Andalucía: UGT y la corrupción de los ERE. El "sindicato" colaboracionista deberá pagar 10 millones de euros

El Tribunal de Cuentas ha reclamado 9.745.882 euros al "sindicato" colaboracionista UGT en virtud de un expediente de responsabilidad contable que deriva del caso de los ERE de Andalucía. Hace más de 10 años que se inició la investigación y ha culminado este mes de julio en un acta de liquidación por la mencionada cifra, decisión que ha sido recurrida por el "sindicato socialista" denunciando indefensión. UGT hace constar en su recurso que la cantidad exigida supondrá la paralización de su actividad sindical si implica el bloqueo de fuentes de ingresos y cuentas bancarias, por lo que ofrece responder a la reclamación con su patrimonio inmobiliario como garantía.

El acta de liquidación describe las irregularidades atribuidas a las centrales "sindicales" como actividades relacionadas con “los expedientes de regulación de empleo tramitados en el ámbito de la Junta de Andalucía”, mediante ayudas que no se gestionaron debidamente. En su momento, dichos expedientes de regulación de empleo tuvieron por finalidad de atender a los trabajadores que perdieron su puesto de trabajo y que, “por distintas razones, presentarían dificultades de integración en el mercado laboral”. Las ayudas perseguían, por tanto, amortiguar “el impacto sociolaboral que pudieran causar las crisis de las medianas y grandes empresas radicadas en la comunidad”.

Las ayudas se concedían a “trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo u otro tipo de despido”. Pero fueron incluidos y se beneficiaron de este mecanismo otros “trabajadores que no reunían las condiciones exigidas para ello”, según el Tribunal de Cuentas. La responsabilidad contable, en suma, se derivaría de que este tipo de prácticas dio lugar “a la existencia de unos menoscabos en los fondos públicos de la Junta de Andalucía que estarían constituidos por el importe de las primas correspondientes a las pólizas de seguros de rentas contratadas para la cobertura de estas contingencias”. Todo ello se refiere a los casos de “aquellos trabajadores que indebidamente hubieran sido incluidos en los expedientes de regulación de empleo, en los importes que hubieran sido financiados por la Junta de Andalucía”.

Vadim Damier. La Revolución Española de 1936. Documentos archivarios contra los mitos de los historiadores

Artículo del historiador del movimiento anarquista y anarcosindicalista internacional, publicado en 2016 en la revista histórica rusa

Han pasado ochenta años desde el inicio de la Revolución española, y uno esperaría que después de todo este tiempo las pasiones se hubieran enfriado, dando paso a un análisis sobrio y más equilibrado de aquellos hechos pasados. Y, sin embargo, no se puede dejar de sentir por momentos que la guerra en España tuvo lugar ayer, al menos a juzgar por los debates que se desarrollan sobre este tema en los círculos científicos y pseudocientíficos de la propia España o, incluso, de Rusia.

Por supuesto, esto no es accidental. En cuanto a las relaciones sociales, la Revolución española fue uno de los acontecimientos más profundos del siglo XX, aunque sufrió una aplastante derrota. Sin embargo, demasiadas corrientes sociales y políticas, junto con los partidarios de una amplia variedad de puntos de vista, han interpretado la historia de la Guerra Civil española como la confirmación de sus propios conceptos y opiniones sociales sin tener en cuenta los hechos reales.

No en vano, esta politización extrema ha contribuido al surgimiento de multitud de mitos sobre la Guerra Civil española, que han sido absorbidos, reproducidos y repetidos por los historiadores hasta nuestros días. Especialmente desafortunados a este respecto son los "perdedores de la historia": los anarcosindicalistas españoles. Para ellos, casi no hay quien interceda, a excepción de los activistas de su propio movimiento y algunos historiadores profesionales que casi se pueden contar con los dedos de una mano.

Los mitos sobre los anarquistas españoles y su papel en la Revolución y la Guerra Civil están muy extendidos y son tenaces. Van desde acusaciones de aventurerismo radical, violencia arbitraria, represión masiva, colectivización obligatoria, conspiraciones y el socavamiento del “frente antifascista” hasta afirmaciones de que la experiencia del anarquismo en España demostró la falta de solidez de las ideas anarquistas que casi conducen a la traición de la revolución.

En un breve artículo no hay espacio para examinar todos esos mitos. Desafortunadamente, los historiadores a menudo prefieren seguir el pensamiento establecido o depositar su confianza incondicional en la literatura de memorias (algunas de las cuales tienen un valor dudoso, mientras que otras, como las memorias de García Oliver, deben tratarse con cautela). Y esto se hace en lugar de referirnos a documentos archivarios, que nos permiten refutar fácilmente evaluaciones incorrectas y demostrar que muchas circunstancias deben considerarse de manera muy diferente y que muchos eventos procedieron de manera muy diferente a lo que se afirma en la literatura.

Me centraré en dos temas de la historia de la Revolución española y la Guerra Civil, y trataré de mostrar cómo una apelación a las fuentes de archivo puede cambiar esencialmente nuestras concepciones.

Primero: ¿qué tipo de decisión tomaron los anarcosindicalistas españoles después de la derrota del motín militar en Barcelona del 19 al 20 de julio de 1936?

Casi sin excepción, los historiadores afirman que durante una serie de conferencias y reuniones de los activistas barceloneses y catalanes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y la Federación Anarquista Ibérica (FAI), hubo un acuerdo casi unánime para abstenerse de proclamar el comunismo libertario, declinando así implementar las decisiones del Congreso de la CNT de mayo de 1936 en Zaragoza, a favor de la colaboración con las otras llamadas "fuerzas antifascistas". Es cierto que los historiadores difieren en cuanto a las fechas de estas reuniones y no tienen del todo claro qué se discutió exactamente en cada una de ellas. Sin embargo, los investigadores coinciden en que la mayoría de anarcosindicalistas y anarquistas aprobaron la negativa a proclamar el comunismo libertario, es decir, la realización de una revolución social anarquista. Y esto a pesar de la evidencia de varios testigos y participantes de los hechos (Abel Paz y Liberto Callejas, por ejemplo), que la “base” del movimiento tomó una posición diferente.

El asunto se complica por el hecho de que las actas de estas reuniones no se han conservado (aunque García Oliver afirma en sus memorias que tales actas fueron tomadas). Pero en los archivos de la CNT conservados en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam hay un documento muy interesante que arroja una luz completamente diferente sobre los hechos. Este es el acta de una reunión ampliada del Comité Nacional de la CNT realizada el 29 de julio. Esta fue la primera reunión después del inicio del levantamiento militar, en la que se discutió la situación del país a escala nacional. En estos minutos encontramos:

“El delegado de la Regional Catalana describe la lucha sostenida por nuestra Organizacion, en Cataluña. De su informe se deduce que el triunfo ha obedecido solo y exclusivamente a la participación de los elementos de la C.N.T. y la F.A.I. En la actualidad, y como consecuencia del triunfo quienes llevan la hegemonía en todos los ordenes en Cataluña son ellos. En los pueblos los compañeros ordenan la vida en todos los sentidos (…)

Plante a seguido que la mayoria de la militancia parece dispuesta, como consequencia del predominio de la Organizacion, ir a la instauracion del Comunismo Libertario en toda Cataluña. Afirma que si columnas de compañesros (sic!) que han salido para Zaragoza toman esta ciudad, entonces no habrà posibilida de que la minoria sostenga como hasta aqui al grueso de la Organizacion. Iran repite, a la instauracion de nuestro ideario sin tener en cuenta las condiciones en que se desenbuelvan (sic!) el resto de las Regionales” (1).

Este documento representa la mejor prueba de cómo los anarcosindicalistas evaluaron realmente la situación después de la victoria de Barcelona y cómo pretendían actuar. Implica no solo que la mayoría de los anarcosindicalistas catalanes abogaran por la declaración inmediata del comunismo libertario, sino también que el Pleno de julio no había tomado la decisión de abstenerse de proclamarlo. ¡La organización regional catalana de la CNT decidió sólo posponer este paso hasta la liberación de Zaragoza por parte de las milicias anarquistas! En otras palabras, se decidió no decidir nada todavía. Esta opción se hizo con la esperanza de que la situación cambiara para mejor.

Sin embargo, la CNT y la FAI habían caído en una trampa. Al poner todo en un solo factor y vincular el futuro de la revolución social a la posible liberación de una ciudad (sin importar la importancia), los anarcosindicalistas se encontraron encaminándose por una pendiente resbaladiza que conducía a un callejón sin salida.

Pronto iban a experimentar conmoción y consternación cuando resultó que no podían tomar Zaragoza. De repente tuvieron que poner un nuevo rumbo en condiciones imprevistas. Tuvieron que decidir si proclamar el comunismo libertario y proceder a la revolución anarquista, a pesar del fracaso de sus planes anteriores, o transformar su decisión sobre un período interino de “cooperación antifascista” en una estrategia permanente hasta el final de la guerra

* * *

Según otro mito más, la mayoría de los miembros de la CNT y la FAI posteriormente apoyaron el curso de la “unidad antifascista”, al que se opuso sólo una pequeña camarilla de radicales. Pero las actas de los plenos, conferencias y del congreso regional catalán de la CNT (febrero-marzo de 1937) de los archivos de la CNT y la FAI en Amsterdam muestran un panorama diferente. La influencia de la "posición radical" aumentó gradualmente a principios de 1937, cuando los anarcosindicalistas se vieron cada vez más arrinconados, con la colectivización restringida y los trabajadores desarmados. En un congreso regional extraordinario de la CNT catalana, los delegados de base se quejaron de que se estaban tomando decisiones políticamente significativas sin consultar a sus sindicatos. En la votación, los candidatos “radicales”, los partidarios de acabar con las concesiones a los aliados “antifascistas” y retirarse del gobierno, obtuvieron más del 40 por ciento de los votos (2).

Delegados de numerosos sindicatos criticaron la actuación del gobierno de la república española en los términos más enérgicos posibles, acusándolo de negarse a destinar fondos a Cataluña y sabotear el aprovisionamiento del frente de Aragón. Se culpó a los ministros de la CNT por no cumplir con las decisiones de su organización. Por ejemplo, un representante sindical de las profesiones liberales declaró que si el Comité Nacional consideraba necesario colaborar, debía hacerlo de manera honrada y sincera.

Un delegado del sindicato metalúrgico de Barcelona señaló que hasta ese momento las cosas iban a favor de la UGT a costa de la CNT, y que esta evolución estaba perjudicando la marcha de la revolución. Dijo que los ministros de la CNT y el Comité Regional Catalán de la CNT estaban influenciado por los marxistas y por la Esquerra, y expresó la opinión de que los anarcosindicalistas no necesitaban representación en el gobierno central, y que la colaboración antifascista debería ser directa, no mediada. Para la clase trabajadora, el triunfo del fascismo o del marxismo conduciría a las mismas consecuencias desastrosas, declaró, citando el ejemplo de Rusia.

El apoyo a esta posición fue expresado por el sindicato ferroviario de Lérida, los zapateros de Sitges, los trabajadores de la industria de distribución de Barcelona y los trabajadores de los servicios publicos de Barcelona (ambos grupos también acusaron al Comité Nacional de la CNT de violar las reglas confederales y retener información a los sindicatos). Los obreros de la construcción de Barcelona anunciaron que si la colaboración no se podía realizar de forma honorable, debería interrumpirse. Un representante de los trabajadores de los servicios publicos de Barcelona pidió la pronta convocatoria de un pleno nacional de la CNT, en el que los ministros rendirían cuentas de sus acciones y donde se tomaría una decisión sobre qué hacer a continuación. Un delegado del sindicato de trabajadores de las profesiones liberales de Barcelona señaló que los órganos revolucionarios formados después del 19 de julio habían cedido sus funciones a las estructuras gubernamentales. Exigió la destitución de los ministros de la CNT si la revolución seguía en suspenso, y planteó el tema así: “Hay que preguntarnos si estamos en revolución. Si es así hay que ir a la creación de los organismos adecuados” (3).

El ala radical del movimiento instó a que no se pospusiera la revolución hasta la victoria, sino a que se le permitiera continuar su curso mientras simultáneamente libraba la guerra. La evidencia de la mayor radicalización de las masas anarcosindicalistas proviene del pleno de los grupos anarquistas de Barcelona reunidos del 11 al 12 de abril de 1937, cuyas actas fueron publicadas por el historiador Agustín Guillamon. En este pleno participaron representantes de la “Juventud Libertaria” y los “Comités de Defensa” de los barrios. El pleno exigió la retirada de los anarquistas de todos los órganos gubernamentales y declaró que "toda forma de gobierno es por esencia reaccionaria y, por ende, contraria a toda revolución social". Pidió la convocatoria el 1 de mayo en Valencia de un pleno peninsular de la FAI para desarrollar propuestas concretas y la coordinación de las fuerzas necesarias para implementar estas decisiones (4).

Cabe mencionar que los opositores a los anarquistas en el "campo republicano" se prepararon para un enfrentamiento decisivo. El historiador ruso Alexey Masterkov ha descubierto un informe del especialista militar soviético coronel Terekhin en el Archivo Militar del Estado Ruso (RGVA). Terekhin informó a Moscú que a principios de mayo de 1937 el estado mayor republicano envió tropas blindadas en Valencia y en la carretera a Barcelona, basándose en denuncias “sobre la preparación de un motín a gran escala en las regiones de Barcelona y Valencia y las ciudades entre ellas" (5).

Todos estos documentos nos obligan a reevaluar las nociones sobre el supuestamente robusto “frente antifascista” que fue socavado por los “radicales”. De hecho, esta alianza antifascista fue percibida como antinatural tanto por las masas anarcosindicalistas como por el liderazgo de los comunistas y republicanos. En este sentido, los sucesos de mayo de 1937 deben ser vistos no como una especie de "ruptura", sino como el resultado lógico e inevitable de la creciente contradicción entre los puntos de vista y las posiciones de fuerzas y tendencias incompatibles, que ya había resultado en una “guerra civil dentro de la guerra civil” con miles de bajas.

REFERENCIAS:

(1) Acta de la reunión del Comité Naciónal celebrada el día 29 de julio de 1936, p. 1 // Instituto Internacional de Historia Social (IISG, Amsterdam). Archivos CNT (España). 79B. Actas y resoluciones, plenos y reuniones. 1936. No. 1. Acta de la reunion del Comité Nacional, 29/07/1936.

(2) 12a. Sesión del Congreso regional de sindicatos de Cataluña, págs. 4-5 / IISG (Amsterdam). Archivos CNT (España). Archivo de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña. 34A. Actas, dictamenes e informes. 1936-1938. No. 2. Actas de congresos y plenos regionaless, 1936-1938.

(3) Acta de la octava sesión del Congreso regional de sindicatos de Cataluña, págs. 3-11 / IISG (Amsterdam). Archivos CNT (España). Archivo de la Confederación Regional del Trabajo de Cataluña. 34A. Actas, dictamenes e informes. 1936-1938. No. 2. Actas de congresos y plenos regionales. 1936-1938.

(4) Para materiales del pleno, ver: Agustín Guillamon, Los Comités de Defensa de la CNT en Barcelona (1933-1938). De los Cuadros de defensa a los Comités revolucionarios de barricada, las Partullas de control y las Milicias populares, (Barcelona: Aldarull Edicions), 2011, pp. 181–207.

(5) Archivo Militar Estatal Ruso (RGVA). Fondo 35082, inventario 1, expediente 73, p.162–160 (la numeración de las páginas está invertida). El autor agradece al historiador militar Alexey Masterkov por proporcionar una copia de este documento.

Publicado en ruso: “Istoricheskaya Ekspertiza”. 2016. No.3. P.145–151

Fuente: web KRAS MAT. Sección Rusa AIT

Estrasburgo examina si los jóvenes de Alsasu tuvieron un juicio justo

El objetivo final del caso Alsasua es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que aún no ha cerrado sus puertas. A principios de este año, los abogados defensores de los ocho jóvenes alegaron en un recurso de apelación que no habían tenido un juicio justo y, según Altsasu Parents, Ainara Urkijo, Jokin Unamuno, Iñaki Abad, Aratz Urrizola, Julen Goikoetxea y Jon Ander Coben ratificaron las apelaciones. La cuenta de Twitter de los padres de Alsasua confirmó que los abogados habían recibido la notificación: «Es probable que el resto de los recursos sigan el mismo camino».

En enero, la abogada Amaia Izko le dijo a BERRIA que esperaban al menos la aprobación del procedimiento. «Hemos presentado demandas porque estamos convencidos de que estas violaciones se han cometido y porque estamos convencidos de que Estrasburgo puede corregirlas si así lo desea, como ha hecho en otros casos».

En los recursos alegaron que se violaron sus derechos de defensa, incluso porque la jueza que presidía la Audiencia Nacional era Concepción Espejel. Espejel está casado con un coronel de la Guardia Civil y fue galardonado con el Premio al Mérito de la Guardia Civil. En la demanda, la defensa, argumentando que tenía “vínculos afectivos y psicológicos”, cuestionó su imparcialidad ante la Audiencia Nacional, pero la desestimó. Uno de los abogados también cuestionó la imparcialidad de los otros dos jueces, Eloy Velasco y José Ramón Navarro.

Otro argumento de la defensa es que se violó su derecho a un juicio justo y que hubo varias irregularidades en la demanda. También explicaron que se les habían impuesto sanciones desproporcionadas en sus apelaciones.

Una vez aprobado el procedimiento, corresponde a la Corte de Derechos Humanos examinar todo esto. En enero, durante una manifestación en Pamplona, ​​los jóvenes y sus familiares destacaron que el camino por delante sería «complejo» pero «esperanzador». Por ahora, al menos, el tribunal de Estrasburgo no ha cerrado la puerta.

Fuente: Berria.eus

Secciones sindicales

El sindicalismo nació de las antiguas sociedades gremiales de resistencia y apoyo mutuo como organización obrera en defensa de los intereses de la clase trabajadora, de las condiciones laborales y de lucha contra el sistema capitalista, y por un modelo social más justo para las clases productivas, alienadas, dependientes de la clase capitalista y condenadas a la miseria o a la precariedad en su gran parte.

El capitalismo utilizó una fuerte represión (patronal, policial, judicial, penitenciaria o paramilitar) para destruir el sindicalismo. Sindicalistas, que además, como clase trabajadora, dependían para subsistir del capricho de los capitalistas de darles trabajo o no y pagarles o no.

Sin embargo, ni aun así lograban terminar con las reivindicaciones laborales. El capitalismo es un permanente e inevitable conflicto de intereses entre clases antagónicas: la parte que se llevan los capitalistas lo cobra de menos la clase productiva, y a la inversa. En economía básica: beneficios y costes, beneficios empresariales y gastos variables, que así es como se denomina en economía capitalista a las personas trabajadoras.

En esas condiciones propias del sistema capitalista, de tiranía del capital sobre el trabajo, siempre habrá, en mayor o menor grado una lucha o protesta obrera, mientras la gran parte de la sociedad dependa de un salario, que ni tan solo tiene garantizado, tenga que vender su vida, su tiempo, fuerza, conocimientos e inteligencia, para producir para un tercero que se apropia del fruto del trabajo, del que no tienen ningún control, ni qué producen, ni para quién, ni cómo, a menudo intoxicándose a sí mismo, o contaminando -sin poder hacer nada para evitarlo- su propio entorno de vida, fabricando objetos de consumo inútiles, o que en ocasiones, aunque los produzca, nunca los podrá disfrutar.

Con la aparición de los regímenes “democráticos”, donde la población gobernada legitima al Estado escogiendo sus propios amos políticos, el sistema capitalista entendió las grandes ventajas que le iba a reportar el trasladar ese mismo sistema electoral/parlamentario al mundo sindical. Por ello, todas las “democracias” capitalistas han impuesto ese sistema en el mundo laboral con las particularidades y denominaciones concretas de cada país.

Al fin y al cabo, se trata de la estrategia de “divide y vencerás”: el capitalista en lugar de enfrentarse a toda su plantilla, les obliga a escoger un/a trabajador/a (delegad@ de personal) o vari@s (comité de empresa, si la empresa o el centro de trabajo tiene más de 50 empleados). Est@s delegad@s van a tener una serie de privilegios: horas sindicales remuneradas que no tendrán que trabajar (pudiendo estar incluso completamente liberados de trabajar), protección frente al despido y poseerán en exclusiva el derecho de información y de decisión sobre el conjunto de condiciones laborales que afectan a toda la plantilla, y que por ley (al igual que en el parlamento político) solo ellos detentarán en nombre de todas.

Por supuesto, las horas sindicales (en función del número de plantilla) y las subvenciones o recursos con los que se dota a los sindicatos, pueden aumentar en función del grado de satisfacción que la empresa tenga con las acciones de dichos sindicatos subvencionados, al igual que sucede con los sobornos o favores a los delegados escogidos. Recordemos la máxima de “el poder corrompe”, y la patronal sabe agasajar bien, pues recursos no le faltan.

Por otra parte, con este sistema de elecciones y comités de empresa, se divide y enfrenta a los sindicatos que presentan candidaturas electorales, pues deberán competir con el resto por los votos y las plazas en el comité de empresa, para no desaparecer o perder recursos (liberados y subvenciones, ya que las subvenciones estatales se reparten en función del número de delegados obtenidos). La conveniente unidad obrera y sindical para lograr presionar a la empresa, que tiene todo el poder de decisión, queda rota en una batalla y competencia sindical.

Así se burocratiza inexorablemente a los sindicatos que participan de este sistema: los dirigentes sindicales son retribuidos, para pagar sus salarios requieren de subvenciones, y éstas a su vez dependen del número de delegados escogidos. Todos los sindicatos que reproducen este juego, por supuesto también la CGT, tienen “comerciales” que se dedican a captar personas para que se presenten con sus siglas y poder cobrar las consecuentes subvenciones.

Sin embargo, el efecto más pernicioso para la clase trabajadora, y por ello el más deseado por el capitalismo en este modelo sindical, es el de vaciar de sentido el sindicalismo: si ya hay un comité de empresa encargado de “defenderme”, de “preocuparse” por las condiciones de trabajo y de decidir en mi nombre, pues para eso los votamos y para eso tienen sus liberados, horas sindicales, etc., ¿para qué me he de organizar, afiliar, interesar o preocupar por ello? Se llega al extremo que muy a menudo ni tan siquiera los delegados de personal o miembros de comité de empresa por un determinado sindicato están afiliados.

Y la minoría que aún quiera luchar por mantener o mejorar las condiciones de trabajo, a menudo se debe enfrentar al comité de empresa, pues toda la información y el poder decisión están en su poder. Por ello, por norma general, los comités se prestan a firmar despidos colectivos, rebajas salariales, convenios regresivos, tolerar ilegalidades… La información y el poder decisorio está en sus manos y no en el conjunto de la plantilla, y la minoría con poder es fácil de ser presionada, coaccionada o comprada por la empresa, de la que no dejan de ser asalariados.

En último término, los sindicatos subvencionados a los que pertenecen los delegados de los comités de empresa, reciben enormes subvenciones de las empresas y de las distintas organizaciones patronales, y es difícil morder la mano que da de comer, y de los que dependen la gran parte de sus recursos y con los que poder seguir manteniendo a los dirigentes sindicales liberados.

En suma: las elecciones sindicales y los comités de empresa usurpan el poder de decisión del conjunto de la plantilla sobre sus condiciones de trabajo y su propio empleo, en favor de una minoría privilegiada y fácil de corromper o chantajear por parte de la empresa, permitiendo la pérdida de derechos y los despidos colectivos; dividen y enfrentan a los sindicatos por la caza del voto y de los delegados en los comités, a la vez que los burocratizan y hacen dependientes de las subvenciones del Estado y la patronal; y no menos importante, esa práctica de delegación y voto vacía los sindicatos y merma la lucha sindical.

Por todo ello, la CNT-AIT siempre se ha opuesto tanto a las subvenciones con las que se compran los sindicatos, como a los jerárquicos comités de empresa. Las decisiones, la información, las propuestas, la discusión y las acciones que afectan al conjunto de la plantilla, se deben debatir y decidir en igualdad de condiciones en las asambleas de empresa o centro de trabajo donde todas las trabajadoras son iguales y tienen voz y voto. Así se garantiza decisiones tomadas por todas las personas afectadas y se permite y favorece la participación.

Y como forma de organización y lucha, la CNT-AIT defiende las secciones sindicales, que son las agrupaciones de personas afiliadas a un sindicato en una empresa. Las secciones sindicales legalmente tienen las mismas armas sindicales (huelga, conflicto colectivo, firma de convenios, denuncias…) que un comité de empresa, pero no pueden decidir en nombre de toda la plantilla, pues tampoco queremos hacer eso. La plantilla sólo puede decidir en asamblea y nadie debería imponer sus intereses en su nombre.

No te pedimos el voto ni que delegues y confíes en nosotras. Confía en ti, afíliate, organízate, lucha y decide por ti misma, entre iguales, sin dirigentes liberados, sin subvenciones -con plena autonomía-, para defender tu puesto de trabajo, tus intereses –que nadie va a defender si tú no lo haces-, y para combatir este sistema genocida y ecocida por uno más humano y racional, gestionado colectivamente y al servicio de toda la sociedad, y no de una minoría poderosa e insaciable.

O votas, callas y reproduces el sistema, o dejas de tragar y te organizas para cambiar las cosas. Afíliate y lucha en la CNT-AIT.

Grupo de Acción Sindical

CNT-AIT

Airbus va a a cerrar su factoría de Puerto Real

Airbus va a a cerrar su factoría de Puerto Real. La decisión está tomada por parte de la compañía aeronáutica, aunque esas palabras no hayan salido por boca de ninguno de sus portavoces, que hablan en todo momento de "traslado". Ese traslado supone en la práctica el cierre de las instalaciones de Puerto Real, una vez que se consume la transferencia de los alrededor de 350 trabajadores que componen actualmente la plantilla del centro puertorrealeño. 

Según han confirmado fuentes de Airbus, el proceso, pendiente de la planificación definitiva, comenzará «de inmediato» y está previsto que se alargue unos dos años. Será entonces cuando la empresa abandone definitivamente unos terrenos que alojan la industria aeronáutica desde 1998, cuando la entonces Eads-Casa se instaló allí. Sobre los planes del Gobierno de España para reconvertir Puerto Real en un centro aeronáutico 4.0 Airbus guarda silencio. 

El Ministerio apunta en tres peticiones: «la finalización de los planes operativos y de ajuste; el desarrollo de un plan industrial; y medidas de carácter competitivo que tengan su eje central en el futuro de bahía de Cádiz y el resto de los centros en España». Airbus la dio por recibida en esa fecha mediante un comunicado, donde el cuarto punto especificaba que el «centro aeronáutico 4.0» estaría «gestionado por el Gobierno de España», desligándose de su puesta en marcha.

La multinacional con sede en Touluse (Francia) no ha dado un solo paso en falso desde que anunció su reestructuración en España, con Puerto Real como principal damnificada. Sus mensajes siempre han sido en la misma línea desde que comenzaron los rumores sobre el cierre: sin confirmarlo, remitiendo a las negociaciones abiertas, pero sin pronunciarse en contrario. El traslado de trabajadores al CBC de El Puerto de Santa María confirma sus intenciones de poner fin a la andadura de Puerto Real como factoría de producción de aviones y deja la responsabilidad de una posible continuidad de este punto estratégico de la bahía gaditana en manos de las instituciones públicas. En ese proceso, la Junta de Andalucía también ha dado un paso adelante para tratar de buscar soluciones alternativas.

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades recalca que la primera opción es la continuidad de la factoría de producción tal y como existe hoy, «no considerándose la mejor solución la sustitución de fábricas por centros de innovación tecnológica». La segunda prioridad es el mantenimiento de todo el empleo. 

Así lo recoge la «Propuesta integral para el sector aeroespacial en la Bahía de Cádiz». Se trata de un documento que refleja el contexto actual de la industria gaditana para ofrecer una alternativa viable a la hecha pública por el Gobierno central. La iniciativa orbita en torno a la creación de un centro de industria 5.0, ligado al hidrógeno verde como combustible sostenible de aviación (SAF) –fijado como estratégico por la Unión Europea para frenar las emisiones de CO2–. En concreto, el estudio señala que «en caso de que Airbus confirme el cese de la actividad productiva en Puerto Real, la Junta de Andalucía propone un centro de industria 5.0, concepto que aúna la digitalización de los procesos de fabricación mediante la incorporación de tecnologías habilitadoras 5G, IoT, Inteligencia artificial o big data, junto con la incorporación de nuevos modos de energía sostenibles», «con especial atención al uso de SAF y de hidrógeno verde». 

El documento, de cuatro páginas, analiza el contexto industrial de la bahía y concluye que «la actual factoría de Airbus en Puerto Real no debería dedicarse exclusiva y prioritariamente a un Centro Aeroespacial de Innovación en Industria 4.0», ya que la propia Junta ya avanza en la construcción del Centro de Fabricación Avanzada (CFA) en terrenos de Navantia, dos centros similares «separados dentro de una distancia de 29 minutos en vehículo». Estos argumentos son los que la Consejería esgrime para persuadir a Airbus de que continúe con su idea de desmantelar Puerto Real, una decisión que se torna cada vez más complicado revertir.

Disponible el nuevo ejemplar de Solidaridad Obrera Nº 380. Julio 2021

Ya puedes descargar y leer el nuevo ejemplar de "Solidaridad Obrera" Nº 380 Julio 2021 III Época Organo de la Confederación Regional del Trabajo de Catalunya. Portavoz de la CNT-AIT .

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Estado español: el mercado laboral está enfermo por culpa de la precariedad y los abusos de la Patronal

El mercado laboral está enfermo por culpa de la  precariedad y los abusos de la clase empresarial. Así de claro.

El porcentaje de trabajadores y trabajadoras en riesgo de mala salud mental es del 60,6% en 2021, es decir un 5,5% más que en 2020. Por tanto, se produce un empeoramiento de la situación desde el año 2016 en el que la cifra era del 23,8%. Por otro lado, un 52,7% de los trabajadores considera que su salud empeoró durante la pandemia, eso es un incremento de 16 puntos porcentuales respecto a 2020.

El riesgo de mala salud mental presente en el conjunto de la población asalariada de España es del 60,6% en 2021, frente al 55,1% de la encuesta realizada en 2020. Esto demuestra la gravedad de la situación, dado que este dato fue del 23,8% en la Encuesta de Riesgos Psicosociales de 2016 (ERP 2016), basada en una muestra representativa a nivel nacional donde la salud mental se midió de idéntica forma.

El riesgo de mala salud mental también presenta una variación por edad de manera que los jóvenes de 16 a 34 años se ven más perjudicados que los mayores de 50 años; concretamente un 14,6% más. Aun así, todos los tramos de edad se sitúan por encima del 50%.

La suficiencia del salario para cubrir las necesidades básicas del hogar también marca una diferencia en cuanto al riesgo de padecer mala salud mental de manera que, entre aquellas y aquellos que tienen cubiertas dichas necesidades por su salario el riesgo es del 52,3%, esto es un 8,3% más bajo que la media de la población tomada en su conjunto y un 21,5% más bajo que el de aquellos cuyo salario no cubre sus necesidades básicas.

Por otro lado, según el informe, el riesgo de mala salud mental ha aumentado para ambos grupos durante este último año, pasando de un 48,7% a un 52,3% entre quienes sí tienen cubiertas sus necesidades económicas y de un 67,2% a un 73,8% entre los que no las tienen cubiertas. Así pues, el mayor aumento (6,6%) se ha producido en el grupo que ya estaba peor de entrada.

Empeora la salud general

Un 52,7% de los trabajadores considera, según el informe, que su salud en general empeoró durante la pandemia, eso es un incremento de 16 puntos porcentuales respecto al informe de 2020 El empeoramiento de la salud es más prevalente entre las mujeres (57,2%) que entre los hombres (48,8%) y en ambos casos aumenta respecto al 2020.

Un 61,7 % de los trabajadores cuyo salario no cubre las necesidades básicas empeoró su salud durante la pandemia, este porcentaje es un 18% más que en el año 2020, y un 14,1% más que aquellos cuyo salario sí cubre las necesidades.

Entre las ocupaciones seleccionadas, los trabajadores en puestos de auxiliar de enfermería (65,5%), de gerocultor/a (65,4%), de vendedor/a en tiendas de alimentación y productos de primera necesidad (64,2%), de ayuda a domicilio (62,9%), de ayudante de cocina (61,1%), de médica/o con atención directa a pacientes (60,6%) y de auxiliar de emergencia sanitarias (60,2%), son las que más declaran empeorar su salud, entre 8 y 13 puntos porcentuales por encima del porcentaje global que ya es muy alto.

Consumo de tranquilizantes

En el informe de 2020, el 21,5% de los trabajadores había consumido tranquilizantes en el último mes. Este porcentaje se ha incrementado ligeramente en el 2021 pasando a ser del 23,9%. Se observa la misma diferencia de género que en 2020: el consumo total fue superior en mujeres que en hombres (29,6% frente a 18,4%).

Entre las personas cuyo salario no permite cubrir las necesidades básicas del hogar hay bastante mayor consumo que entre las que sí pueden cubrirlas (31,5% frente a 18,9%).

El 40,2% de los trabajadores en puesto de auxiliares técnico-sociosanitarios en el domicilio y el 37% en el de gerocultora tomaron tranquilizantes/sedantes o somníferos en el último mes.

Aproximadamente, una de cada tres personas en ocupaciones sanitarias también los tomó (técnicas/os auxiliares de emergencias sanitarias y de farmacia, auxiliares de enfermería, medicas/os o celadoras/es y camilleras/os), pero también personas trabajando en otras ocupaciones no sanitarias como limpiadoras/es, ayudantes de cocina, preparadoras/es de comida rápida, trabajadoras/es en tiendas de alimentación o camareras/os.

Todo un clásico: Navantia ha cerrado otro ejercicio en números rojos

Todo un clásico: Navantia ha cerrado otro ejercicio en números rojos. Los astilleros públicos se anotaron pérdidas de 144,8 millones en el año de la pandemia, prácticamente las mismas que en el ejercicio precedente, cuando registraron un resultado negativo de 146 millones. El Covid-19 y la baja captación de contratos, apenas una ampliación de los AOR australianos y los jackets para la eólica marina de Iberdrola, impidieron al grupo continuar reduciendo las pérdidas, ahora que afronta un profundo proceso de transformación tecnológica y organizativa vertebrado en torno a las fragatas F-111 de Defensa y las corbetas de la dictadura Saudí.

La acumulación de resultados negativos continúa erosionando la situación patrimonial de la empresa militarista Navantia y movilizando recursos públicos para sanear sus finanzas. En el pasado ejercicio, el Gobierno inyectó a través de la SEPI 397,9 millones en los astilleros en forma de préstamo participativo, según consta en las cuentas anuales de la empresa. Este mecanismo se repite año tras año para evitar que el grupo quede en causa de disolución o de reducción obligatoria de capital.

Los números así lo exigirían si tenemos en cuenta que acabó el ejercicio con un agujero patrimonial de 1.300 millones. Sin embargo, la ingente cantidad de préstamos participativos concedidos por el Estado, un total de 1.438 millones, contabilizan para el patrimonio neto, lo que permite a Navantia situarse en números positivos de 184 millones a efectos mercantiles.

La cifra de ingresos retrocedió el año pasado hasta los 1.088 millones, un 10% por debajo de los 1.213 millones de 2019. La cartera de pedidos de los astilleros sumaba a cierre del año 7.815 millones. Sin comentarios.

Grupo Moiras: Por qué el anarcosindicalismo no puede sindicar la prostitución

A continuación del anterior número de la Madeja dedicado a Abolicionismo libertario, publicamos hoy un trabajo más extenso, centrado en explicar por qué el anarcosindicalismo no puede sindicar la prostitución sin renunciar a su propia esencia. De acuerdo con los principios expresados en el primer número de nuestra revista, el grupo Moiras nos identificamos y participamos en el anarquismo social y obrero. Nos preocupa su porvenir, que va más allá de unas prácticas, por depender del sentido que les damos a éstas, y de unos ideales de sociedad alternativa. Por eso con la prevención de las infiltraciones capitalistas en el movimiento obrero libertario, nuestro compromiso es pleno. Dirigimos este texto formativo abolicionista, a todo el público en general pero sobre todo a la militancia del movimiento libertario para que se sirva de él como herramienta de trabajo, de reflexión y de acción, las dos formas de trabajo cuya integración ha caracterizado el militar de este movimiento.

Salud y por la abolición, siempre!

Grupo Moiras

Colectivo anarcofeminista, por el resurgir de la federación de grupos de Mujeres Libres.

Para leer documentación: 

Por qué el anarcosindicalismo no puede sindicar la prostitución

Grupo Anarquista Aurora / Karakola Ediciones: Solidaridad anarquista con l@s compañer@s que protestan en Cuba

Muerte al Estado y a la “revolución” que lo necesita:

Comunicado del Grupo Anarquista Aurora y la Karakola Ediciones en solidaridad con l@s compañer@s que salen a las calles en Cuba

Es urgente que el internacionalismo anarquista tome partido y abandone los discursos autoritarios que se aproximan más al marxismo y al comunismo de Estado que a la voluntad por construir sociedades comunitarias, horizontales y despojadas de autoridad cualquiera. En esta tarea necesaria, el Grupo Anarquista Aurora y la Karakola Ediciones mandamos toda nuestra solidaridad a l@s compañer@s cuban@s que desde las perspectivas libertarias se enfrentan en estos días a la tiranía del régimen castrista, así como a las garras norteamericanas. Tenemos los ojos puestos en vuestra resistencia y en vuestros esfuerzos de socavar el poder de ahora y de siempre y de construir la sociedad que anhelamos.

Texto completo: 

En el territorio español prevalecen dos posturas claras respecto a la situación que hoy azota al pueblo y a la clase trabajadora cubana: por un lado, los medios de comunicación afines al poder y una buena parte de la población asume de muy buen grado la intervención occidental y capitalista estadounidense, de manera que no tienen ningún problema para apropiarse e instrumentalizar la oleada de protestas por una vida digna y libre de tiranías que ha estallado en la isla. Por el otro lado, las izquierdas, sobre todo aquellas vinculadas al marxismo y al comunismo de Estado, y sorprendentemente una buena parte de lxs anarquistas, asumen el discurso fácil que el propio gobierno cubano emite: las protestas han sido orquestadas desde Miami, por sectores burgueses y capitalistas que quieren hacer caer el sueño «revolucionario» de 1959. De esta manera, se hace la vista gorda y se dejan estar numerosísimas estrategias de represión, censura y coacción que, desplegadas en otros territorios por parte de gobiernos neoliberales, han escandalizado a toda la comunidad internacional y han sido objeto de condenas y de una gran solidaridad. Por no hablar del paternalismo que rezuma este discurso y que presenta al pueblo trabajador como un inútil manipulable que debe ser guiado hasta su emancipación.

También fue un golpe orquestado desde Miami, según Mariela Castro y el régimen castrista, la marcha del Orgullo LGTBIQ que se celebró hace dos años en La Habana de manera ilegal luego de que el CENESEX anulara la tradicional conga contra la homofobia, y que se saldó con numerosas personas detenidas, heridas y que durante mucho tiempo después fueron escrupulosamente vigiladas por la policía castrista.

La presencia de patriotas y neoliberales en protestas desarrolladas en territorios gobernados por regímenes capitalistas, y el carácter interclasista de muchas de las protestas que brotan de manera espontánea desde abajo y desde los márgenes no nos han hecho meter a todxs lxs activistas en el mismo saco ni ha sido un motivo para condenar las protestas y la manifestación pura y dura de la rabia popular.

Jamás habríamos asumido de buen grado o como un «mal necesario» las detenciones arbitrarias, las muertes y la brutal violencia policial desplegada sobre la clase trabajadora chilena en el estallido social y que hoy día perdura. La censura y los ataques a la libertad de expresión que condenamos y combatimos en España, no pueden ser vistos con buenos ojos si el que lo despliega es un régimen que se dice revolucionario, pero que no deja de ser el viejo armatoste de siempre, con su policía, con su ejército, con su represión, con sus cárceles, con sus servicios de inteligencia, con sus oligarquías, con sus clases explotadas, y que devasta los territorios, asfixia la vida y la condena a la miseria en nombre de la revolución.

Nosotrxs nos negamos a asumir cualquiera de estos discursos maniqueístas y panfletarios que tan solo favorecen y legitiman al poder y al Estado, ya sea el castrista o el estadounidense. Nos negamos a asumir como parte de nuestro discurso anarquista la doble vara de medir con la se que analiza y se valora la violencia institucional y estatal sobre las gentes que habitan los territorios. Nos negamos a avalar, legitimar y aceptar el enfrentamiento y la guerra ficticia a la que el gobierno cubano somete a la clase trabajadora, llamando a lxs «cubanxs verdaderamente revolucionarixs» a enfrentarse en las calles a quienes protestan contra la carestía y contra la tiranía del Estado. Para nosotrxs la única guerra posible es la de clases. El problema no es la gente, no es la clase trabajadora. El problema son los estados, incluido el cubano y cualquiera que se enarbole como del pueblo, y el poder capitalista, racista y patriarcal contenidos en ellos.

La revolución social, la dignidad, la libertad, la igualdad y el comunismo jamás vendrán de gobierno, Estado, institución o partido político alguno. Ni siquiera presentándose como los que llevarán a la clase trabajadora a su emancipación. Todo ello será construido desde abajo, desde la auto-organización de los desposeídxs, desde la autogestión, el apoyo mutuo y la acción directa. De lo contrario, aquello a lo que llaman revolución se convierte en un yugo o en una prisión que atrapa, mata y calla, y para las oligarquías, en un suculento destino para el turismo revolucionario de occidente.

Es urgente que el internacionalismo anarquista tome partido y abandone los discursos autoritarios que se aproximan más al marxismo y al comunismo de Estado que a la voluntad por construir sociedades comunitarias, horizontales y despojadas de autoridad cualquiera. En esta tarea necesaria, el Grupo Anarquista Aurora y la Karakola Ediciones mandamos toda nuestra solidaridad a lxs compañerxs cubanxs que desde las perspectivas libertarias se enfrentan en estos días a la tiranía del régimen castrista, así como a las garras norteamericanas. Tenemos los ojos puestos en vuestra resistencia y en vuestros esfuerzos de socavar el poder de ahora y de siempre y de construir la sociedad que anhelamos.

Un saludo a lxs compañerxs de las organizaciones libertarias que, desde Cuba, nos han escuchado y esclarecido los hechos para construir una perspectiva propia y evitar la trampa de los discursos del poder.

¡El único comunismo posible es el anarquista!

Firman: Grupo Anarquista Aurora y La Karakola Ediciones

SOV CNT-AIT, Madrid: continúa la campaña de recogida de alimentos

Seguimos con la campaña de recogida de alimentos, una campaña que trata de alejarse del asistencialismo subvencionado y que pretende fortalecer las redes y grupos de apoyo mutuo y practicar la solidaridad de clase. Esto supone la participación y acción directa de l@s afectad@s.

Todo lo que nos llega está a disposición de l@s afiliad@s de la CNT-AIT de Madrid, y además en breve empezaremos a hacer aportaciones a otros grupos de apoyo mutuo, reparto y despensas solidarias de la ciudad para apoyar el trabajo que llevan haciendo más de un año.

Si quieres aportar a la campaña, acércate a nuestro local en la plaza Tirso de Molina 5, 2º Izda., en horario de apertura (pincha aqui). Si deseas colaborar de manera regular, tienes cualquier duda, o no puedes desplazarte a los locales para entregar tu aportación, escribe a cntait@sovmadrid.org.

Salud y Apoyo Mutuo

Twitter define como placer sádico a las corridas de toros y bloquea la cuenta de un torero

Twitter ha bloqueado temporalmente la cuenta del torero José Antonio Morante Camacho, conocido como 'Morante de la Puebla', por colgar varios vídeos de la corrida del pasado sábado 10 de julio en el municipio gaditano de Algeciras al considerar que con ello estaba fomentando "placer sádico".

Según la empresa estadounidense, estas publicaciones descritas por Morante de la Puebla como "un momento de la faena de su segundo toro" y "un par de banderillas", incumplen varias de sus reglas. Concretamente las que prohíbe publicar contenido multimedia que muestre "escenas sangrientas gratuitas".

"No puedes compartir contenido multimedia excesivamente gráfico (p. ej. heridas graves, torturas...) La exposición a escenas sangrientas puede ser perjudicial, especialmente si el contenido se publica con la intención de provocar deleite en la crueldad o por placer sádico", ha señalado Twitter, según la captura de pantalla... Y es que, la tortura no es cultura.

El gobierno "socialdemócrata" trae la nueva "mili" obligatoria, la Ley de Seguridad Nacional

Sánchez prepara una normativa que dará plenos poderes al presidente para decretar el estado de excepción y que supondrá la limitación de libertades individuales para situaciones que los gobernantes consideren de manera arbitraria “especiales”, incluido el terrorismo.

El gobierno socialdemócrata prepara nuevamente su artillería legislativa tendente al recorte de libertades, al abuso policial y judicial. Como es habitual tiene que ser un gobierno “de izquierdas” el que haga este tipo de trabajos sucios para defender los intereses del poder, algo que la derecha no se atreve. Tenemos ejemplos históricos, como las principales reformas laborales que han recortado derechos ala clase obrera o, más cercana al caso que nos atañe, la Ley Corcuera de la ‘patada en la puerta’, aprobada por un gobierno ‘socialista’ y que autorizaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a entrar en una vivienda sin el aval de un juez siempre que tuvieran un “conocimiento fundado” que les llevara “a la constancia” de que se estaba cometiendo o se acababa de cometer un delito.

Cuando, por decisión de un presidente del Gobierno, se declare en España un estado de crisis, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir las órdenes e instrucciones que impartan “las autoridades”. Esta normativa, aún en preparación bajo el nombre de Ley de Seguridad Nacional, bebe de la fuente constitucional que regula la mili obligatoria, en concreto el artículo 30 de la Constitución: “los españoles tienen el deber y derecho de defender a España”.

Se justifica esta “Ley de Seguridad Nacional” en la situación vivida de pandemia, aunque el gobierno, aprovechará, como han hecho siempre todos los gobiernos, para meter en el mismo saco a aquellos que les molesten o a los que consideren “terroristas” un vago concepto con consecuencias penales muy graves que lo mismo es utilizado para meter en la cárcel a yihadistas que ponen bombas como a unos chavaletes vascos que tienen una pelea de bar con unos guardias civiles de paisano (Caso Altasu). Suponemos que, como ya se ha hecho en otros momentos de la historia, no está lejos el día en que lxs anarquistas seamos incluidos en el mismo saco. Para echarse a temblar.

Esta ley “de seguridad nacional” amparará al llamado Consejo de Seguridad Nacional, un órgano asesor del presidente integrado por ministros, directores generales, mandos de la Defensa y que preside el Rey.

Además de que esta Ley supondrá un amparo legal para la arbitrariedad del poder contra la población civil, se pretende también que sustituya a todas las iniciativas populares generadas espontáneamente durante las crisis, acciones de apoyo mutuo no reguladas por el Estado en el que la población dio ejemplo de solidaridad y de organización en situaciones límite y sin tutela estatal.

La Ley es amplísima y permitirá a las autoridades desde la requisa temporal de todo tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios o a la suspensión de todo tipo de actividades. La ley excluye el pago de indemnización a quienes sean obligados a realizar una prestación personal para el Estado.

El peligro es que esta ley no especifica cuándo y en qué circunstancias se puede aplicar, por lo que se supone que, además de situaciones de emergencia sanitaria como la vivida con el covid podrá aplicarse en otros aspectos que hagan peligrar el status quo del entramado estatal. Y es que tampoco el artículo 30 es muy concreto a ese respecto, ya que su artículo 4º habla de que “mediante ley, podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública”. La normativa puede también obligar a asociaciones y organizaciones a trabajar para el Estado, no solo a individuos.

La ley puede obligar además a los medios de comunicación a colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo. Aunque en este caso no habrá problemas, porque la sintonía entre los mass media y el poder político y económico nunca estuvo en tan buen momento.

Las principales críticas desde el sistema a este anteproyecto son que, de aprobarse tal cual está ahora, configuraría un escenario en el que se diluye el control jurisdiccional. Además, se pone de manifiesto su indefinición, tanto en los supuestos que darían pie a la eventual suspensión de algunos derechos como en cuáles deben ser las prestaciones personales. Por otro lado esta ley generaría una gran inseguridad jurídica, lo que permitiría la actuación arbitraria de autoridades, jueces y policías ya que no se enumeran ni los supuestos que darían lugar a la anulación de algunos derechos, como el derecho al trabajo, ni se hace listado de cuáles deben ser esas prestaciones personales. En definitiva, esta ley, que da amplios poderes al presidente, es perfecta para generar abusos de autoridad, mucho mayores del que sufrimos actualmente, con la permanente criminalización de los movimientos y protestas sociales.

En cualquier caso si se lleva adelante conllevaría un refuerzo del militarismo y de reintroducción de valores militaristas en la sociedad, como bien dicen los compas de La Tortuga. Será un buen momento para replantearse nuevamente la insumisión al Estado de llevarse a efecto esta ley. La pandemia ha sido un laboratorio de experimentación por parte del poder para ensayar de manera autoritaria la conducción de una crisis. Con esta Ley, dicen desde La Tortuga “ahora ván más allá y van a reimplantar la conscripción, el gran ideal de espiritualización y de la aceptación servil de la sociedad cuartelaria y miedosa que están construyendo”.

Será esta ley un nuevo mecanismo que permitirá al Gobierno imponer a la población prestaciones personales sin necesidad de declarar tediosos y complejos ‘estados de alarma’ que además les son tirados abajo constantemente por los jueces, como estamos viendo estos días.

Se quiere evitar por otro lado, como señalé más arriba, que la sociedad adquiera protagonismo en la autoorganización, lo que ha ocurrido en muchas partes del planeta durante esta crisis y que pone nerviosos a nuestros gobernantes, pues cuestiona sin duda la utilidad del Estado, además de su eficacia. Esta ley vendría a monopolizar desde arriba y no desde abajo, la gestión de situaciones de crisis graves y se impondría por la fuerza contra otras formas de organización alternativas y horizontales.

Nando Tomil (CNA Asturies)