Vestas cerró un ERE para 370 trabajador@s, Alcoa planea cerrar sus factorías en Avilés y La Coruña y echar a 686 trabajador@s, PSA Peugeot-Citröen aplicará un ERE temporal para 400 en Vigo, los 117 trabajador@s de La Naval perderán su empleo con el cierre del astillero de Sestao y cientos de empleos de compañías como Cemex y Coopbox están pendientes de posibles despidos colectivos.
Las empresas que operan en España recurrieron a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) para despedir a entre 300.000 y 550.000 trabajadores al año y tratar así de sobrevivir a la "crisis". La CEOE ha planteado abaratar los despidos colectivos ...
La recuperación económica y la vuelta a los beneficios de las compañías no ha puesto fin, sin embargo, a los procesos de despido colectivo. Entre finales de 2018 y el arranque de este año compañías de distintos sectores, pero sobre todo la industria y la banca, han puesto o pondrán sobre la mesa expedientes para más de 8.000 personas.
La última en hacerlo fue Vodafone, que ayer anunció hasta 1.200 despidos, una cuarta parte de su plantilla, bajo la justificación de que necesita reducir su estructura de costes para sobrevivir a la caída de ingresos que sufre por la guerra de precios entre las telecos.
La Banca, que desde 2008 han recortado plantilla en 93.481 profesionales, un 34%, siguen ajustando empleo ante la necesidad de reducir sus costes para afrontar su baja rentabilidad y el cambio de modelo de negocio por la digitalización. En ese escenario, Caixabank negocia ya con los representantes de los trabajadores un ERE que podría afectar, según los sindicatos, a entre 2.000 y 2.500 empleados. Y Wizink, la que fuera filial digital del Popular, viene de cerrar un ERE para 168 trabajadores, el 14% de su plantilla.
Las absorciones en marcha conllevarán también más despidos en banca. El Santander hará en 2019 la reestructuración de la red comercial tras integrar el Popular, lo que implicará un ERE que, según distintas estimaciones, podría afectar a unos 3.000 trabajadores de una plantilla total de 33.500 empleados. La fusión de Unicaja y Liberbank, que sumarán 10.849 profesionales, también acarrearía bajas.
Ahora bien, es la industria la que ha hecho saltar las alarmas. El goteo de cierre de plantas sobre todo de multinacionales extranjeras que se inició el pasado otoño, justificadas por los altos costes energéticos de España, factores estructurales y falta de competitividad, amenaza miles de empleos. Vestas cerró un ERE para 370 trabajadores, Alcoa planea cerrar sus factorías en Avilés y La Coruña y echar a 686 trabajadores, PSA Peugeot-Citröen aplicará un ERE temporal para 400 en Vigo, los 117 trabajadores de La Naval perderán su empleo con el cierre del astillero de Sestao y cientos de empleos de compañías como Cemex y Coopbox están pendientes de posibles despidos colectivos.
El número de trabajadores afectados por ERE en España ha bajado año a año desde 2012, cuando 483.313 trabajadores perdieron su empleo por esta vía, hasta los 57.497 profesionales despedidos en 2017, según cifras del Ministerio de Trabajo. El año pasado, hasta octubre, último dato disponible, 44.999 personas salieron del mercado laboral por una regulación de empleo, solo un 0,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, de forma que esa tendencia bajista está cerca de cambiar de dirección. Además, en la segunda mitad del pasado ejercicio el paro aumentó en hasta 40.135 personas.
En ese contexto, la CEOE ha planteado abaratar los despidos colectivos eliminando la "enmienda Telefónica", que desde 2011 obliga a las empresas con más de 100 trabajadores y en beneficios que hagan un despido colectivo de trabajadores de más de 50 años a pagar al Tesoro todos los gastos de esas prejubilaciones.
La última en hacerlo fue Vodafone, que ayer anunció hasta 1.200 despidos, una cuarta parte de su plantilla, bajo la justificación de que necesita reducir su estructura de costes para sobrevivir a la caída de ingresos que sufre por la guerra de precios entre las telecos.
La Banca, que desde 2008 han recortado plantilla en 93.481 profesionales, un 34%, siguen ajustando empleo ante la necesidad de reducir sus costes para afrontar su baja rentabilidad y el cambio de modelo de negocio por la digitalización. En ese escenario, Caixabank negocia ya con los representantes de los trabajadores un ERE que podría afectar, según los sindicatos, a entre 2.000 y 2.500 empleados. Y Wizink, la que fuera filial digital del Popular, viene de cerrar un ERE para 168 trabajadores, el 14% de su plantilla.
Las absorciones en marcha conllevarán también más despidos en banca. El Santander hará en 2019 la reestructuración de la red comercial tras integrar el Popular, lo que implicará un ERE que, según distintas estimaciones, podría afectar a unos 3.000 trabajadores de una plantilla total de 33.500 empleados. La fusión de Unicaja y Liberbank, que sumarán 10.849 profesionales, también acarrearía bajas.
Ahora bien, es la industria la que ha hecho saltar las alarmas. El goteo de cierre de plantas sobre todo de multinacionales extranjeras que se inició el pasado otoño, justificadas por los altos costes energéticos de España, factores estructurales y falta de competitividad, amenaza miles de empleos. Vestas cerró un ERE para 370 trabajadores, Alcoa planea cerrar sus factorías en Avilés y La Coruña y echar a 686 trabajadores, PSA Peugeot-Citröen aplicará un ERE temporal para 400 en Vigo, los 117 trabajadores de La Naval perderán su empleo con el cierre del astillero de Sestao y cientos de empleos de compañías como Cemex y Coopbox están pendientes de posibles despidos colectivos.
El número de trabajadores afectados por ERE en España ha bajado año a año desde 2012, cuando 483.313 trabajadores perdieron su empleo por esta vía, hasta los 57.497 profesionales despedidos en 2017, según cifras del Ministerio de Trabajo. El año pasado, hasta octubre, último dato disponible, 44.999 personas salieron del mercado laboral por una regulación de empleo, solo un 0,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, de forma que esa tendencia bajista está cerca de cambiar de dirección. Además, en la segunda mitad del pasado ejercicio el paro aumentó en hasta 40.135 personas.
En ese contexto, la CEOE ha planteado abaratar los despidos colectivos eliminando la "enmienda Telefónica", que desde 2011 obliga a las empresas con más de 100 trabajadores y en beneficios que hagan un despido colectivo de trabajadores de más de 50 años a pagar al Tesoro todos los gastos de esas prejubilaciones.
