Al parecer, en la última propuesta del Ministerio, la filosofía ya no figuraría como materia en la Secundaria obligatoria, como se acordó en la Comisión de Educación del Congreso. Y curiosamente, el mismo día que se filtra esta noticia, este mismo lunes, se reunió la ministra socialista de Educación y Formación Profesional (MEyFP), Isabel Celaá, con representantes de la Conferencia Episcopal Española (CEE).
La reunión se ha celebrado justo un mes antes de que se cumplan cuarenta años de la firma de los Acuerdos concordatarios del Estado español con la Santa Sede, la misma semana que se celebran los fastos de celebración de las cuatro décadas de la Constitución de 1978, en la que figura una referencia explícita de las relaciones de los poderes públicos con la Iglesia católica, de forma malévola y torticera en el mismo apartado del artículo 16, que declara que ninguna confesión tendrá carácter estatal, artículo que garantiza la libertad ideológica y de conciencia y que nadie podrá ser obligado a declarar sobre sus creencias.
Para generar mayor confusión a esa maldad constitucional del artículo 16, en el artículo 27, se reconoce a padres, madres y tutores el derecho a que hijos e hijas reciban la formación moral y religiosa de acuerdo a sus convicciones, además de garantizar la libertad de enseñanza y la posibilidad de que, en su caso, el Estado pueda ayudar a centros de titularidad privada.
Para “rematar la faena”, mientras se elaboraba la Constitución, se estaba negociando (sin luz, ni taquígrafos) un nuevo Concordato que garantizara, los históricos privilegios de la Iglesia Católica, entre ellos, en el ámbito de la Enseñanza, para que la religión confesional formara parte del currículo con el mismo peso que cualquier otra disciplina.
Y ahí siguen inamovibles estos Acuerdos. Pero hay más, en este caso al margen de los Acuerdos. Y es que a lo largo de estos cuarenta años los poderes públicos estatal y territorial han elaborado leyes y aplicado normativas para que centros dogmáticos religiosos sean financiados totalmente por el Estado y hayan ganado un peso fundamental, sobre todo, en las zonas de mayor densidad de población. Y, ahí, todos los gobiernos de diversidad de colores han participado, de una forma u otra, en tamaño desaguisado.
La enorme ventaja y privilegios conseguida por la Iglesia católica en materia de Enseñanza, durante el nacionalcatolicismo, aumentada durante estos 40 años, es prácticamente imposible revertirla a medio plazo, pero -sobre todo- cuando (digan lo que digan) NO hay verdadera voluntad política, ni por parte del partido al que pertenece el actual Gobierno y otros pàra que mencionar, ni por parte de los afectos al sistema de cambiar el panorama.
