El panorama es tan desolador para cientos de miles de personas, que el Gobierno se ve obligado a aprobar una ayuda urgente para desempleados que ya no cobran nada
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una nueva prestación mensual, de 420 euros y vinculada a proyectos de formación, para los desempleados que hayan agotado su cobertura por desempleo, un colectivo que podría ascender a 300.000 personas, según el ministro de "Trabajo", Celestino Corbacho, pero que otras fuentes sitúan por encima del medio millón. Detrás de estas cifras hay gravísimos problemas de pobreza.
En su reunión extraordinaria en mitad de las vacaciones, el Gobierno también estudiará la prestación para los autónomos que cesen su actividad y hará una primera lectura del proyecto de ley de Economía Sostenible.
El Ejecutivo aprobará además las ayudas para paliar los daños de los incendios forestales, estudiará un informe sobre la presidencia española de la Unión Europea y no se descarta que dé el visto bueno al real decreto que autorizará la televisión digital terrestre (TDT) de pago en España.
La prestación para desempleados que se hayan quedado sin cobertura fue anunciada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado 13 de agosto, el mismo día en que dio por roto el diálogo social por la falta de acuerdo con la CEOE.
Tanto la patronal como los sindicatos y el Gobierno coincidían en la necesidad de esta prestación, que se iba a incluir en los acuerdos tripartitos, y al romperse el diálogo social Zapatero anunció que se aprobaría de todos modos.
El jefe del Ejecutivo señaló entonces que la prestación tendrá una duración de, al menos, seis meses, aunque los sindicatos han reclamado que dure un año.
El Gobierno también tiene previsto estudiar el proyecto de ley que permitirá que los autónomos coticen el 1% a la Seguridad Social para cobrar la prestación por cese de actividad.
Los trabajadores por cuenta propia tendrán que cotizar un mínimo de 12 meses para cobrar dos de paro, mientras que la percepción máxima será de seis meses.
El Ejecutivo quiere que los autónomos soliciten la prestación de forma voluntaria, aunque vinculada a la cotización por contingencias profesionales -enfermedades profesionales y accidentes de trabajo-, obligatoria para los que son económicamente dependientes y para los que realizan actividades de alto riesgo.
