Los últimos diez años de crisis y recortes sociales han situado a la sanidad pública española en cifras de gasto público similares a 2007.
Así lo advierte la Cumbre Social que esta semana ha presentado un documento titulado “Una década perdida. Análisis de 10 años de recortes” en el que analiza el impacto de los diez años de crisis y plantea una serie de propuestas para revertir la situación.
Según distintas fuentes la sanidad pública española ha perdido entre 15.000 y 21.000 millones de euros de presupuesto desde 2009. En 2016, el gasto sanitario público en porcentaje del PIB (6,34%) es el más bajo desde 2009. Para 2019, el anterior gobierno del PP en el Programa de Estabilidad previó un gasto sanitario del 5,7% del PIB, de consumarse -advierte el colectivo- “involucionaríamos a las cifras de 2007”.
Ante esta situación, la Cumbre Social, formada por más de 120 organizaciones sociales y sindicales propone aumentar la financiación pública, con carácter finalista, hasta el 7% del PIB, para “garantizar la cobertura universal a todas las personas que vivan en España”.
Este descenso también queda reflejado en la participación del sector público en el gasto sanitario total y en el incremento de las cantidades que la ciudadanía dedica a la sanidad privada. En 2007, el gasto sanitario público suponía el 72,7% del gasto total yen 2016 ha descendido al 70,6%, al tiempo que el gasto privado pasaba del 27,3% al 29,4%.
El decreto de 2012 aprobado por el PP, y que ha sido derogado recientemente, dejó sin cobertura sanitaria a muchos ciudadanos rompiendo el principio de universalidad. Según recoge en su documento la Cumbre Social, se han documentado desde enero de 2014 más de 2.500 casos de exclusión sanitaria (enfermos graves, menores, mujeres embarazadas, atención en Urgencias). Según cifras oficiales, en 2012 se retiraron 873.000 tarjetas sanitarias a residentes extranjeros.
El aumento de los copagos supuso que un 4,7% de personas que habían recibido una prescripción farmacéutica no la retiraran por problemas económicos, según el CIS referido a 2017.
A ello se unen las reducciones de personal (9.400 puestos de trabajo menos en los hospitales públicos entre 2010 y 2014); y el cierre de camas hospitalarias (5.600 camas menos entre 2010 y 2014).
Además, la atención primaria ha visto mermada su financiación en 1.500 millones de euros entre 2010-2014, pasando del 14,1% del gasto sanitario al 13,4% en esos años.
En paralelo, se ha producido un aumento significativo del gasto farmacéutico (del 12,9% en 2009, al 18,3% en 2015) y una mayor participación del sector privado en la gestión y provisión de servicios sanitarios.
Mientras los centros hospitalarios públicos perdían personal (hasta un 2%), los privados lo aumentaban en un 8,3% (6.698 puestos).
Otra de las consecuencias de estos recortes ha sido el aumento de los seguros sanitarios privados, tanto en personas aseguradas como en el volumen de las primas. También se han incrementado los pagos directos de los hogares en sanidad (los llamados ‘gastos de bolsillo’) que pasan del 19,5% en 2009 al 24,2% en 2015, por encima del promedio de la OCDE (20,3%).
La Cumbre Social también emplaza a los poderes del Estado a eliminar las desigualdades territoriales en materia de sanidad y aprobar el Plan Integrado de Salud previsto en la Ley General de Sanidad.
Fuente: Cunbre Social
