Para evitar la entrada de la empresa pública en causa de disolución, la SEPI "libera" otros 157 millones de euros para tapar el agujero patrimonial de Navantia. Desde el año 2015 el hólding público ha destinado más de 600 millones de euros en enjugar las millonarias pérdidas de los astilleros públicos
Los mensajes de optimismo que la presidenta de la SEPI, Pilar Platero, se ha empeñado en lanzar en las últimas semanas sobre la situación y el futuro de Navantia, es decir, los astilleros públicos, contrastan radicalmente con una situación financiera que solo se puede calificar de desastrosa.
Según las cuentas anuales del Grupo SEPI correspondientes al ejercicio de 2017, que acaban de ser publicadas, el Grupo Navantia perdió en 2017 389 millones de euros, un 28% más que en el ejercicio anterior, y fue el principal causante de las pérdidas de 228 millones de euros con las que el Grupo SEPI cerró el ejercicio.
El agujero en las cuentas de los astilleros ha obligado a la SEPI a activar la enésima operación de rescate de Navantia mediante la inyección de 157 millones de euros extra en fondos públicos a la sociedad, según un acuerdo alcanzado en su Consejo de Administración del pasado 23 de marzo, según se revela en sus cuentas anuales.
El hólding público se ha visto obligado a actuar después de que el patrimonio neto de la empresa pública de astilleros se situara al cierre del pasado ejercicio en 1,64 millones de euros y, por tanto, "en situación patrimonial de disolución", según se recoge en las Cuentas Anuales del Grupo SEPI correspondientes a 2017. La sociedad tendrá que tomar medidas tendentes a conseguir el equilibrio patrimonial.
La operación de rescate de Navantia se concretó en la concesión de un préstamo participativo por importe de 140 millones de euros y en la transformación de préstamos de proyectos de I+D por valor de más de 17 millones de euros en préstamos participativos para apuntalar la situación patrimonial de la sociedad, que según establece la Ley de Sociedades de Capital deberá ahora reducir su capital en el transcurso de este ejercicio.
Una factura global de más de 600 millones de euros
No es la primera vez que la SEPI debe abordar una operación de este tipo para taponar el agujero patrimonial de los astilleros públicos. Desde mayo de 2015 el Grupo Navantia ha recibido inyecciones de fondos públicos por un montante superior a los 600 millones de euros para estabilizar su situación patrimonial y evitar su quiebra, ante la recurrencia de los números rojos en su balance.
La primera operación de esta naturaleza tuvo lugar el 29 de mayo de 2015 cuando SEPI y Navantia acordaron la transformación de la financiación recibida por los astilleros para la realización de proyectos tecnológicos de desarrollo industrial por valor de 128 millones de euros en préstamos participativos, que tienen la ventaja de que se computan en el patrimonio neto de la compañía y evitan que entre en causa de disolución. En diciembre de ese mismo la SEPI arbitró otra operación de la misma naturaleza por valor de 78,9 millones de euros y habilitó otro préstamo participativo por 60 millones, según consta en la Memoria del Grupo Navantia correspondiente al ejercicio de 2016.
Durante 2016 se produjeron otras dos operaciones similares que proporcionaron un capital extra de 93 millones de euros al grupo empresarial que aglutina los seis astilleros públicos que aún operan en España, de modo que al cierre de ese ejercicio los préstamos participativos de SEPI en la compañía ascendía a 360 millones de euros.
Las pérdidas de 303 millones de euros registradas por la empresa pública de astilleros en 2016 obligaron al hólding presidido por Pilar Platero a una nueva inyección de 90 millones de euros en préstamos participativos, que este año casi se han duplicado después de que el grupo presentara unas pérdidas de 389 millones durante el ejercicio pasado. Los astilleros públicos estatales perdieron el 50% de su cartera de pedidos durante la crisis.
