El perito judicial ha atado cabos en el informe sobre la presunta trama diseñada por la federación andaluza del "sindicato" amarillo UGT para financiarse de forma irregular con las subvenciones de la Junta de Andalucía. La pericial que el funcionario acaba de entregar al Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, eleva a 41,7 millones la cantidad presuntamente desviada por el "sindicato" entre 2009 y 2013.
Un asunto clave en la financiación irregular del "sindicato" son las conocidas como "mordidas" o comisiones irregulares que UGT-A cobraba a sus proveedores de confianza y que eran camufladas como acuerdos de "rappel" o descuentos comerciales. Éstos se ocultaban a la Junta a la hora de justificar las subvenciones y por eso son irregulares.
Estas comisiones figuran en varias subvenciones analizadas por el perito. "El 'rappel' es una práctica comercial consistente en la concesión por parte del proveedor de un descuento al cliente en función de la facturación alcanzada", dice el perito.
Esta "práctica comercial común" se convierte en fraudulenta cuando "se imputa íntegramente el importe de la factura a la subvención, sin tener en cuenta el descuento pactado, produciéndose la diferencia entre el coste declarado por el beneficiario y el coste real subvencionable", explica el perito.
Por lo tanto, estos acuerdos de rappel en realidad son "mordidas" o comisiones irregulares porque se aplican sobre facturas que abona la Administración por subvenciones y ésta permanece ajena a ellas. En una factura de 1.000 euros, por ejemplo, la Junta abona la suma total y el sindicato se embolsa los 200 euros del 'rappel', si el porcentaje acordado es del 20%. La UCO (Guardia Civil) dice en sus atestados que iban del 3 al 20%. A pesar de que la empresa proveedora sólo recibe 800 euros, confecciona una factura por 1.000 euros que UGT-A presenta ante la Junta para justificar la ayuda.
Entre las 14 subvenciones analizadas por el perito está el expediente 98/2009/N/002, en virtud del cual el Gobierno andaluz le concede a UGT-A 1.350.000 euros el 23 de diciembre de 2009, durante la etapa de Griñán como presidente, para la construcción de un centro de formación en Huelva.
Dentro de este expediente está la factura número 542 por importe de 1.187.300,97 euros fechada el 25 de agosto de 2011 elaborada por la empresa Chavsa por la construcción del centro de formación. Este documento se usó para justificar la ayuda.
La factura 542 incluye una presunta mordida por valor de 249.333,12 euros en concepto de "descuento" por el "1% sobre el total de compras en 'cash' y el 20% de descuento anual sobre facturación en 'cash'. El perito considera que esa cuantía "no debía haberse imputado como coste por no haber sido soportado". Por ello, llega a la conclusión de que se trata de un "gasto no subvencionable" y el sindicato no debió incluirlo a la hora de justificar la subvención. No fue, por tanto, un coste real de la obra.
La causa que investiga el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla sobre la presunta financiación irregular de UGT-A llevaba más de dos años paralizada a la espera de la pericial que cuantificara el supuesto fraude cometido por el sindicato con las subvenciones de la Junta entre 2009 y 2013.
Entre los 20 investigados -antes imputados- están los ex secretarios generales de UGT-A Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, además del ex tesorero Federico Fresneda. El juez ha citado para los próximos 1 y 2 de abril a testigos y a un nuevo investigado, Juan Francisco Alcaide, director de Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES).
