Las empresas o administraciones que subcontratan y promueven el esclavismo laboral merecen la sanción social. Los sindicatos presentes en las mismas deberían de preocuparse de que los trabajadores subcontratados tengan unas condiciones laborales y económicas iguales que los de la empresa contratante.
Estos días pasados, por casualidad, no porque los medios de comunicación lo considerasen noticiable, se pudo saber que en una lavandería industrial una gran parte de las trabajadoras, sino la mayoría, cobraban sueldos inferiores a las cien mil pesetas. Este hecho, demostrativo de la economía real, adquiere una mayor trascendencia al conocerse que el principal cliente de
dicha lavandería era la administración pública; más en concreto, los hospitales asturianos.
No estamos ante un caso aislado, sino ante una práctica corriente: los bancos, las empresas telefónicas, eléctricas, constructoras y demás conglomerados financieros e industriales practican la subcontratación laboral sin miramientos y sin escrúpulos, y bordeando casi siempre la
ilegalidad.
Cuando semestre tras semestre y año tras año anuncian sus tribeneficios rodeados del trompeterío y la adulación mediática, no hay un triste plumilla y ni un sindicalista solidario que salga a la palestra y denuncie lo que cobra la limpiador/a, el telefonisto/a, la administrativa/o y el lector/a de contadores de la correspondiente subcontrata. Debe de ser que no hay costumbre de hacer paparazzismo sociolaboral con los magnates del Ibex, que son también los primeros anunciantes.
En la lavandería citada, según información de las trabajadoras, el gerente de la misma tenía un sueldo mensual de cerca de un millón doscientas mil pesetas, ¡siete mil y pico euros al mes! No cuesta mucho imaginar que al sueldazo, como es lo corriente, le acompañará el cochazo por renting, más combustible, multas, teléfono y hasta el café de las once del citado gerente a cargo de la cuenta de gastos de la empresa. Y si, como suele suceder, el citado gerente es al mismo tiempo el propietario, a finales de año todavía se llevará los beneficios generados por el esclavismo para destinarlos a gastos suntuarios de todo tipo.
Cualquier empresa, especialmente si es pública o semipública, y todas las grandes entran en esa consideración, debería de respetar una serie de principios como garantía de su aceptabilidad social. Por eso resulta especialmente bochornoso para cualquier persona con principios que la
administración socialista asturiana de Alvarez Areces subcontrate con empresas como la citada lavandería, donde salarios inaceptables, condiciones laborales deplorables y clandestinidad sindical se dan la mano.
Estos días pasados, por casualidad, no porque los medios de comunicación lo considerasen noticiable, se pudo saber que en una lavandería industrial una gran parte de las trabajadoras, sino la mayoría, cobraban sueldos inferiores a las cien mil pesetas. Este hecho, demostrativo de la economía real, adquiere una mayor trascendencia al conocerse que el principal cliente de
dicha lavandería era la administración pública; más en concreto, los hospitales asturianos.
No estamos ante un caso aislado, sino ante una práctica corriente: los bancos, las empresas telefónicas, eléctricas, constructoras y demás conglomerados financieros e industriales practican la subcontratación laboral sin miramientos y sin escrúpulos, y bordeando casi siempre la
ilegalidad.
Cuando semestre tras semestre y año tras año anuncian sus tribeneficios rodeados del trompeterío y la adulación mediática, no hay un triste plumilla y ni un sindicalista solidario que salga a la palestra y denuncie lo que cobra la limpiador/a, el telefonisto/a, la administrativa/o y el lector/a de contadores de la correspondiente subcontrata. Debe de ser que no hay costumbre de hacer paparazzismo sociolaboral con los magnates del Ibex, que son también los primeros anunciantes.
En la lavandería citada, según información de las trabajadoras, el gerente de la misma tenía un sueldo mensual de cerca de un millón doscientas mil pesetas, ¡siete mil y pico euros al mes! No cuesta mucho imaginar que al sueldazo, como es lo corriente, le acompañará el cochazo por renting, más combustible, multas, teléfono y hasta el café de las once del citado gerente a cargo de la cuenta de gastos de la empresa. Y si, como suele suceder, el citado gerente es al mismo tiempo el propietario, a finales de año todavía se llevará los beneficios generados por el esclavismo para destinarlos a gastos suntuarios de todo tipo.
Cualquier empresa, especialmente si es pública o semipública, y todas las grandes entran en esa consideración, debería de respetar una serie de principios como garantía de su aceptabilidad social. Por eso resulta especialmente bochornoso para cualquier persona con principios que la
administración socialista asturiana de Alvarez Areces subcontrate con empresas como la citada lavandería, donde salarios inaceptables, condiciones laborales deplorables y clandestinidad sindical se dan la mano.
