Amnistía Internacional ha pedido a Naciones Unidas que investigue la esterilización forzosa de mujeres indígenas en Canadá, tras una demanda colectiva de 60 mujeres que denuncian haber sido sometidas a estas prácticas o amenazadas en caso de negarse, en algunas ocasiones en fechas tan recientes como el año pasado.
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos están exigiendo al Gobierno canadiense que investigue casos de presuntas esterilizaciones forzosas de mujeres indígenas en el país, al tiempo que un número cada vez mayor de víctimas se están sumando a una demanda judicial conjunta contra el propio Gobierno y contra profesionales médicos.
Al menos 60 mujeres de la provincia de Saskatchewan se han unido ya a esta demanda colectiva contra las autoridades canadienses. En ella, denuncian que fueron esterilizadas sin su consentimiento expreso y exigen una compensacion por la violación de sus derechos.
La demanda aún tiene que ser certificada por un juez, pero este mismo martes Amnistía Internacional anunció que ha solicitado al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que presione al Ejecutivo canadiense para que lleve a cabo una investigación de las denuncias.
Según señala la ONG, es necesario asegurar que las acusaciones de esterilizaciones forzadas o coaccionadas en Canadá sean investigadas, y que se acometa una reforma, tanto de “la justicia proporcionada a los supervivientes y sus familias” como de “todas las políticas gubernamentales”, con el objetivo de prohibir las esterilizaciones.
“Estamos hablando de mujeres que se supone que tienen el derecho de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, y a las que se les ha arrebatado ese derecho”, indicó Jacqueline Hansen, de la sección canadiense de Amnistía Internacional, en declaraciones recogidas por el diario The Guardian.
Amenazas
Según el relatro de las mujeres afectadas, estas fueron presionadas para autorizar las esterilizaciones mientras se encontraban de parto, y en algunos casos bajo la amenaza de que no podrían ver a sus bebés hasta que aceptasen someterse a una ligadura de trompas. Las denuncias se refieren a presuntas esterilizaciones ocurridas en Canadá durante los últimos 20 o 25 años, incluyendo algunas tan recientes como el año pasado.
La ministra federal canadiense de Servicios Indígenas, Jane Philpott, calificó las esterilizaciones forzadas de “horribles”. En una entrevista con la agencia The Canadian Press, Philpott señaló que “las esterilizaciones forzosas de personas vulnerables, incluidas las mujeres indígenas, son una violación muy seria de los derechos humanos”.
En Canadá, todas las competencias sanitarias están transferidas a los gobiernos provinciales. Según investigaciones realizadas en los últimos años, las esterilizaciones forzosas de mujeres indígenas podrían seguir realizándose en las provincias de Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Ontario. Las autoridades sanitarias de Saskatchewan ya se disculparon en 2017 por las esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas, después de que la provincia investigara las primeras alegaciones, presentadas por cuatro mujeres en la provincia, dos años antes.
“Hay muchas más”
La doctora Yvonne Boyer, senadora, de origen indígena, y autora de una investigación sobre estos casos, ha solicitado que el Senado canadiense estudie la práctica de la esterilización de mujeres indígenas en todo el país. Boyer argumenta que si solo en una región de Saskatchewan han aparecido 60 mujeres que han sido esterilizadas contra su voluntad, “hay muchas más” en todo el país, incluidas las que se han obligado a sí mismas a olvidar “esos recuerdos”.
“Si ha ocurrido en Saskatoon, ha ocurrido también en Regina, y en Winnipeg, y en cualquier otro lugar con una población importante de mujeres indígenas”, señaló Boyer a The Canadian Press. “Son muchas las mujeres que me han contactado de todo el país, pidiendo ayuda”, añadió.
Amnistía Internacional ha investigado prácticas similares en México, Chile y Perú. “Siempre se hace por razones muy específicas, y está claro que esas razones están relacionadas con políticas destinadas a asegurar que un determinado grupo no se reproduzca”, manifestó Jacqueline Hansen.
Por su parte, el líder de las comunidades indígenas de Canadá, el jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones (APN), Perry Bellegarde, declaró recientemente en una entrevista que las esterilizaciones son “inmorales, una grave violación de los derechos humanos”, y añadió que esta “práctica deshumanizante debe cesar”.
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos están exigiendo al Gobierno canadiense que investigue casos de presuntas esterilizaciones forzosas de mujeres indígenas en el país, al tiempo que un número cada vez mayor de víctimas se están sumando a una demanda judicial conjunta contra el propio Gobierno y contra profesionales médicos.
Al menos 60 mujeres de la provincia de Saskatchewan se han unido ya a esta demanda colectiva contra las autoridades canadienses. En ella, denuncian que fueron esterilizadas sin su consentimiento expreso y exigen una compensacion por la violación de sus derechos.
La demanda aún tiene que ser certificada por un juez, pero este mismo martes Amnistía Internacional anunció que ha solicitado al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que presione al Ejecutivo canadiense para que lleve a cabo una investigación de las denuncias.
Según señala la ONG, es necesario asegurar que las acusaciones de esterilizaciones forzadas o coaccionadas en Canadá sean investigadas, y que se acometa una reforma, tanto de “la justicia proporcionada a los supervivientes y sus familias” como de “todas las políticas gubernamentales”, con el objetivo de prohibir las esterilizaciones.
“Estamos hablando de mujeres que se supone que tienen el derecho de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos, y a las que se les ha arrebatado ese derecho”, indicó Jacqueline Hansen, de la sección canadiense de Amnistía Internacional, en declaraciones recogidas por el diario The Guardian.
Amenazas
Según el relatro de las mujeres afectadas, estas fueron presionadas para autorizar las esterilizaciones mientras se encontraban de parto, y en algunos casos bajo la amenaza de que no podrían ver a sus bebés hasta que aceptasen someterse a una ligadura de trompas. Las denuncias se refieren a presuntas esterilizaciones ocurridas en Canadá durante los últimos 20 o 25 años, incluyendo algunas tan recientes como el año pasado.
La ministra federal canadiense de Servicios Indígenas, Jane Philpott, calificó las esterilizaciones forzadas de “horribles”. En una entrevista con la agencia The Canadian Press, Philpott señaló que “las esterilizaciones forzosas de personas vulnerables, incluidas las mujeres indígenas, son una violación muy seria de los derechos humanos”.
En Canadá, todas las competencias sanitarias están transferidas a los gobiernos provinciales. Según investigaciones realizadas en los últimos años, las esterilizaciones forzosas de mujeres indígenas podrían seguir realizándose en las provincias de Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Ontario. Las autoridades sanitarias de Saskatchewan ya se disculparon en 2017 por las esterilizaciones forzadas de mujeres indígenas, después de que la provincia investigara las primeras alegaciones, presentadas por cuatro mujeres en la provincia, dos años antes.
“Hay muchas más”
La doctora Yvonne Boyer, senadora, de origen indígena, y autora de una investigación sobre estos casos, ha solicitado que el Senado canadiense estudie la práctica de la esterilización de mujeres indígenas en todo el país. Boyer argumenta que si solo en una región de Saskatchewan han aparecido 60 mujeres que han sido esterilizadas contra su voluntad, “hay muchas más” en todo el país, incluidas las que se han obligado a sí mismas a olvidar “esos recuerdos”.
“Si ha ocurrido en Saskatoon, ha ocurrido también en Regina, y en Winnipeg, y en cualquier otro lugar con una población importante de mujeres indígenas”, señaló Boyer a The Canadian Press. “Son muchas las mujeres que me han contactado de todo el país, pidiendo ayuda”, añadió.
Amnistía Internacional ha investigado prácticas similares en México, Chile y Perú. “Siempre se hace por razones muy específicas, y está claro que esas razones están relacionadas con políticas destinadas a asegurar que un determinado grupo no se reproduzca”, manifestó Jacqueline Hansen.
Por su parte, el líder de las comunidades indígenas de Canadá, el jefe nacional de la Asamblea de Primeras Naciones (APN), Perry Bellegarde, declaró recientemente en una entrevista que las esterilizaciones son “inmorales, una grave violación de los derechos humanos”, y añadió que esta “práctica deshumanizante debe cesar”.
