El Defensor del Menor de Andalucía, José Chamizo, ha alertado del aumento de la pobreza infantil debido a la crisis económica, situación que padecen el 19,3 % de los 1,6 millones de menores de 18 años, y ha pedido unificar esfuerzos para luchar contra el abuso sexual a menores.
Tras entregar el informe anual de 2010 a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Fuensanta Coves, Chamizo ha explicado en rueda de prensa que, debido a la crisis, "las peticiones son muchas y escasos los recursos a repartir", por lo que ha instado a la apertura en verano de comedores escolares y sociales para atender a los menores.
En el último informe de 2010, cuando se tramitaron 964 expedientes, se han constatado más de medio centenar de quejas de padres que dicen: "no puedo alimentar a mi hijo", situación que en años anteriores "casi ni se planteaba" y que ahora sufren los que se han quedado en paro, especialmente los inmigrantes, según Chamizo.
Por ello, desde el Defensor del Menor se va a recordar a los ayuntamientos que existe un Pacto Andaluz por la Infancia, firmado por todos los partidos políticos, según el cual se dará prioridad a la infancia en tiempos de crisis.
Según los datos del Defensor del Menor, en Andalucía hay un 19,3 % de los 1,6 millones de menores en situación de pobreza, y el riesgo de que lleguen a esta situación se amplía al 34 % de la población menor de 18 años, diez puntos por encima de lo que ocurre en España. Para elaborar estos porcentajes, se tiene en cuenta que el umbral de riesgo de pobreza en Andalucía se sitúa en 6.603,9 euros en familias de una sola persona, según recoge el informe anual.
De los 964 expedientes tramitados en 2010, 887 fueron a instancia de parte y 77 de oficio, menos que el año pasado por el descenso en las quejas relativas a la escolarización del alumnado, y de todos ellos se han concluido 594 frente a los 353 del año anterior, ha precisado Chamizo.
Respecto a los abusos sexuales a menores, el Defensor ha dicho que es un "tema delicado" que le "preocupa" por las consecuencias psicológicas que tienen esas prácticas, la mitad de las cuales son cometidas por personas del ámbito familiar de la víctima, lo que dificulta su denuncia y a veces queda como "secreto de familia".
De las dos entidades que tienen convenios con la Junta para analizar los abusos sexuales a menores, una recibió entre 1997 y 2010 un total de 2.125 casos derivados del ámbito judicial, de los que el 34 % se confirmaron, el 33 % se rechazaron y el 33 % se consideraron "dudosos". La otra entidad recibió 1.371 casos entre 2004 y 2010, de los que se confirmaron el 55 %, se rechazaron el 12,5 % y fueron dudosos el 32 %.
Chamizo ha advertido de la necesidad de evitar la "victimización secundaria" del menor que se produce en casos como en el de un menor al que los especialistas le hicieron 40 exploraciones entre físicas y psicológicas para determinar si habían abusado de él, una "barbaridad" que el Defensor ha pedido que no se repita más.
En el informe se alerta de estos abusos para "sensibilizar a la sociedad y unificar esfuerzos" para erradicar "esta lacra social", según Chamizo, que ha pedido una "política preventiva" con la acción unificada de la escuela, los hospitales y las familias.
Por otra parte, Chamizo ha calificado de "lamentable" que los padres divorciados o separados usen a los menores "como arma arrojadiza" en sus disputas, y ha indicado que hay menos agresiones entre menores pero con más crueldad.
Tras entregar el informe anual de 2010 a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Fuensanta Coves, Chamizo ha explicado en rueda de prensa que, debido a la crisis, "las peticiones son muchas y escasos los recursos a repartir", por lo que ha instado a la apertura en verano de comedores escolares y sociales para atender a los menores.
En el último informe de 2010, cuando se tramitaron 964 expedientes, se han constatado más de medio centenar de quejas de padres que dicen: "no puedo alimentar a mi hijo", situación que en años anteriores "casi ni se planteaba" y que ahora sufren los que se han quedado en paro, especialmente los inmigrantes, según Chamizo.
Por ello, desde el Defensor del Menor se va a recordar a los ayuntamientos que existe un Pacto Andaluz por la Infancia, firmado por todos los partidos políticos, según el cual se dará prioridad a la infancia en tiempos de crisis.
Según los datos del Defensor del Menor, en Andalucía hay un 19,3 % de los 1,6 millones de menores en situación de pobreza, y el riesgo de que lleguen a esta situación se amplía al 34 % de la población menor de 18 años, diez puntos por encima de lo que ocurre en España. Para elaborar estos porcentajes, se tiene en cuenta que el umbral de riesgo de pobreza en Andalucía se sitúa en 6.603,9 euros en familias de una sola persona, según recoge el informe anual.
De los 964 expedientes tramitados en 2010, 887 fueron a instancia de parte y 77 de oficio, menos que el año pasado por el descenso en las quejas relativas a la escolarización del alumnado, y de todos ellos se han concluido 594 frente a los 353 del año anterior, ha precisado Chamizo.
Respecto a los abusos sexuales a menores, el Defensor ha dicho que es un "tema delicado" que le "preocupa" por las consecuencias psicológicas que tienen esas prácticas, la mitad de las cuales son cometidas por personas del ámbito familiar de la víctima, lo que dificulta su denuncia y a veces queda como "secreto de familia".
De las dos entidades que tienen convenios con la Junta para analizar los abusos sexuales a menores, una recibió entre 1997 y 2010 un total de 2.125 casos derivados del ámbito judicial, de los que el 34 % se confirmaron, el 33 % se rechazaron y el 33 % se consideraron "dudosos". La otra entidad recibió 1.371 casos entre 2004 y 2010, de los que se confirmaron el 55 %, se rechazaron el 12,5 % y fueron dudosos el 32 %.
Chamizo ha advertido de la necesidad de evitar la "victimización secundaria" del menor que se produce en casos como en el de un menor al que los especialistas le hicieron 40 exploraciones entre físicas y psicológicas para determinar si habían abusado de él, una "barbaridad" que el Defensor ha pedido que no se repita más.
En el informe se alerta de estos abusos para "sensibilizar a la sociedad y unificar esfuerzos" para erradicar "esta lacra social", según Chamizo, que ha pedido una "política preventiva" con la acción unificada de la escuela, los hospitales y las familias.
Por otra parte, Chamizo ha calificado de "lamentable" que los padres divorciados o separados usen a los menores "como arma arrojadiza" en sus disputas, y ha indicado que hay menos agresiones entre menores pero con más crueldad.
