Según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Trabajo, la actividad inspectora ha detectado fraude laboral en uno de cada seis empleados en Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Unos, la mayoría de los casos detectados, por obligar a los trabajadores a seguir trabajando a pesar de contar la empresa con un ERTE de suspensión de contrato. Otros, por trabajar los empleados más horas de las que estaban reconocidas por el correspondiente ERTE de reducción de jornada.
Una actividad fraudulenta que se traduce en cifras escandalosas: casi 5.500 empresas han sido sancionadas por fraude en los ERTE. En concreto, se han detectado irregularidades en 5.459 empresas —de las 33.553 que han sido inspeccionadas— cuyas multas alcanzan la cifra de 26 millones euros, según han facilitado desde el ministerio. Todavía quedan pendientes 5.583 expedientes, por lo que se espera que el número de fraudes sea aún mayor.
El incremento de inspecciones forma parte del plan del Ministerio de Trabajo. En el trabajo en el campo, las inspecciones llegaban a multiplicarse por cinco y se detectaba fraude laboral en una de cada tres, confirmándose así la explotación, en muchos casos cercana a la semiesclavitud. Un impulso a la Inspección de Trabajo que hacía que se regularizasen casi 89.268 contratos en tan solo dos meses, pasando de eventuales a indefinidos.
Los primeros frutos se reflejaron en la regularización sin precedentes de la situación de 28.904 personas empleadas del hogar. Como resultados del incremento de la actividad inspectora, se han transformado, solo este año, más de 155.905 contratos que eran irregulares y que ahora se han convertido en indefinidos. Una labor inspectora gracias a la que, entre 2020 y 2021, ya se ha recuperado un importe por expedientes liquidatorios que alcanza los 93,3 millones de euros.
