Unión Naval Valencia achaca el cese de su actividad de
construcción a las "consecuencias demoledoras" del procedimiento abierto
en junio por la Comisión Europea contra el régimen español de
bonificación fiscal para la construcción de buques --'tax lease'--, que
deja a los astilleros de España sin "un marco legal que les permita
acceder al mercado y contratar nuevos buques en las mismas condiciones"
que los europeos, denunciantes del sistema español.
En un comunicado, Boluda Corporación Marítima critica las "reiteradas negativas" del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, a "admitir las alternativas" para el nuevo régimen propuestas por España y su rechazo a "la adaptación al sistema francés, que él mismo planteó".
En este sentido, sostiene que la actitud de Almunia y el hecho de que "tras más de un año, desde el inicio del procedimiento, siga sin confirmar que el régimen español funcionaba al amparo de la confianza legítima y de la seguridad jurídica necesarias, provocan consecuencias demoledoras para la actividad naval en España".
Según las mismas fuentes, el caso de Unión Naval Valencia "no es excepcional" y "el astillero no ha podido acceder a nuevos contratos en estas circunstancias", por lo que decidió "suspender la actividad de construcción naval" al concluir los "contratos en vigor". En la actualidad, se encuentran en fase de "construcción avanzada" cuatro remolcadores para el puerto Amberes, cuya finalización "está prevista sin incidencias este otoño".
El pasado 25 de mayo, la empresa inicio el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores para "negociar la suspensión ordenada de la actividad" y "alcanzar un acuerdo" para los 80 empleados que integran la plantilla de Unión Naval Valencia. Al respecto, desde la compañía han subrayado que "una parte importante de los afectados podrán acceder a la prejubilación".
Respecto a las instalaciones de la factoría en el puerto de Valencia, Boluda Corporación Marítima prevé mantener hasta su vencimiento la concesión y desarrollará "actividades compatibles" con el objeto de la misma. La "falta de financiación para la construcción naval" y la "inexistencia de un plan industrial estratégico" para el sector "condena al cierre" al astillero de Valencia, especializado en la fabricación de remolcadores.
Los trabajadores critican el "desmantelamiento" de una industria que "no ha diseñado una estrategia industrial competitiva frente al mercado asiático" y que aboca al desempleo a los 81 trabajadores de Unión Naval y a los 300 de su industria auxiliar.
La empresa costeará los despidos de sus trabajadores "con las ayudas provenientes del fondo de reestructuración del sector naval" y, en este sentido, reprobó la falta de "una política industrial clara de parte de las administraciones autonómicas y estatales".
En un comunicado, Boluda Corporación Marítima critica las "reiteradas negativas" del comisario de Competencia, Joaquín Almunia, a "admitir las alternativas" para el nuevo régimen propuestas por España y su rechazo a "la adaptación al sistema francés, que él mismo planteó".
En este sentido, sostiene que la actitud de Almunia y el hecho de que "tras más de un año, desde el inicio del procedimiento, siga sin confirmar que el régimen español funcionaba al amparo de la confianza legítima y de la seguridad jurídica necesarias, provocan consecuencias demoledoras para la actividad naval en España".
Según las mismas fuentes, el caso de Unión Naval Valencia "no es excepcional" y "el astillero no ha podido acceder a nuevos contratos en estas circunstancias", por lo que decidió "suspender la actividad de construcción naval" al concluir los "contratos en vigor". En la actualidad, se encuentran en fase de "construcción avanzada" cuatro remolcadores para el puerto Amberes, cuya finalización "está prevista sin incidencias este otoño".
El pasado 25 de mayo, la empresa inicio el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores para "negociar la suspensión ordenada de la actividad" y "alcanzar un acuerdo" para los 80 empleados que integran la plantilla de Unión Naval Valencia. Al respecto, desde la compañía han subrayado que "una parte importante de los afectados podrán acceder a la prejubilación".
Respecto a las instalaciones de la factoría en el puerto de Valencia, Boluda Corporación Marítima prevé mantener hasta su vencimiento la concesión y desarrollará "actividades compatibles" con el objeto de la misma. La "falta de financiación para la construcción naval" y la "inexistencia de un plan industrial estratégico" para el sector "condena al cierre" al astillero de Valencia, especializado en la fabricación de remolcadores.
Los trabajadores critican el "desmantelamiento" de una industria que "no ha diseñado una estrategia industrial competitiva frente al mercado asiático" y que aboca al desempleo a los 81 trabajadores de Unión Naval y a los 300 de su industria auxiliar.
La empresa costeará los despidos de sus trabajadores "con las ayudas provenientes del fondo de reestructuración del sector naval" y, en este sentido, reprobó la falta de "una política industrial clara de parte de las administraciones autonómicas y estatales".
