El caso ERE no ha llegado aún a su fin. Según el nuevo autofirmado ayer mismo por la juez Alaya, del nuevo atestado que ha recibido referente al ERE del hotel Cervantes de Torremolinos, se desprende la existencia de "otras personas implicadas que serían conocedores de la existencia de intrusos, intermediarios y pagos a Juan Lanzas". Y también de las posibles irregularidades en la subvencion a los que ha decidido imputar. Por ello imputa a ocho personas más: empresarios, abogados y "sindicalistas" amarillos.
Asi la juez imputa y cita a declarar para la próxima semana a Miguel Rodríguez, director del hotel Cervantes que firmó la solicitud del ERE relativo a dicha sociedad, "a sabiendas de la inclusión de dos personas que no tenían derecho a las prejubilaciones pactadas, falseando los datos". Ha sido citado para el 22 de enero.
Igualmente imputa a Rafael Isla, gerente de Autos Marbesol,empresa adquirida por el grupo Nueva Rumasa, quien a través del imputado Carlos Miranda Bucciarini, «introduciría en el ERE relativo al hotel Cervantes a un trabajador de su empresa José Antonio Cuevas,, con el fin de que este fuera beneficiario de prejubilaciones. Está citado el mismo 22 de enero.
Imputado también resulta Antonio Isla, director de Hotasa en la zonade Torremolinos, por introducir en el mismo ERE a Carlos Andres Sendino. Alaya lo cita el mismo día que al anterior. Igualmente imputa a José Cabrera Molina, miembro del comité de empresa como secretario de la sección sindical del "sindicato" colaboracionista CC.OO. y prejubilado en el ERE del hotel Cervantes y a Gonzalo Fuentes Guerrero, integrante de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de la amarilla CC.OO. de Málaga. De ambos dice que "no solo eran conocedores de la inclusión de intrusos sino que facilitaron el proceso".
El resto de nuevos imputados son Alfonso Espinosa y Javier Bertola, directivos de Nueva Rumasa que conocieron el tráfico de influencias a favor del grupo ejercido ante la Junta de Andalucía por Juan Lanzas para la financiación de las prejubilaciones de los diversos ERE de empresas de Nueva Rumasa y los que ordenarían los pagos a Lanzas a razón de 600.000 euros por cada ERE. Los dos tienen cita con la juez el próximo 23 de enero.
Manuel Sánchez Marin, abogado y directivos de administración del grupo Nueva Rumasa también resulta imputado porque, según la juez, en su despacho se tramitaban todas las ayudas ante la Junta. Nada más que el hotel Cervantes parece que recibiría 12 millones de euros de IDEA, pues además del ERE se llevó a cabo la reforma del Hotel. Está citado para declarar el próximo 23 de enero.
