Cuatro millones de pensionistas que cobran menos de seiscientos euros se encaminan a un estado de pobreza alarmante: Cuando se habla de inflación y se pondera el comportamiento de los precios, no suele tenerse en cuenta lo que realmente consumen las capas más populares, los sectores más pobres. De este modo, la inflación elevada que padece España está siendo devastadora en un colectivo que abarca a más de cuatro millones de personas, los pensionistas con ingresos menores a 600 euros. Lo que ese colectivo consume es, casualmente, lo que más sube.
La elevada inflación que padece España está teniendo consecuencias devastadoras sobre el poder adquisitivo de las familias; pero, sus efectos son todavía mayores para las rentas más bajas. En concreto, para los más de cuatro millones de pensionistas cuyos ingresos son inferiores a 600 euros al mes. La causa tiene que ver con un factor que se viene repitiendo de forma sistemática en la economía española desde hace años: los productos que más suben de precio son, precisamente, los que más consumen los pensionistas. Y, por el contrario, los que tienen un mejor comportamiento (comunicaciones, calzado o vestido) son los que menos afectan al bolsillo de los que tienen menos recursos.
Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) no dejan lugar a dudas. El último año (agosto sobre agosto) el ÍPC subió un 4,9%, sin embargo, los grupos de gasto que más afectan a los pensionistas (alimentos y bebidas no alcohólicas y vivienda, aguas, electricidad y gas) crecieron muy por encima de la media. En concreto, un 6,8% en el primer caso y nada menos que un 7,9% en el segundo, lo que pone de manifiesto hasta qué punto los aumentos del IPC se reparten de forma desigual.
Frente a lo que pueda creerse, no se trata de un fenómeno esporádico vinculado al alza del crudo y de las materias primas alimenticias. El actual IPC tiene base 100 desde enero del año 2006, y desde entonces ambos grupos son los que más han subido, hasta situarse en 112,3 puntos en el caso de la vivienda y en 110,3 puntos en el de los alimentos. Mientras que, por el contrario, el IPC general se sitúa en 107,6 puntos
Hay que tener en cuenta que los pensionistas o retirados (según la expresión que utiliza el INE) destinan el 49,63% de su gasto en consumo a esos dos grupos de productos, muy por encima de la media general del conjunto de consumidores, que se sitúa en el 40,43%.
Esto significa, lógicamente, que son de largo los más perjudicados por el alza de los precios. Según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, pensionistas y retirados destinan el 16,72% de su gasto en consumo a alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que otro 32,91% se dedica a pagar el mantenimiento de la vivienda (no se tiene en cuenta el precio de adquisición o los alquileres), el agua, la electricidad o el gas.
Una estructura de gasto desigual
El peso de la alimentación y de los gastos básicos para el mantenimiento del hogar en luz o calefacción tiene mayor importancia en la estructura de gasto de un hogar a medida que los ingresos son más pequeños, ya que se trata de consumos básicos de los que no se puede prescindir. En esta situación se encontrarían algo más de cuatro millones de personas que perciben una pensión a cargo del Estado inferior a 600 euros mensuales (por catorce pagas).
El colectivo más importante se refiere a los 3.615.501 pensionistas del nivel contributivo (datos hasta julio) que perciben una cantidad menor a esa cantidad. Pero también se encuentran en esta situación los 463.057 ciudadanos que viven mensualmente con los 308,47 euros a que tienen derecho por reunir los requisitos para cobrar una pensión no contributiva. Se trata de pensionistas que -por las razones que fueran- no han podido cotizar a la Seguridad Social durante su vida laboral. En esta misma situación, por último, se encuentran los que cobran una pensión de carácter asistencial (21.097 ciudadanos) o a cargo del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejes e Invalidez), que supone el derecho a percibir 356.20 euros mensuales.
La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones a causa del alza de los precios es un viejo problema de la política económica, y eso explica que en ocasiones se haya planteado la posibilidad de crear un IPC específico para jubilados, cuya estructura de gasto es muy diferente a la del resto de ciudadanos. El debate siempre ha quedado en nada, pero lo cierto es que en los últimos años se ha agudizado este problema de la mano del alza de los alimentos. Hasta el punto de que aunque el Gobierno suba el 6% a las pensiones mínimas el año que viene –como ha anunciado el presidente Zapatero-, apenas se pondrá compensar la pérdida de capacidad de compra de las pensiones por su mayor exposición al alza de los productos básicos.
Y con nosotros, los trabajadores en activo, parados, y el resto de la sociedad... ¿qué carajo pasará?
La elevada inflación que padece España está teniendo consecuencias devastadoras sobre el poder adquisitivo de las familias; pero, sus efectos son todavía mayores para las rentas más bajas. En concreto, para los más de cuatro millones de pensionistas cuyos ingresos son inferiores a 600 euros al mes. La causa tiene que ver con un factor que se viene repitiendo de forma sistemática en la economía española desde hace años: los productos que más suben de precio son, precisamente, los que más consumen los pensionistas. Y, por el contrario, los que tienen un mejor comportamiento (comunicaciones, calzado o vestido) son los que menos afectan al bolsillo de los que tienen menos recursos.
Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) no dejan lugar a dudas. El último año (agosto sobre agosto) el ÍPC subió un 4,9%, sin embargo, los grupos de gasto que más afectan a los pensionistas (alimentos y bebidas no alcohólicas y vivienda, aguas, electricidad y gas) crecieron muy por encima de la media. En concreto, un 6,8% en el primer caso y nada menos que un 7,9% en el segundo, lo que pone de manifiesto hasta qué punto los aumentos del IPC se reparten de forma desigual.
Frente a lo que pueda creerse, no se trata de un fenómeno esporádico vinculado al alza del crudo y de las materias primas alimenticias. El actual IPC tiene base 100 desde enero del año 2006, y desde entonces ambos grupos son los que más han subido, hasta situarse en 112,3 puntos en el caso de la vivienda y en 110,3 puntos en el de los alimentos. Mientras que, por el contrario, el IPC general se sitúa en 107,6 puntos
Hay que tener en cuenta que los pensionistas o retirados (según la expresión que utiliza el INE) destinan el 49,63% de su gasto en consumo a esos dos grupos de productos, muy por encima de la media general del conjunto de consumidores, que se sitúa en el 40,43%.
Esto significa, lógicamente, que son de largo los más perjudicados por el alza de los precios. Según los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares, pensionistas y retirados destinan el 16,72% de su gasto en consumo a alimentos y bebidas no alcohólicas, mientras que otro 32,91% se dedica a pagar el mantenimiento de la vivienda (no se tiene en cuenta el precio de adquisición o los alquileres), el agua, la electricidad o el gas.
Una estructura de gasto desigual
El peso de la alimentación y de los gastos básicos para el mantenimiento del hogar en luz o calefacción tiene mayor importancia en la estructura de gasto de un hogar a medida que los ingresos son más pequeños, ya que se trata de consumos básicos de los que no se puede prescindir. En esta situación se encontrarían algo más de cuatro millones de personas que perciben una pensión a cargo del Estado inferior a 600 euros mensuales (por catorce pagas).
El colectivo más importante se refiere a los 3.615.501 pensionistas del nivel contributivo (datos hasta julio) que perciben una cantidad menor a esa cantidad. Pero también se encuentran en esta situación los 463.057 ciudadanos que viven mensualmente con los 308,47 euros a que tienen derecho por reunir los requisitos para cobrar una pensión no contributiva. Se trata de pensionistas que -por las razones que fueran- no han podido cotizar a la Seguridad Social durante su vida laboral. En esta misma situación, por último, se encuentran los que cobran una pensión de carácter asistencial (21.097 ciudadanos) o a cargo del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejes e Invalidez), que supone el derecho a percibir 356.20 euros mensuales.
La pérdida de poder adquisitivo de las pensiones a causa del alza de los precios es un viejo problema de la política económica, y eso explica que en ocasiones se haya planteado la posibilidad de crear un IPC específico para jubilados, cuya estructura de gasto es muy diferente a la del resto de ciudadanos. El debate siempre ha quedado en nada, pero lo cierto es que en los últimos años se ha agudizado este problema de la mano del alza de los alimentos. Hasta el punto de que aunque el Gobierno suba el 6% a las pensiones mínimas el año que viene –como ha anunciado el presidente Zapatero-, apenas se pondrá compensar la pérdida de capacidad de compra de las pensiones por su mayor exposición al alza de los productos básicos.
Y con nosotros, los trabajadores en activo, parados, y el resto de la sociedad... ¿qué carajo pasará?
