Los colectivos de vivienda han comenzado estos días una nueva campaña a nivel de la ciudad de Barcelona para intentar parar los desahucios pendientes. La intención es calentar las calles durante unas semanas para llegar a la fecha del 15 de enero con la tensión suficiente como para convocar una manifestación ante la Ciutat de la Justícia, donde se dará una rueda de prensa.
Según los datos de los colectivos okupas, en el último trimestre ha habido más de 60 “desahucios en abierto” en Barcelona. Un manifiesto emitido recientemente señala que “un desahucio con personas enfermas, gente mayor o menores, un desahucio sin alternativa habitacional, es una actuación judicial que vulnera los derechos fundamentales de las personas. Sólo en la ciudad de Barcelona padecemos docenas de desahucios como éstos cada semana”. Subraya luego que “hemos detectado en los últimos meses un crecimiento de los desahucios que se dictan sin determinar una fecha y una hora fija, acordando un amplio periodo de días en los cuales se puede producir la expulsión de la familia de su vivienda. Son los llamados desahucios abiertos. Se trata de un abuso sobre una situación injusta ya de partida”.
Fuentes okupas, no obstante, cifran en unos 60 los desalojos “en abierto” que ha habido en la capital catalana en los tres últimos meses de 2018 y para los meses de enero y febrero se esperan una decena más. Advierten, eso sí, que “Barcelona es el laboratorio” de este tipo de desahucios y que, después de esta ciudad, se irán extendiendo al resto de territorio catalán y español.
Según los colectivos okupas, las víctimas de estas actuaciones padecen también la inseguridad de no saber si “cuando vuelven del trabajo, el colegio o el mercado siguen teniendo casa”. Por eso, consideran que no se trata ya sólo de un problema de derechos humanos, sino de “salud social”. Esa modalidad de intervención, además, hace casi imposible parar un desahucio, por lo que muchas familias optan por encerrarse en casa a la espera de que llegue la comitiva judicial.
UNA PRÁCTICA ILEGAL
Por si fuera poco, aseguran que esta modalidad incumple la legalidad, ya que “la posibilidad de fijar desahucios en fechas abiertas no se encuentra recogida en ninguna norma. Al contrario, la Ley de Enjuiciamiento Civil establece la necesidad de que se fije fecha o fecha y hora determinada para realizar el desalojo”.
Los colectivos antidesahucio denuncian, asimismo, que los miembros de las comitivas judiciales “recomiendan a los procuradores de la propiedad que soliciten los lanzamientos con una fecha abierta, extralimitándose de esta forma en sus funciones”. Debido a ello, todos los colectivos que luchan por una vivienda digna y claman contra los desahucios inician una campaña “para acabar con esta práctica inhumana. No descansaremos hasta que no se produzca ni un solo desahucio más con fecha abierta en nuestra ciudad”.
CRÍTICAS AL AYUNTAMIENTO DEL "CAMBIO"
En la campaña participan no sólo todos los colectivos okupas de la ciudad, sino también entidades como el Observatorio DESC, del que proviene la propia alcaldesa, Ada Colau, que es uno de los que llama a la movilización en contra de la práctica citada. La Associació 500x20 es otro de los colectivos que apoya la campaña. “Los desahucios abiertos son ilegales y aumentan el sufrimiento de las familias en proceso de desahucio. Vulneran los derechos humanos y del menor. No hay ningún articulado en la ley que los avale. Lo saben jueces, comitiva y policía”, acusa esta última asociación a través de las redes sociales.
A pesar de ello, la Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia (uno de los barrios donde más ocupaciones hay y que estas fiestas navideñas intentó paralizar uno de los desalojos por sorpresa pidiendo activistas a través de las redes sociales) ha sido de las más duras en las críticas al Ayuntamiento de Barcelona. En este barrio, además, ha habido el polémico caso de la encina bicentenaria que el consistorio no protegió, por lo que acusan directamente al concejal de Presidencia, Agua y Energía, Eloi Badia, de rehuir responsabilidades y de favorecer la especulación urbanística.
La plataforma DESC, en cambio, ha prestado mucha atención al tema de la vivienda. Además de apoyar incondicionalmente la campaña contra los “desalojos abiertos”, también ha publicado un protocolo de desalojo extrajudicial. En este documento, explican qué es un “desalojo extrajudicial” (el que se practica con la mediación de una empresa experta en desalojos) y luego explican cómo actuar en una situación de desahucio de estas características: desde la documentación que hay que tener a mano hasta las denuncias por coacciones o la llamada a la Policía. Es importante, en esos casos, grabar la actuación de la comitiva que quiere desahuciar y hay que evitar salir voluntariamente de la vivienda.
La plataforma también organizó para este mes de diciembre el segundo taller antimobbing para “ofrecer, de manera práctica, las herramientas necesarias para denunciar el acoso inmobiliario por la nueva vía administrativa, sin abogados y ante el Ayuntamiento”.
