La construcción naval está en su mejor momento, lleva varios años creciendo en toneladas y beneficios, pero, mientras los astilleros españoles y del mundo están desbordados de trabajo batiendo récords, los astilleros asturianos se debaten ante el cierre: Juliana languidece y Naval Gijón se hunde, quieren hundirlo, que no es lo mismo. Seguramente, una de las causas del tirón de la construcción naval es que el transporte marítimo requiere 4 ó 5 veces menos consumo de energía por tonelada y kilómetro que por ferrocarril y aún menos que por carretera. El proceso actual de desarrollo urbano se identifica con las patologías cancerígenas: crecimiento rápido e incontrolado con invasión y destrucción de los tejidos próximos. En Gijón no son suficientes 20.000 pisos vacíos, necesitan incrementar la cifra sin que importe el despilfarro de los recursos disponibles, la destrucción de empleo y lo que sea necesario, incluyendo a los dos astilleros que aún sobreviven y a los miles de trabajadores de los que apenas queda la muestra. El presidente Areces declaró -traicionado por el subconsciente- que «transforma astilleros en ruina en magníficas playas» añadiendo que él es la persona que más ayudó a Naval Gijón, pero olvidó añadir que para cerrarlo, con ayudas a la reconversión, prejubilaciones y destruyendo el área costera de la bahía, insustituible para la construcción naval. La alcaldesa Felgueroso también dice que lidera la construcción naval, pero, siguiendo la huella del presidente Areces, construye urbanizaciones delante de sus magníficas playas, el Acuario encima de lo que fue el astillero del Cantábrico y el Centro de Talasoterapia mar adentro de las propias dársenas, haciendo desaparecer la industria naval de la bahía como se ve en la maqueta municipal. Estos astilleros -y los tres que han desaparecido- no compiten con otros astilleros, sino con la especulación urbana en manos de un gobierno municipal y regional del PSOE e IU cegado por las recalificaciones. Naval Gijón, gobernada por PYMAR, Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, en los últimos cuatro años, desde 2002, no ha presentado los documentos contables obligatorios en el Registro Mercantil: Memoria anual, Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias. Sin estos documentos no puede cumplir con Hacienda y demás organismos públicos; en este astillero, tutelado por el Ministerio de Industria a través de PYMAR, reina la ilegalidad y está al margen de cualquier ley laboral, mercantil e, incluso, penal. En esta situación de bandolerismo no es posible conocer las cuentas ni el destino de los 30 millones de euros recibidos, ni por qué el actual agujero de 100 millones. Pero, aún hay más, el Ministerio de Industria despidió a la auditoría externa que había contratado, bien porque no se acomodaba a los deseos del Ministerio, porque las cuentas eran injustificables o por alguna otra razón que debieran explicar. Así las cosas, la Alcaldesa tiene la osadía de declarar en TVG, el 22 de julio, que «PYMAR (el Ministerio) audita las cuentas del astillero para garantizar las subvenciones públicas recibidas». La comparación de estas cifras es alarmante: el astillero, con una facturación media anual de unos 24 millones de euros, recibe 130 millones de subvención, dinero que, además de desaparecer, se convierte en la ruina adicional del astillero y en vez de ser su salvación lo hunde más. Este importe equivale a los beneficios que podría obtener el astillero en más de medio siglo de trabajo, y aún habría que sumar la gratuita utilización de activos, ausencia de inversiones y amortizaciones, además del abuso de subvenciones por desempleo, prejubilaciones y otros laberintos de esta contabilidad fraudulenta. Los 130 millones equivalen al 22% del presupuesto para la ampliación del puerto de Gijón, 579 millones de euros, con una superficie firme de 145 hectáreas (a 4 millones de euros por hectárea). Las propuestas, disparatadas y especulativas, del traslado de los astilleros al puerto habrían de contar con que un astillero con 20 hectáreas se inicia con una inversión innecesaria de 80 millones (a 400 euros por metro cuadrado), que no se corresponde con unos terrenos baratos como es lo habitual. Pero, las cuentas sí salen redondas para los especuladores si los 300.000 m2 en juego pueden venderse, previa recalificación, al triple o más de su valor. Con estos devaneos y en este mercado de burbuja inmobiliaria ninguna actividad puede competir ni ser rentable, sólo la especulación, que recae y pagan los trabajadores y el ciudadano de a pie, en detrimento de los servicios públicos y sociales tan necesarios para los que después dicen que no hay dinero. La quiebra de los astilleros y los 130 millones fueron gestionados y malversados por las mismas administraciones que los financiaron con fondos públicos, lideradas por el Ministerio de Industria, PYMAR, Consejería de Industria y Ayuntamiento de Gijón, en los que al frente de estos órganos de poder hay altos cargos públicos implicados que hablan y hablan, pero sin que nadie se responsabilice ni siquiera de exigir las cuentas que, por ley, son obligatorias, mientras se evaporan tantos millones, quiebran el juramento de cumplir la ley. En 2004 la plantilla de Naval Gijón es enviada al paro y a la prejubilación, mientras que el buque quimiquero que deberían construir es encargado a Ucrania y su casco, después de 24 días de navegación, remolcado hasta Naval Gijón. Esta operación fraude fue realizada con subvenciones, cobertura al desempleo, pero enfrentada a las movilizaciones de los trabajadores de las que se derivaron los recientes juicios penales y condena a los que resultaron ser «culpables». Culpables de ir al paro y a la prejubilación forzosa, mientras, los gestores y los responsables de este fraude, altos cargos políticos y sindicales, exigen ahora el aplauso de su fétida gestión. Nadie se siente obligado y ni es requerido para dar explicaciones por la no presentación obligatoria en el Registro Mercantil de la contabilidad y del paradero de los 130 millones de dinero público, más la cobertura del desempleo y prejubilaciones forzosas e innecesarias. Todo comenzó con una gestión intencionadamente ruinosa para que propiciara el cierre del astillero y así poder recalificar sus terrenos, pero con la resistencia y la lucha por el empleo de los trabajadores, esta premeditada mala gestión acabó teniendo que ser subvencionada para convertirse en un agujero millonario que fue más allá de las pérdidas previstas y acabó en fraude y corrupción, pues son demasiadas las irregularidades y los millones sin justificar y al margen de la ley, mientras, la auditoría interna, fiscal, juez, Hacienda, Gobierno de Asturias, Ayuntamiento de Gijón y sus respectivas autoridades permanecen al margen como si todo esto les fuera ajeno, cuando ellos son precisamente los responsables políticos, civiles y penales. Pero nadie ve malversación, fraude ni delito. El desastre laboral, social y económico -los 130 millones, paro, prejubilaciones y quiebra- de Naval Gijón, en manos de PYMAR, del Ministerio de Industria, del Gobierno regional, del municipal y de los pactos con CC OO y UGT, tiene unos responsables: las decisiones fueron tomadas por estas autoridades, que son las responsables políticas e, incluso, penales de la situación y de lo sucedido. Encabezan la responsabilidad de esta quiebra sociolaboral y económica la Corporación del Ayuntamiento de Gijón del PSOE-IU con la alcaldesa Felgueroso y el teniente de alcalde Montes Estrada, el Gobierno de Asturias con su presidente Areces y el consejero de Industria Graciano Torre, el presidente de PYMAR González Viñas y el ex presidente Francisco Angulo, en connivencia con el anterior gestor del astillero Galo Baizán, y los pactos de Donaire de UGT o de Maximino García de CC OO, que apostaron claramente por el desmantelamiento del sector naval apoyando o encubriendo las manifiestas irregularidades económicas y societarias de Naval Gijón. El delegado del Gobierno Trevín encabezó la represión necesaria para mantener el «orden», mientras el juez Rubio Mayo imponía la «ley» con sentencias a la carta. ¿Qué pensar de la falta de explicaciones, contabilidad, auditorías y declaraciones contradictorias de los políticos responsables? Pues que la corrupción y el desempleo sobrevuelan la bahía de Gijón. Aunque ya han hecho justicia, dos trabajadores fueron condenados por la ley antiterrorista como criminales a tres años de cárcel.
