Cornellà de Llobregat (Barcelona) no ha sido, por desgracia, el primer suicidio generado con un inminente desahucio. Jordi R.F., de unos 50 años, vivía de alquiler, desde hace unos ocho años, junto a su pareja María. Ha pagado el más alto precio que se puede abonar por una casa: su vida.
Ha habido otros muchos casos... En el 2013, un hombre de 40 años apareció ahorcado en su vivienda de la calle del Rosselló, en el Eixample. Su cuerpo fue encontrado por la comitiva judicial que iba a desalojarlo por impago del alquiler.
Ese mismo año un matrimonio de jubilados, en Calvià (Mallorca), se quitó la vida después de recibir el aviso de que iban a ser desahuciados de su domicilio, también por impago. Lo dejaron todo escrito en una carta. Los cuerpos de la pareja fueron encontrados por uno de los hijos.
También en el 2013, una mujer con seis hijos se suicidó en el barrio madrileño de Carabanchel tras recibir una notificación de desahucio. Tenía una deuda de 900 euros.
Pero el caso que sin duda hizo a España abrir los ojos ante el drama de los desahucios, fue el de Amaia Egaña que en el 2012 se arrojó de un cuarto piso en Barakaldo (Vizcaya) antes de ser desahuciada.
Jordi R.F., de unos 50 años, ha pagado el más alto precio que se puede abonar por una casa: su vida. El inquilino, que vivía con María, su actual pareja, se ha arrojado al vacío desde la ventana del piso 10º-2ª, la última planta, del bloque número 7 de la calle de las Camèlies del barrio de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) cuando la comitiva judicial iba a desahuciarle por impago del alquiler. Los desalojos por no abonar los arrendamientos son, en estos momentos, una lacra social superior al de los impagos hipotecarios.
El Ayuntamiento de Cornellà ya había remitido al juzgado tres informes sobre la situación de "grave vulnerabilidad" de la pareja. El consistorio “estudiará la posibilidad de emprender alguna acción contra el propietario del inmueble”, según ha declarado la teniente de alcalde de Educación y Política Social, Montse Pérez. El miércoles, un día antes de la fecha fijada para el desalojo, se envió al juzgado el tercer informe explicando “el grave riesgo de exclusión social” y solicitando de nuevo el aplazamiento.
La víctima ya había sufrido tres intentonas para obligarle a dejar la vivienda. Jordi, electricista de profesión, vivía de alquiler, desde hace unos ocho años, junto a María. Los dos tenían nacionalidad española. Sobre las 10,30 horas la comitiva judicial, acompañada por los Mossos d’Esquadra, se ha personado en la vivienda para desalojarlos. Jordi les ha impedido el paso. En una segunda intentona ha respondido a la llamada, pero les ha pedido a las personas que aguardaban en el rellano que esperaran un momento antes de abrirles. Entonces, desde el interior del piso se han escuchado los gritos de María: “Se ha tirado, se ha tirado”.
En ese momento la hija de Antón, el vecino de la planta novena, estaba tendiendo la ropa y al asomarse ha visto el cuerpo de su vecino tendido en el suelo y, a su alrededor, un remolino de gente. Antón oyó a María verbalizar: “Cariño, cariño…” y ya no ha escuchado nada más. Poco después el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha acudido al lugar de los hechos pero solo ha podido certificar el fallecimiento. Tras el suceso, María ha sido trasladada al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb), con quien el Ayuntamiento tiene un convenio para derivar a personas en situación de emergencia, porque estaba en estado de shock.
Según un comunicado emitido este jueves por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el desahucio programado para este jueves, que se comunicó al Ayuntamiento de Cornellà, se acordó tras un juicio verbal por impago de alquiler. El propietario del piso había presentado una demanda en noviembre del 2017 denunciando que el inquilino acumulaba siete mensualidades sin que desde esa fecha haya constancia de que se haya producido otros abonos.
El pasado enero se notificó al inquilino la demanda interpuesta, pero la víctima no compareció ni solicitó abogado de oficio. El 13 de marzo, según el TSJC, se paralizó otro intento de desahucio y se notificó una nueva fecha para el 22 de marzo. Un día antes el hombre acudió por primera vez a los servicios sociales municipales, que informaron de la precaria situación de la pareja al juzgado, por lo que se volvió a paralizar la ejecución.
El piso donde iba a ser desahuciado Jordi formaba parte de la cartera de activos inmobiliarios dudosos Quasar que pertenece al Banco Santander (49%) y al fondo inmobiliario Blackstone (51%), Fue el Popular quien inició el desahucio de Jordi y María por impago de la renta, pero posteriormente pasó la gestión del inmueble, como del resto de la cartera, a los ‘servicers’ (gestores inmobiliarios de la banca) Aliseda y Anticipa, que son quienes se encargan del día a día de los inmuebles.
Ese mismo año un matrimonio de jubilados, en Calvià (Mallorca), se quitó la vida después de recibir el aviso de que iban a ser desahuciados de su domicilio, también por impago. Lo dejaron todo escrito en una carta. Los cuerpos de la pareja fueron encontrados por uno de los hijos.
También en el 2013, una mujer con seis hijos se suicidó en el barrio madrileño de Carabanchel tras recibir una notificación de desahucio. Tenía una deuda de 900 euros.
Pero el caso que sin duda hizo a España abrir los ojos ante el drama de los desahucios, fue el de Amaia Egaña que en el 2012 se arrojó de un cuarto piso en Barakaldo (Vizcaya) antes de ser desahuciada.
Jordi R.F., de unos 50 años, ha pagado el más alto precio que se puede abonar por una casa: su vida. El inquilino, que vivía con María, su actual pareja, se ha arrojado al vacío desde la ventana del piso 10º-2ª, la última planta, del bloque número 7 de la calle de las Camèlies del barrio de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) cuando la comitiva judicial iba a desahuciarle por impago del alquiler. Los desalojos por no abonar los arrendamientos son, en estos momentos, una lacra social superior al de los impagos hipotecarios.
El Ayuntamiento de Cornellà ya había remitido al juzgado tres informes sobre la situación de "grave vulnerabilidad" de la pareja. El consistorio “estudiará la posibilidad de emprender alguna acción contra el propietario del inmueble”, según ha declarado la teniente de alcalde de Educación y Política Social, Montse Pérez. El miércoles, un día antes de la fecha fijada para el desalojo, se envió al juzgado el tercer informe explicando “el grave riesgo de exclusión social” y solicitando de nuevo el aplazamiento.
La víctima ya había sufrido tres intentonas para obligarle a dejar la vivienda. Jordi, electricista de profesión, vivía de alquiler, desde hace unos ocho años, junto a María. Los dos tenían nacionalidad española. Sobre las 10,30 horas la comitiva judicial, acompañada por los Mossos d’Esquadra, se ha personado en la vivienda para desalojarlos. Jordi les ha impedido el paso. En una segunda intentona ha respondido a la llamada, pero les ha pedido a las personas que aguardaban en el rellano que esperaran un momento antes de abrirles. Entonces, desde el interior del piso se han escuchado los gritos de María: “Se ha tirado, se ha tirado”.
En ese momento la hija de Antón, el vecino de la planta novena, estaba tendiendo la ropa y al asomarse ha visto el cuerpo de su vecino tendido en el suelo y, a su alrededor, un remolino de gente. Antón oyó a María verbalizar: “Cariño, cariño…” y ya no ha escuchado nada más. Poco después el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha acudido al lugar de los hechos pero solo ha podido certificar el fallecimiento. Tras el suceso, María ha sido trasladada al Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (Cuesb), con quien el Ayuntamiento tiene un convenio para derivar a personas en situación de emergencia, porque estaba en estado de shock.
Según un comunicado emitido este jueves por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el desahucio programado para este jueves, que se comunicó al Ayuntamiento de Cornellà, se acordó tras un juicio verbal por impago de alquiler. El propietario del piso había presentado una demanda en noviembre del 2017 denunciando que el inquilino acumulaba siete mensualidades sin que desde esa fecha haya constancia de que se haya producido otros abonos.
El pasado enero se notificó al inquilino la demanda interpuesta, pero la víctima no compareció ni solicitó abogado de oficio. El 13 de marzo, según el TSJC, se paralizó otro intento de desahucio y se notificó una nueva fecha para el 22 de marzo. Un día antes el hombre acudió por primera vez a los servicios sociales municipales, que informaron de la precaria situación de la pareja al juzgado, por lo que se volvió a paralizar la ejecución.
El piso donde iba a ser desahuciado Jordi formaba parte de la cartera de activos inmobiliarios dudosos Quasar que pertenece al Banco Santander (49%) y al fondo inmobiliario Blackstone (51%), Fue el Popular quien inició el desahucio de Jordi y María por impago de la renta, pero posteriormente pasó la gestión del inmueble, como del resto de la cartera, a los ‘servicers’ (gestores inmobiliarios de la banca) Aliseda y Anticipa, que son quienes se encargan del día a día de los inmuebles.
