada más: Actualmente, y según diferentes fuentes, hay más de 65.000 accidentes de trabajo al año; un tercio de ellos y el 80% de las enfermedades profesionales tienen que ver con problemas ergonómicos. Algo perfectamente prevenible. Hacer visibles los accidentes de trabajo y demás pérdidas de salud debidas a productos químicos,sobreesfuerzos, altos ritmos de trabajo, etc. –especialmente en los sectores de empleo feminizados-, es necesario para que la prevención avance en las empresas. Mientras estas patologías sigan abordándose como problemas individuales sin ninguna relación con los puestos de trabajo, mientras no se haga visible el sufrimiento de la clase trabajadora derivado de la mala organización y condiciones de trabajo, el absentismo y las pérdidas de salud seguirán aumentando y con ello los costes humanos, económicos y sociales. Las iniciativas que comentamos no son más que una respuesta al interés de las administraciones, patronales, mutuas y Seguridad Social por ir acotando nuestro derecho a la salud y por seguir avanzando en la privatización de la sanidad. Es decir, medidas en base a y en beneficio de los criterios económicos, porque han convertido nuestra salud en su negocio. Y ya se sabe que cuando el criterio económico entra por la puerta, la salud sale por la ventana.
