En Estados Unidos, un 8% de los presos están en cárceles privadas, unos 128.000 sobre un total de 1,6 millones de presidiarios...
El artículo de la “cuota mínima de ocupación” que acordaron los privados propietarios de cárceles con los gobiernos estatales, determina que hay una garantía del número de presos mínimo en cada cárcel privada –por lo que el Estado paga- a fin que el negocio pueda mantenerse de manera constante en funcionamiento.
Ahora surgen denuncias por disputas entre el interés público de rehabilitar a los presos –una de las metas del sistema carcelario al menos en teoría- y el interés privado de maximizar beneficios, ya sea con más presos, o manteniendo los que se tiene.
Un informe publicado por “In the Public Interest (ITPI)”, una organización civil de protección de derechos humanos, en Washington, de 62 contratos de prisiones privadas estudiados en Estados Unidos, el 65% tiene garantías mínimas del número de presos a su cargo, o, en su defecto, multas por camas vacías que le permiten cobrar igualmente.
Base del 90% de ocupación a 50 dólares promedio por día
Los contratos de las cárceles privadas establecen que por cada preso se les pague entre 40 a 60 dólares diarios, según el caso, y la base mínima estipulada es del 90% de ocupación aunque existen contratos del orden del 99%.
En Estados Unidos, un 8% de los presos están en cárceles privadas, unos 128.000 sobre un total de 1,6 millones de presidiarios, aunque algunas organizaciones sitúan en hasta el 12% la población carcelaria privada. En los centros de detención para inmigrantes, los privados se ocupan de hasta el 50% de los procesados.
El negocio de las cárceles privadas, parece estar en su apogeo –más allá de que algunos estados hayan reducido su delincuencia y su número de procesados- en tanto entre 1999 y 2010, las reclusiones privadas aumentaron un 80%.
Organizaciones como ITPI están denunciando que las cuotas mínimas de ocupación están castigando a los contribuyentes que pagan para mantener abiertas cárceles públicas semivacías, además de las privadas. Los contratistas aseguran que en realidad dan “ahorro” a los contribuyentes con instalaciones más seguras, con nivel cero de fugas y reducción de la reincidencia.
