Interrogado sobre qué hará con esta controvertida ley indica que «yo, desde luego, eliminaría todos aquellos artículos que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado. Yo no daría ni un solo euro del erario público a esos efectos». Y sobre si esto afectaría a la exhumación de cuerpos de las fosas comunes de la Guerra y posguerra civil, reitera que «a lo que tienen derecho todos los españoles es a que miremos al futuro y no generemos tensión ni división, como decidimos en el año 1978. Y se lo dice una persona que no tiene ni un solo pariente franquista, ni uno, ni por parte de padre ni por parte de madre, porque los he tenido en el otro lado».
«Mirar al futuro»
Pero ¿no tiene derecho una familia a recuperar los restos del abuelo que está en una cuneta y...? Le insiste el periodista, «Si sabe dónde -responde Rajoy-. Pero mire, yo creo que en el año 78 dijimos: 'Miremos hacia el futuro'. Hagámoslo».
Más controvertidas resultaron sus apreciaciones sobre el derecho de los homosexuales a la adopción, que Rajoy expresó «a título personal» sin que representaran la posición del partido, según indicaron a ABC fuentes próximas al presidente nacional del PP.
Mariano Rajoy admite no estar de acuerdo con el derecho de adopción y afirma que «yo lo cambiaría, sí; les quitaría ese derecho» a los matrimonios homosexuales, aunque también dice que «respetaré lo que diga el Tribunal Constitucional».
En efecto, antes de hacer estas afirmaciones señala que esperará al recurso que su partido presentó ante el Constitucional, en el que expresaban sus objeciones a que se llamase «matrimonio» a esa unión en lugar de pareja de hecho. Señaló que «lo que nunca voy a hacer es restringir ninguno de los derechos que establece la ley porque mi discrepancia es en el tema del matrimonio».
No habrá cambios ni en el aborto -no los hubo durante los ocho años de gobierno del PP- ni en el llamado «divorcio exprés» porque, entre otras cosas, los populares votaron a favor salvo en lo referido a la custodia compartida, que también criticaron muchos colectivos feministas, y a la creación de un fondo de pensiones para los casos de impagos.
En cuanto a la Ley de Educación, cree que no sería necesaria modificarla para eliminar Educación para la Ciudadanía, ya que bastaría con cambiar los currículos para poner el acento en el inglés, en la sociedad de la información o en las nuevas tecnologías.
