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EDITORIALEn la pasada editorial decíamos que no podíamos tratar lo relacionado con la pandemia del más reciente de los coronavirus, el Covid-19 (Sars-CoV-2), ya que no teníamos la perspectiva necesaria para aportar valoraciones mínimamente contrastadas. Aún hoy, cuando se cumplen exactamente tres meses del comienzo del Estado de Alarma, hay datos que pueden dar un acercamiento a lo que ha ocurrido hasta este momento, pero no de manera definitiva. No seremos nosotros quienes tengamos que salir en defensa de este Gobierno, ni de ningún otro. Pero de ahí, a un ataque furibundo contra todo lo que ha hecho, llegando a llamarles asesinos, responsabilizándolos de las cerca de veintiocho mil muertes por coronavirus, hay un abismo.
La ultraderecha española, siguiendo a sus mentores americanos, con el asesoramiento directo de Steve Bann, responsable de la campaña de Trump, para ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un verdadero campeón mundial en fake new (noticias falsas- bulos periodísticos de desinformación), misoginia, xeno-fobia, y teorías conspiratorias. Aquí, ha sido Vox quien mejor ha desarrollado el método de combinar bulos, memes y bots, contra el nuevo Gobierno, con la única intención de derribarlo a toda costa. El Partido Popular, perrito faldero de la derecha franquista, se ha subido al carro de la mentira y la desvergüenza. Parece que todo es válido con tal de conseguir sus propósitos. Porque una cosa es la crítica política y su oposición al Gobierno, utilizando la libertad de expresión, que tanto piden cuando están en la Oposición (ellos que por decreto/ley impusieron la LEY MORDAZA, piden libertad para sus ideas), pero se la niegan a los demás cuando están en el poder. Una cosa es la libertad de expresión y otra muy distinta es la utilización de mentiras y bulos para intoxicar a la ciudadanía, con el único fin de llegar otra vez al Gobierno, sin pasar por las urnas. Cuando llegue la hora de pedir responsabilidades, no nos quedaremos con la boca callada, muchas cosas se han hecho mal, pero tampoco caeremos, a pandemia casi pasada, en dar recetas de lo que se tenía que haber hecho sin saber lo que se nos venía encima.
Lo que sí sabemos con certeza es que ya han muerto 27. 136 personas, que 243.209 han sido infectadas y que 150.000 se han curado. Que las infraestructuras sanitarias no estaban preparadas para la pandemia, que los recortes en Sanidad, denunciados por los sanitarios y sanitarias de todo el Estado, ha sido la causa del colapso en los hospitales, la reducción drástica de camas hospitalarias y de personal ha sido clave en que se haya tenido que recurrir a las empresas privadas y al ejército. A pesar de todo, sólo en Madrid había más de 3000 camas disponibles en hospitales públicos, que no han sido utilizadas, mientras que se ha recurrido a soluciones políticas de marcado carácter propagandístico, como el montaje de un hospital de campaña montado para “mayor honra y gloria del ejército español (UME), y que ha costado tres veces más de lo que hubiera costado en la sanidad pública. El “milagro” de Ifema, ha costado 19’4 millones de euros. Eso no ha sido ningún milagro, más bien, un auténtico chollo para los amiguetes de los que “gobiernan” la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid: Eurest Collectividades (el más beneficiado, con 4 millones en restauración, menú de 10,56 euros a 19 euros), Serunión (3’98 millones) Clece, filial de ACS (Florentino Pérez, con 3’97 millones), Sociedad Española de Carburos Metálicos (2 millones), Severiano Servicio Móvil (1,466), Ilunión, Ferrovial, Telefónica, Soluciones de Informática, DHL, NH, Room Mate (Kike Sarasola, el casero de Isabel Ayuso), etc.
Como la cuestión de la pandemia (con sus seis prórrogas de Estado de Alarma: 27 de marzo, 10 de abril, 24 de abril, 8 de mayo, 22 de mayo y 5 de junio) y sus consecuencias, sociales, económicas y políticas va para largo, vayamos a un tema de suma importancia para una considerable parte de la población española (850.000 familias), el cual se conoce como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), y que afectará a 2’3 millones de personas. Es la medida estrella del Gobierno de Coalición entre el PSOE y Unidas-Podemos. Como su mismo nombre indica es un mínimo económico para poder vivir con cierta dignidad, no es una solución al grave problema de la pobreza estructural en España, pero al menos muchas familias no tendrán que hacer colas a las puertas de centros asistenciales y de los aberrantes locales que la Iglesia católica tiene bajo el nombre, de por sí denigrante, de Cáritas Diocesanas. Porque ¿qué se puede hacer con 461 euros al mes? Desde luego, contratar un plan de pensiones privado no parece viable.
Fue el pasado 10 de junio cuando se aprobó en el Congreso de los Diputados por 297 votos favorables, 52 abstenciones, sin ningún voto en contra el INGRESO MÍNIMO VITAL, el cual tiene un mínimo de 461 euros por persona y un máximo de 1.050 por familia. Ese día se convalidó el Real Decreto/ley 20/2020 de 29 de mayo. Aunque la derecha (PP), se quiso apuntar el tanto, diciendo que ellos ya lo tenían desde hace mucho tiempo en las comunidades que ha gobernado, la patraña dialéctica no coló. Ni lo han hecho ni estaba en su retorcida mente o en su programa electoral ponerlo en marcha, pues tiempo en el poder han tenido para hacerlo, ellos que tanto saben de clientelismo, ahora se quejan de que con estas medidas lo único que se pretende es obtener votos electorales. Qué otra cosa, si no clientelismo puro y duro, han tenido en las comunidades autónomas de Galicia (Fraga y Feijóo), Murcia (Valcárcel) y Madrid (Esperanza Aguirre y Ana Botella), por poner tres ejemplos más significativos de su poder autonómico.
Lo del IMV, no es una ocurrencia del nuevo gobierno, social-comunista-bolchevique- bolivariano, amigo de terroristas -según el argumentario de la derecha- sino que es consecuencia del marco comunitario, lo que se conoce como el Pilar Europeo de Derechos Sociales, en cuya Cumbre social en favor del empleo justo y el crecimiento, celebrada en Gotemburgo-Göterbog (Suecia) en noviembre de 2017, apostaba por derechos sociales nuevos y más efectivos. El principio 14, de los 20 fundamentales de que consta el Pilar, está dedicado a la renta mínima: “Toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, así como acceso a bienes y servicios de capacitación. Para las personas que pueden trabajar, las prestaciones de renta mínima deben combinarse con incentivos a la (re)integración en el mercado laboral”.
Como siempre, la derecha y la ultraderecha coge de la Constitución española lo que le interesa (artículo 155, sobre todo), pero soslayan el 41, que se refiere a protección de la población en casos de crisis económicas (2008) o de emergencias sociales (Covid-19). Ese artículo otorga al régimen público de la Seguridad Social el garantizar la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad. Veamos lo que dice literalmente dicho artículo: “Los poderes públicos mantendrán un régimen de Seguridad Social, para todos los ciudadanos, que garanticen la asistencia y protecciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. Más claro, blanco y en botella.
Por lo tanto, lo que se ha aprobado en el Congreso de los Diputados no es una “paguita”, es un derecho recogido en la Constitución, y que la derechona española, de corte fascista, pone tanto interés en defenderla, sólo cuando se trata de mantener a ultranza sus muchos privilegios, sobre todo los de tipo económico y rancio patriotismo. Ellos prefieren ver como miles de personas se humillan para recibir una mísera limosna de las organizaciones religiosas católicas: Banco de Alimentos del Opus Dei o de las parroquias a través de Cáritas. La derecha franquista siempre ha potenciado la caridad en vez de la justicia social. Esa derecha, al servicio total de los ricos, fue la que en vez de ayudar a las familias que se quedaron sin ingreso, debido a la crisis económica (2008) montada por ellos, se dedicaron a echar fuera de sus viviendas a miles de familias que no podían pagar la hipoteca de sus pisos o los altos alquileres de estos. Sin embargo, acudieron presurosos a salvar a la Banca, con más de 90 mil millones de euros, de los cuales no se han devuelto ni un 10%. Y eso que De Guindos dijo, por activa, pasiva y perifrástica, que no les iba a costar ni un euro a los españoles (se ve que las españolas estaban exentas).
El real decreto consta de 9 capítulos, 27 artículos, 5 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 11 disposiciones finales y 2 anexos. Frente a la insolidaridad con los más desfavorecidos por parte de la derecha y su brazo espiritual (arzobispo Cañizares a la cabeza), diciendo que vamos a tener una sociedad subsidiada, que estas medidas servirán de “efecto llamada” para los emigrantes, y que la gente no buscará trabajo, sino que vivirá de la “paguita”, a todos ellos y ellas les proponemos que durante un año, como mínimo, vivan con esa paguita, a ver si llegan a fin de mes o tienen para ir a pistas de padel o tenis, carreras de caballos, campos de golf, cruceros por el caribe o fiestas del Rocío. ¿Con esa suculenta paguita podrían pagar sus chalés o sus discriminatorios colegios del Opus Dei de manera permanente? No hay que hacer caridad cristiana, agnóstica o atea, aquí lo que se tiene que hacer es justicia distributiva de la riqueza que está en manos de unos pocos. Que no haya la brutal evasión fiscal de grandes empresas y que las enormes fortunas millonarias, como se hizo en Estados Unidos, tras el crac financiero del 1929, sean quienes aporten los recursos económicos necesarios para salir de las crisis cuando éstas llegan, y que no se dediquen a hacer “simbólicas donaciones” que desgravan en la Declaración de la Renta.
Para finalizar este apartado, veamos lo que dice el Decreto/Ley en su capítulo III, porque en él está el quid de la cuestión referida al IMV: “Esta prestación nace con el objetivo principal de garantizar, a través de la satisfacción plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica, rompiendo el vínculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en el ámbito laboral, educativo, social de los individuos. La prestación no es por tanto un fin en sí misma, sino una herramienta para facilitar la transición de los individuos desde la exclusión social que les impone la ausencia de recursos para una situación en la que se puedan desarrollar con plenitud en la sociedad”. Esos son hechos y no las buenas palabritas de obispos (subvencionados durante centenares de años) y políticos que fomentan la caridad.
Aunque lo que de verdad le preocupa a la derecha corrupta (PP), y su versión neonazi (VOX), no es el incalculable sufrimiento asociado a la crisis económica, causada por el Covid-19, ni el dolor inimaginable que tienen que padecer quienes fallecen en soledad, alejados de sus seres queridos. Tampoco el miedo y la incertidumbre que pesará durante muchos meses en tantas personas mayores. No. Lo que verdaderamente le infunde pavor, sin límites, es que de esta crisis salga un país comprometido y animoso, un país que se sienta superador de un desafío formidable. Ellos y ellas quieren un país de derrotados, humillados y ofendidos; a la derecha no les importa cuáles son las consecuencias nocivas de sus comportamientos ni el daño que causen a la ciudadanía en general con sus teorías conspiratorias basadas en bulos y mentiras, a ellos sólo les importa mantener un estado de ánimo colectivo deprimido, resentido y malsano. Esos prefieren un hábitat tóxico.
Porque, digámoslo claro y alto, hay dos maneras de salir de esta nefasta situación: a) salir con sensación de una insuperable hecatombe, de que éste es un país fallido y que somos los peores en todo, esta es la manera que quiere la derecha que nos sintamos, para llegar ellos y ellas como verdaderos salvadores, e imponer sus ideas antisociales. b) mirar para adelante y confiar en una sociedad que ha superado una prueba dificilísima con multitud de ejemplos de sacrificio, altruismo (sanitarios y otros muchos colectivos anónimos y no como han hecho con la vergonzante propaganda militarista de la UME) y una gran responsabilidad de la población en su conjunto, al menos, hasta la fecha de hoy.
Frente al derrotismo de la ultraderecha, frente a sus burdas teorías conspiratorias para derrocar al actual gobierno y ponerse ellos: ¡lucha en los medios de comunicación por la verdad y una gran esperanza en nuestro futuro, más justo y solidario! Orto, cada tres meses, pone su granito de solidaridad para que así sea.
