Fin al filón encontrado por la polémica universidad Juan Carlos I: tras la decisión de la Secretaría General de Universidades, que consideraba el curso "online" que realizaban los comisarios para obtener el grado era "insuficiente a todas luces" siquiera para ser considerado una diplomatura. El recurrente, también ha sido condenado en costas.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del ha emitido una sentencia que invalida el curso 'online' que la Universidad Rey Juan Carlos organizó con el fin de que los comisarios e inspectores jefes de la Policía Nacional obtuvieran el grado oficial en criminología. Según la resolución de la que ha sido ponente el magistrado José Luis Requero, el mencionado curso promovido por el centro "no es equivalente a una titulación media, luego era inhábil para lograr la equivalencia con una antigua licenciatura". Es más, continúa el texto, "tampoco puede considerarse como un título de grado (...) pese a denominarse" de ese modo. "No cumple con la carga lectiva exigible para ser tenido como tal", subraya la sentencia, que el Supremo emite tras el recurso de un comisario principal contra la decisión del Ministerio de Educación de tumbar en 2015 el mencionado grado.
El Supremo entiende que "para que ese grado en criminología fuese equivalente a una antigua diplomatura, debería haberse cursado en tres cursos completos con una carga lectiva de 180 créditos", extremo que en ningún caso cumplía. "Ni por descontado equivale a un actual título de grado, que exige un total de 240 créditos", apostilla la Sala de lo Contencioso del alto tribunal, que recuerda que el denominado grado en criminología que concedía la Rey Juan Carlos a los comisarios e inspectores jefes que lo cursaban comprendía "un periodo corto de tiempo (pocos meses), mediante un curso a distancia y una carga lectiva de 60 créditos".
Las dos ediciones del curso fueron organizadas por la Rey Juan Carlos en 2013 y en 2014. Los dos centenares de alumnos que pasaron por las aulas del centro abonaron cada uno 3.000 euros en concepto de matrícula, lo que arrojó un montante total de 600.000 euros que se embolsó la universidad. La demanda de comisarios que querían hacer el curso, además, superaba la oferta, por la mencionada exigencia que la ley establecía para ocupar determinados puestos de la Administración, un requerimiento que para más inri poseían pocos comisarios.
