No todo iban a ser corbetas, y al parecer no todas las dictaduras son iguales para los gobernantes españoles: España participa en la modernización de los carros de combate del Ejército de Venezuela pese al embargo de armamento decretado por la Unión Europea.
La junta interministerial que controla las exportaciones de material militar aprobó en enero de 2018 la venta a Nicolás Maduro de repuestos para blindados por 20 millones de euros. La autorización por parte del Ejecutivo de Rajoy se produjo después de que, el 14 de noviembre de 2017, entrase en vigor el reglamento de la UE que prohíbe suministrar dicho material a Caracas.
Según los políticos titulares, de unos y otros partidos, en el gobierno español, así como según el discurso habitual de sus medios de comunicación afines, Venezuela es una oprobiosa dictadura que reprime y sojuzga a su propio pueblo. Por tal supuesto motivo la Unión Europea decretó un embargo de armas a dicho país, el cual entró en vigor el 14 de noviembre de 2017. Sin embargo una cosa es la retórica política y el populismo, y otra los negocios y las comisiones. Así, el gobierno español no ha dejado de autorizar de cara a su homónimo venezolano (si bien con la discreción que suele acompañar a estos turbios negocios) diferentes contratos de venta de armamento.
Leemos en medios poco sospechosos de antimilitarismo, como El País, que el gobierno español (del PP por aquel entonces) autorizó en el primer trimestre de 2018 -con el embargo en vigor- un contrato de 20 millones de euros para la modernización de 84 tanques AMX-30, un carro de combate de fabricación francesa que la propia industria militar venezolana ya había "modernizado" chapuceramente entre denuncias y sospechas de corrupción. Dichos tanques están estacionados frente a la frontera colombiana, país con el que el ejecutivo de Maduro mantiene una tensión creciente.
El contrato ha sido firmado por la empresa española Star Defence Logistic Engineering SL (SDLE), que tiene su sede en Móstoles y es una habitual suministradora del ejército español. Como suele ser habitual, las explicaciones de la portavocía del gobierno español para el tráfico de armas fueron todo lo vagas y erráticas que la ocasión precisaba.
Según los políticos titulares, de unos y otros partidos, en el gobierno español, así como según el discurso habitual de sus medios de comunicación afines, Venezuela es una oprobiosa dictadura que reprime y sojuzga a su propio pueblo. Por tal supuesto motivo la Unión Europea decretó un embargo de armas a dicho país, el cual entró en vigor el 14 de noviembre de 2017. Sin embargo una cosa es la retórica política y el populismo, y otra los negocios y las comisiones. Así, el gobierno español no ha dejado de autorizar de cara a su homónimo venezolano (si bien con la discreción que suele acompañar a estos turbios negocios) diferentes contratos de venta de armamento.
Leemos en medios poco sospechosos de antimilitarismo, como El País, que el gobierno español (del PP por aquel entonces) autorizó en el primer trimestre de 2018 -con el embargo en vigor- un contrato de 20 millones de euros para la modernización de 84 tanques AMX-30, un carro de combate de fabricación francesa que la propia industria militar venezolana ya había "modernizado" chapuceramente entre denuncias y sospechas de corrupción. Dichos tanques están estacionados frente a la frontera colombiana, país con el que el ejecutivo de Maduro mantiene una tensión creciente.
El contrato ha sido firmado por la empresa española Star Defence Logistic Engineering SL (SDLE), que tiene su sede en Móstoles y es una habitual suministradora del ejército español. Como suele ser habitual, las explicaciones de la portavocía del gobierno español para el tráfico de armas fueron todo lo vagas y erráticas que la ocasión precisaba.
Fuente: Grupo antimilitarista Tortuga
