Hacen mucho ruido y son muy poderosos; a partir de mañana quizás también me insulten, pero yo les expresaré mi opinión con respeto. En proporción al conjunto de la sociedad son muy pocos y cada vez menos. España tiene 46.733.038 habitantes de los que solo 713.134 son cazadores, el 1,5% de la población. Por tanto, 46.019.904 españoles no somos cazadores.
Frente a esa minoría de la población que se divierte matando animales, poniendo en peligro el ecosistema y la biodiversidad, dos autos recientes del Tribunal Superior de Castilla y León protegen el medio ambiente y, de paso, el derecho de los 46 millones de ciudadanos que no practicamos la caza.
La caza y el poder han ido siempre de la mano, desde la Edad Media hasta hoy. Basta leer el lujoso libro Caza y poder de Vicente Sánchez-Valdepeñas, cuya portada reúne a Alfonso XII, Alfonso XIII, Franco y Juan Carlos I, estampados sobre una fotografía de las 4.805 perdices cazadas en una sola jornada en la Encomienda de Mudela, el 22 de octubre de 1963. Por las seiscientas páginas del libro desfilan diez condes, doce duques y más de veinte marqueses, además de Fraga, la Preysler y la marquesa de Villaverde en todo su esplendor.
Un retrato empalagoso del franquismo, incluyendo una foto de Franco con un brazo en cabestrillo, herido en una cacería de palomas. Prueben a ver La escopeta nacional de Berlanga o La caza de Carlos Saura, lúcida metáfora del franquismo: la censura prohibió el título La caza del conejo por sus connotaciones sexuales. Machismo, safaris y puterío, también van de la mano.
En esas estamos: nobleza, monarquía, franquismo, cotos, privilegios, latifundios, el poder de élites feudales: una España en blanco y negro, muy minoritaria, sobre la que el CIS no pregunta. Ni todos los cazadores son tontos, ni todos los tontos son cazadores, pero las 713.134 escopetas son una parte muy pequeña de la sociedad española, un lobby poderoso.
En segundo lugar: la caza no es un deporte. Matar animales por diversión o por negocio no puede ser un deporte, y tengo la convicción subjetiva de que esta opinión tiene un amplio consenso en la sociedad española, entre los 46 millones de ciudadanos que no somos cazadores y especialmente entre los más jóvenes. La foto del rey Juan Carlos posando con su rifle ante un elefante muerto en Botswana mereció tal reproche que forzó su abdicación. Solo un 6% de los españoles consideró entonces que Juan Carlos había sido ejemplar (ObSERvatorio, julio 2018). La sociedad española repudia la caza como deporte y a muchos esta “diversión” nos parece cruel y repugnante.
Por el contrario, a millones de senderistas, ciclistas, recolectores de setas, apicultores o fotógrafos nos gusta pasear por el monte sin miedo a recibir un tiro, como el que mató a un recolector de castañas en Tedejo en 2012, y tantos otros, incluso esta temporada un niño de cuatro años, ¡que hay que ser muy bruto, y bastante delincuente, para llevar de cacería a un crío! Con mucha frecuencia y aún más impunidad, la caza abusa, corta caminos y crea situaciones de riesgo, secuestra el monte en manos de unos pocos y limita los derechos de la mayoría de los ciudadanos (artº 45.1 de la Constitución, derecho al disfrute del medio ambiente).
En tercer lugar, la millonaria caza intensiva es una grave amenaza ecológica. La estampa del cazador solitario, conocedor del soto local, que mataba un par de liebres o un corzo, ha dejado paso al Gran Business de la caza intensiva. Según datos de Ecologistas en Acción, en 2013 se soltaron en cotos intensivos 1.350.000 ejemplares de perdiz roja procedentes de granjas. Coto intensivo significa introducción de especies exóticas o invasoras, cercas, sueltas masivas, alimentación suplementaria de perdices, palomas, jabalíes; 50.000 galgos abandonados cada temporada, maltrato animal… hay cientos de videos en la red. Para poder matar 25 millones de animales al año (datos oficiales del Ministerio de Agricultura), hay que criarlos, alimentarlos y soltarlos, y todo ello altera los ecosistemas y produce un alto impacto sobre la biodiversidad.
Las administraciones públicas tienen el deber de proteger el medio ambiente, pero algunas, como la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, incumplen la Ley y reciben severas condenas de los tribunales de Justicia. En efecto, los autos 44 y 47/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, por los que se suspende la caza en toda la Comunidad Autónoma, vienen a corregir de plano al consejero Suárez-Quiñones, quien ha desoído dos sentencias y tres autos judiciales anteriores y ha provocado en Castilla y León un problema ecológico, social y económico de garabatillo.
Según el Tribunal Superior, la Junta de Castilla y León incumple le Ley y las Directivas europeas al omitir estudios científicos que avalen o no la declaración de las especies cinegéticas, poniendo en peligro la biodiversidad y los ecosistemas, que el TSJCyL ampara como un bien superior: “El bien común de toda la sociedad frente a los intereses particulares de los cazadores”.
Ambos autos judiciales enumeran otros incumplimientos graves; pero, en lugar de asumir su responsabilidad y dimitir, el consejero Quiñones apunta como culpables a PACMA, Ecologistas en Acción y a los malditos ecologistas; y, para blindar al lobby de la caza, anuncia una reforma urgente de la Ley de Caza de Castilla y León: quieren hacer en dos meses lo que no han tenido tiempo de hacer en 35 años de gobierno, pero la sociedad castellano-leonesa, como toda la sociedad española, tiene otras urgencias más serias que andar disparando cartuchos.
Para empezar, defender nuestro derecho constitucional a pasear pacíficamente por el monte y proteger los ecosistemas y la biodiversidad como un bien superior, un bien común frágil, irreemplazable. ¡Arriba las ramas!
Artículo de Valentín Carrera
Periodista, editor, bloguero, autor de libros de viajes y de ensayos.
