Navantia, ejemplo paradigmático de mala gestión de la empresa pública, la de todos los contribuyentes, sobrevive sin contratos que le saque del abismo en la que se encuentra mientras su dirección se gasta 12 millones de euros en vigilancia y seguridad de sus centros. Navantia es, sencillamente, un agujero negro para las cuentas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo empresarial del Estado gestionado desde el Ministerio de Hacienda. Navantia perdió el año pasado 303 millones de euros, el mayor registro de todas las empresas públicas.
El astillero de Ferrolterra se queda sin trabajo. Después de la crisis de la estiba, esa de la que dicen todos los medios que han ganado los estibadores, le toca el turno de protesta a los Astilleros, un empleo igual de antiguo, tradicional y también polémico. Mucha literatura se ha vertido en Galicia acerca de los contratos que conseguía firmar el Ente Público con la empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural de México, Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de sólidas alianzas comandadas por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y el presidente centroamericano, Peña Nieto. Incluso muchas voces alertaban de posibles mentiras de los gobiernos. Lo cierto es que en febrero de este año, el flotel “Orgullo petrolero” -salido de la ría de Ferrol-, era entregado por Navantia a la empresa mexicana.
Pero Ferrolterra está hambriento y necesita de sustento para sus trabajadores. Por ello el presidente de la Xunta se reunía la pasada semana en Madrid con los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos, para negociar una dotación presupuestaria en las cuentas estatales de 2018 que permitan activar en Navantia la construcción de las Fragatas F-110. Pero este proyecto -basado en un contrato de 4.000 millones de euros y que traería consigo la creación de 1.300 empleos directos en Navantia y 2.100 empleos vinculados a la industria auxiliar de Galicia, así como 3.600 indirectos-, depende también del Ministerio de Defensa de María Dolores de Cospedal y que su diseño de las fragatas llegue a tiempo. El acuerdo garantizaría carga de trabajo hasta la segunda mitad de la década de 2020 y las inversiones asociadas permitirían, en paralelo, llevar a cabo la modernización del Astillero Navantia Ferrol, con el objetivo de convertirlo en un Astillero de referencia tecnológica internacional. Pero, ¿y si el acuerdo no llega, nunca mejor dicho, a buen puerto?
Más inversión en seguridad y menos en empleo, y si lo hay en precario
Parece que la dirección de Navantia, presidida por Esteban García Vilasánchez, prefiere gastar su presupuesto público en seguridad en lugar de en la captación de empleo para sus trabajadores, no solo de plantilla sino también de la olvidada empresa auxiliar y proveedores. La Plataforma de Contratación del Sector Público se hacía eco del proceso de licitación comenzado por el Comité de Dirección Corporativa de Navantia para adjudicar el contrato de “servicios de Seguridad y Vigilancia en todos los Centros”.
El contrato se ocupará, según el pliego de prescripciones técnicas, de ejercer la vigilancia de bienes, inmuebles, actividades y personas que se encuentren en los mismos; efectuar controles de acceso de personas, vehículos, bultos, paquetería y correspondencia; evitar la comisión de actos delictivos o infracciones; poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los delincuentes y las pruebas de los delitos; llevar a cabo la respuesta a los incidentes y alarmas que se produzcan; conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad del centro; y colaborar en que los vehículos aparquen en las zonas destinadas a tal efecto. Todo ello en los Centros situados en Madrid, Bahía de Cádiz (Cádiz, San Fernando y Puerto Real), Ría da Ferrol (Ferrol y Fene), y en la dársena de Cartagena (Cartagena).
En total, el montante designado a este cometido serán más de 12 millones de euros (12.200.191,05 euros). Mientras tanto, el Comité de Empresa del Astillero de Cartagena -uno de los afectados por el contrato-, ha anunciado paros y posibles movilizaciones en las calles, si continúa sin aplicarse el III Convenio Colectivo que se encuentra en vigor mientras se tambalea el futuro de la empresa sin un Plan Estratégico que garantice su viabilidad. Una situación que parece que podría extenderse al resto de Centros de trabajo de la empresa.
Además, Navantia se niega reiteradamente a pagar el IBI por los inmensos terrenos que ocupa en Ferrol (unos 600.000 € anuales).
El astillero de Ferrolterra se queda sin trabajo. Después de la crisis de la estiba, esa de la que dicen todos los medios que han ganado los estibadores, le toca el turno de protesta a los Astilleros, un empleo igual de antiguo, tradicional y también polémico. Mucha literatura se ha vertido en Galicia acerca de los contratos que conseguía firmar el Ente Público con la empresa estatal productora, transportista, refinadora y comercializadora de petróleo y gas natural de México, Petróleos Mexicanos (Pemex), a través de sólidas alianzas comandadas por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y el presidente centroamericano, Peña Nieto. Incluso muchas voces alertaban de posibles mentiras de los gobiernos. Lo cierto es que en febrero de este año, el flotel “Orgullo petrolero” -salido de la ría de Ferrol-, era entregado por Navantia a la empresa mexicana.
Pero Ferrolterra está hambriento y necesita de sustento para sus trabajadores. Por ello el presidente de la Xunta se reunía la pasada semana en Madrid con los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos, para negociar una dotación presupuestaria en las cuentas estatales de 2018 que permitan activar en Navantia la construcción de las Fragatas F-110. Pero este proyecto -basado en un contrato de 4.000 millones de euros y que traería consigo la creación de 1.300 empleos directos en Navantia y 2.100 empleos vinculados a la industria auxiliar de Galicia, así como 3.600 indirectos-, depende también del Ministerio de Defensa de María Dolores de Cospedal y que su diseño de las fragatas llegue a tiempo. El acuerdo garantizaría carga de trabajo hasta la segunda mitad de la década de 2020 y las inversiones asociadas permitirían, en paralelo, llevar a cabo la modernización del Astillero Navantia Ferrol, con el objetivo de convertirlo en un Astillero de referencia tecnológica internacional. Pero, ¿y si el acuerdo no llega, nunca mejor dicho, a buen puerto?
Más inversión en seguridad y menos en empleo, y si lo hay en precario
Parece que la dirección de Navantia, presidida por Esteban García Vilasánchez, prefiere gastar su presupuesto público en seguridad en lugar de en la captación de empleo para sus trabajadores, no solo de plantilla sino también de la olvidada empresa auxiliar y proveedores. La Plataforma de Contratación del Sector Público se hacía eco del proceso de licitación comenzado por el Comité de Dirección Corporativa de Navantia para adjudicar el contrato de “servicios de Seguridad y Vigilancia en todos los Centros”.
El contrato se ocupará, según el pliego de prescripciones técnicas, de ejercer la vigilancia de bienes, inmuebles, actividades y personas que se encuentren en los mismos; efectuar controles de acceso de personas, vehículos, bultos, paquetería y correspondencia; evitar la comisión de actos delictivos o infracciones; poner a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los delincuentes y las pruebas de los delitos; llevar a cabo la respuesta a los incidentes y alarmas que se produzcan; conocimiento y cumplimiento de las normas de seguridad del centro; y colaborar en que los vehículos aparquen en las zonas destinadas a tal efecto. Todo ello en los Centros situados en Madrid, Bahía de Cádiz (Cádiz, San Fernando y Puerto Real), Ría da Ferrol (Ferrol y Fene), y en la dársena de Cartagena (Cartagena).
En total, el montante designado a este cometido serán más de 12 millones de euros (12.200.191,05 euros). Mientras tanto, el Comité de Empresa del Astillero de Cartagena -uno de los afectados por el contrato-, ha anunciado paros y posibles movilizaciones en las calles, si continúa sin aplicarse el III Convenio Colectivo que se encuentra en vigor mientras se tambalea el futuro de la empresa sin un Plan Estratégico que garantice su viabilidad. Una situación que parece que podría extenderse al resto de Centros de trabajo de la empresa.
Además, Navantia se niega reiteradamente a pagar el IBI por los inmensos terrenos que ocupa en Ferrol (unos 600.000 € anuales).
Navantia, como empresa es un ejemplo paradigmático de mala gestión porque desde hace años, arrastra pérdidas millonarias. Pérdidas que la SEPI por una parte (mediante capitalizaciones y entregas de beneficios de la corporación para compensar pérdidas) y el Gobierno por otra (mediante créditos bajo cuerda y contratos cautivos de la defensa española) se ven obligados a ir cubriendo a costa de los impuestos de toda la sociedad.
En realidad, Navantia arrastra una deuda, en 2013, de más de 1.200 millones de euros.
Navantia se ha visto forzada, varias veces, a hacer nuevos planes estratégicos, supuestamente para mantener la sostenibilidad, en todos ellos se ha previsto reducir la plantilla por despidos, dada su escasa viabilidad económica.
