El pasado día 7 de junio todos los partidos de las Cortes de Aragón pactaron una indemnización para los diputados que se han quedado sin su cargo tras las elecciones y que no tienen trabajo. Sin embargo, esta medida no la hicieron pública.
El acuerdo fué cerrado por los distintos grupos de la Cámara a finales del año pasado, pero la decisión no se acordó en firme hasta la Mesa y Junta de Portavoces salientes el pasado 7, casi un mes después de las elecciones.
Esta iniciativa se denomina "indemnización por cesantía" y consiste en cobrar mensualmente una asignación de 2.965,97 euros por cada año que el diputado en cuestión haya sido parlamentario, hasta llegar a un máximo de 16. Para ello, deberá apuntarse al Inaem, certificar su baja en la Seguridad Social y presentar sus declaraciones de renta y bienes.
En este sentido, exceptuando a los del PP, hasta nueve políticos de PSOE, PAR y CHA se podrán acoger a esta asignación. No lo hará ninguno del PP puesto que sus diputados salientes volverán a sus anteriores puestos de trabajo o serán colocados en algunas de las instituciones públicas.
Entre los que aprobaron esta medida están dos diputados que se podrían acoger ya a ella: el expresidente de las Cortes, el socialista Francisco Pina y el exportavoz parlamentario del PAR, Javier Allué.
Varios parlamentarios han cuestionado las formas de aprobar esta iniciativa aunque no han dudado en defenderla. "Es de justicia que puedan tener una prestación de desempleo por un periodo de tiempo, que tengan un colchón para rehacer su vida laboral", aseguran algunos de ellos.
