Ratifican la condena a demoler Fraguas y encarcelar a seis repobladores. El Gobierno de Castilla-La Mancha (Podemos - PSOE) es la acusación particular. La Audiencia Provincial de Guadalajara ha ratificado la sentencia que condena a seis miembros del colectivo de repoblación ‘Fraguas Revive’ a un año y 9 meses de prisión por delitos contra la ordenación del territorio y usurpación del monte público. Por lo visto la autogestión se convierte en delito...
Esta sentencia firme, que se conoce dos meses después de que el Tribunal se reuniera el 14 de noviembre en Guadalajara, supone de facto la entrada en la cárcel del grupo de encausados. Solo en el caso de que el colectivo asumiera los costes de demolición del poblado de la Sierra Norte de Guadalajara, estimados en 27.000 euros, en concepto de responsabilidad civil, podrían eludir la pena de prisión, tal como recoge la sentencia judicial, dictada en junio de 2018.
Esta sentencia firme, que se conoce dos meses después de que el Tribunal se reuniera el 14 de noviembre en Guadalajara, supone de facto la entrada en la cárcel del grupo de encausados. Solo en el caso de que el colectivo asumiera los costes de demolición del poblado de la Sierra Norte de Guadalajara, estimados en 27.000 euros, en concepto de responsabilidad civil, podrían eludir la pena de prisión, tal como recoge la sentencia judicial, dictada en junio de 2018.
La Audiencia Nacional de Guadalajara ha rechazado el recurso
interpuesto por los habitantes del poblado de Fraguas y ha confirmado la
condena a los seis jóvenes.
El pueblo de Fraguas, desalojado durante hace medio siglo por el régimen franquista, se convirtió en 2012 en el hogar de una docena de personas que dedicaron cinco años a su reconstrucción. En mayo, seis de las personas que vivían o trabajaban en la reconstrucción del pueblo fueron juzgados por delitos contra la ordenación del territorio y usurpación, acusados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En junio, el Juzgado número 1 de Guadalajara les condenó, a cada uno de ellos, a un año y seis meses de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio, además de al pago de una multa de 1.080 euros por el mismo delito y a otra multa de un año —2.160 euros— por usurpación, además del pago de la demolición. La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial, que hoy ha notificado el rechazo del recurso y ha confirmado la condena.
“Es vergonzoso, hay cuatro personas que ni siquiera viven aquí y se les ha condenado igual, se mantienen en sus trece”, lamenta Lalo Aracil, uno de los jóvenes condenados. Aracil ha anunciado que los seis condenados han decidido no pagar la demolición. “A lo que con tanto esfuerzo y dinero hemos levantado no le vamos a dedicar ni un solo céntimo de nuestros recursos ni de los de los movimientos sociales para derribarlo”, afirma.
Esta decisión podría conllevar la entrada efectiva en prisión de los cuatro jóvenes, y por un total de dos años y tres meses. Según explica Aracil, la demolición de las casas de Fraguas, tasada en más de 26.000 euros, tendría prioridad sobre el pago de las multas, por lo que, hasta que no se pagase la primera, no se podrían pagar las segundas. El año y medio de multa impagada se convertiría en nueve meses de prisión a sumar a la condena de año y seis meses.
Los seis jóvenes afirman que recurrirán ante el Tribunal Constitucional y que van seguir en Fraguas. “Sabemos que la seguridad jurídica es nula, pero seguimos con fuerza y entereza para seguir defendiéndolo, nosotros no nos vamos a ir de aquí”, sostiene Aracil.
Este activista señala que se les ha condenado a la vez por usurpación de bienes inmuebles y por delitos contra la ordenación del territorio: “Si es bien mueble no habría delito contra la ordenación del territorio; si hay delito contra la ordenación del territorio, en todo caso sería usurpación de monte público, que iría por vía administrativa, no penal”. También subraya que en el caso del pueblo de Fraguas no se cumple ninguno de los supuestos para que los hechos fueran delito: “Es una reconstrucción, no hemos urbanizado ni hemos edificado, ni tenemos ánimo de lucra. Es una ley para prevenir desmanes inmobiliarios por la que apenas hay una docena de condenas, y nos han condenado a nosotros”.
El pueblo de Fraguas, desalojado durante hace medio siglo por el régimen franquista, se convirtió en 2012 en el hogar de una docena de personas que dedicaron cinco años a su reconstrucción. En mayo, seis de las personas que vivían o trabajaban en la reconstrucción del pueblo fueron juzgados por delitos contra la ordenación del territorio y usurpación, acusados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En junio, el Juzgado número 1 de Guadalajara les condenó, a cada uno de ellos, a un año y seis meses de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio, además de al pago de una multa de 1.080 euros por el mismo delito y a otra multa de un año —2.160 euros— por usurpación, además del pago de la demolición. La sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial, que hoy ha notificado el rechazo del recurso y ha confirmado la condena.
“Es vergonzoso, hay cuatro personas que ni siquiera viven aquí y se les ha condenado igual, se mantienen en sus trece”, lamenta Lalo Aracil, uno de los jóvenes condenados. Aracil ha anunciado que los seis condenados han decidido no pagar la demolición. “A lo que con tanto esfuerzo y dinero hemos levantado no le vamos a dedicar ni un solo céntimo de nuestros recursos ni de los de los movimientos sociales para derribarlo”, afirma.
Esta decisión podría conllevar la entrada efectiva en prisión de los cuatro jóvenes, y por un total de dos años y tres meses. Según explica Aracil, la demolición de las casas de Fraguas, tasada en más de 26.000 euros, tendría prioridad sobre el pago de las multas, por lo que, hasta que no se pagase la primera, no se podrían pagar las segundas. El año y medio de multa impagada se convertiría en nueve meses de prisión a sumar a la condena de año y seis meses.
Los seis jóvenes afirman que recurrirán ante el Tribunal Constitucional y que van seguir en Fraguas. “Sabemos que la seguridad jurídica es nula, pero seguimos con fuerza y entereza para seguir defendiéndolo, nosotros no nos vamos a ir de aquí”, sostiene Aracil.
Este activista señala que se les ha condenado a la vez por usurpación de bienes inmuebles y por delitos contra la ordenación del territorio: “Si es bien mueble no habría delito contra la ordenación del territorio; si hay delito contra la ordenación del territorio, en todo caso sería usurpación de monte público, que iría por vía administrativa, no penal”. También subraya que en el caso del pueblo de Fraguas no se cumple ninguno de los supuestos para que los hechos fueran delito: “Es una reconstrucción, no hemos urbanizado ni hemos edificado, ni tenemos ánimo de lucra. Es una ley para prevenir desmanes inmobiliarios por la que apenas hay una docena de condenas, y nos han condenado a nosotros”.
