El Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) ha logrado un principio de acuerdo para la creación de una "tarjeta azul", dirigida a atraer a los inmigrantes altamente cualificados. Los ministros comunitarios de Justicia e Interior han cerrado ya los principales elementos de esta iniciativa, aunque todavía falta por definir la fecha de entrada en vigor, que no será antes de mediados de 2011. La medida pretende facilitar la entrada a la UE de inmigrantes muy cualificados, los llamados "cerebros del tercer mundo" y de hacer frente a la escasez de mano de obra, ante el envejecimiento de la población europea, con trabajadores cualificados.
Tras casi un año de negociaciones, el único país que todavía mantiene una reserva al texto de compromiso presentado por la Presidencia francesa es la República Checa.
El Gobierno de Praga reclama más garantías de que se dará preferencia a los trabajadores de los países del Este, que todavía tienen restricciones en los mercados laborales de la mayoría de los Estados miembros, sobre los extranjeros. Y tampoco está de acuerdo con los criterios salariales utilizados para determinar si un inmigrante está o no cualificado.
Las fuentes consultadas explicaron que la delegación checa ha quedado "aislada", por lo que se espera que acabe levantando sus reservas, tras recibir nuevas garantías de la Presidencia.
El resto de países que no veían con buenos ojos esta iniciativa, como Alemania o Austria, han cambiado de idea después de que se acordara que la 'tarjeta azul' convivirá con los distintos sistemas nacionales de admisión de inmigrantes muy cualificados y no los sustituirá, como quería la Comisión.
Además, se ha llegado a un acuerdo sobre la definición de inmigrante altamente cualificado. Se considerará así al trabajador extranjero que tenga estudios universitarios de al menos tres años y un nivel salarial equivalente al 150% del sueldo medio del país en el que trabajen. Cuando haya una demanda extraordinaria de trabajadores o en determinados sectores con falta de mano de obra, este umbral puede rebajarse hasta 120%.
Los ministros del Interior de los Veintisiete también aprobaron el Pacto Europeo de Inmigración promovido por la Presidencia francesa, en el que se impide las regularizaciones masivas de inmigrantes.
El texto ya recibió el visto bueno de los Veintisiete en una reunión informal celebrada en la localidad de Cannes el pasado mes de julio. Desde entonces, se han introducido dos modificaciones. En primer lugar, y a petición de Malta, se prevé para los Estados miembros sometidos a una fuerte presión migratoria un mecanismo voluntario de reparto de los peticionarios de asilo.
Vigilar a los matrimonios de conveniencia
En segundo lugar, y a petición de Dinamarca, se lanza una advertencia para reforzar la vigilancia sobre los matrimonios de conveniencia. Ello responde a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que señala que un cónyuge no europeo de un ciudadano de la UE puede residir en cualquier Estado miembro.
El Pacto refleja la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, básicamente garantizando el regreso de los irregulares a sus países de origen o tránsito y pide cooperación entre los Estados miembros para que los extranjeros en situación irregular abandonen el territorio.
La UE quiere además que los países tengan dispositivos nacionales para el regreso voluntario de los irregulares. También contempla el uso de visados biométricos a partir del 1 de enero de 2012, como una medida para reforzar las fronteras, y que se refuercen los medios de Frontex, la Agencia europea de fronteras exteriores. También se inclina por poner en marcha un registro electrónico de entradas y salidas a partir de 2012.
Tras casi un año de negociaciones, el único país que todavía mantiene una reserva al texto de compromiso presentado por la Presidencia francesa es la República Checa.
El Gobierno de Praga reclama más garantías de que se dará preferencia a los trabajadores de los países del Este, que todavía tienen restricciones en los mercados laborales de la mayoría de los Estados miembros, sobre los extranjeros. Y tampoco está de acuerdo con los criterios salariales utilizados para determinar si un inmigrante está o no cualificado.
Las fuentes consultadas explicaron que la delegación checa ha quedado "aislada", por lo que se espera que acabe levantando sus reservas, tras recibir nuevas garantías de la Presidencia.
El resto de países que no veían con buenos ojos esta iniciativa, como Alemania o Austria, han cambiado de idea después de que se acordara que la 'tarjeta azul' convivirá con los distintos sistemas nacionales de admisión de inmigrantes muy cualificados y no los sustituirá, como quería la Comisión.
Además, se ha llegado a un acuerdo sobre la definición de inmigrante altamente cualificado. Se considerará así al trabajador extranjero que tenga estudios universitarios de al menos tres años y un nivel salarial equivalente al 150% del sueldo medio del país en el que trabajen. Cuando haya una demanda extraordinaria de trabajadores o en determinados sectores con falta de mano de obra, este umbral puede rebajarse hasta 120%.
Los ministros del Interior de los Veintisiete también aprobaron el Pacto Europeo de Inmigración promovido por la Presidencia francesa, en el que se impide las regularizaciones masivas de inmigrantes.
El texto ya recibió el visto bueno de los Veintisiete en una reunión informal celebrada en la localidad de Cannes el pasado mes de julio. Desde entonces, se han introducido dos modificaciones. En primer lugar, y a petición de Malta, se prevé para los Estados miembros sometidos a una fuerte presión migratoria un mecanismo voluntario de reparto de los peticionarios de asilo.
Vigilar a los matrimonios de conveniencia
En segundo lugar, y a petición de Dinamarca, se lanza una advertencia para reforzar la vigilancia sobre los matrimonios de conveniencia. Ello responde a una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que señala que un cónyuge no europeo de un ciudadano de la UE puede residir en cualquier Estado miembro.
El Pacto refleja la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal, básicamente garantizando el regreso de los irregulares a sus países de origen o tránsito y pide cooperación entre los Estados miembros para que los extranjeros en situación irregular abandonen el territorio.
La UE quiere además que los países tengan dispositivos nacionales para el regreso voluntario de los irregulares. También contempla el uso de visados biométricos a partir del 1 de enero de 2012, como una medida para reforzar las fronteras, y que se refuercen los medios de Frontex, la Agencia europea de fronteras exteriores. También se inclina por poner en marcha un registro electrónico de entradas y salidas a partir de 2012.
