Diez años después de iniciar la investigación, el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha decretado el archivo de las diligencias abiertas sobre la venta en 2005 a Venezuela de ocho patrulleras españolas por 1.245 millones de euros. En el auto de sobreseimiento provisional, dictado el pasado 12 de enero, la juez declara acreditado que se pagaron más de 42 millones de euros en comisiones, pero alega que este sobrecoste salió de las arcas venezolanas y no supuso quebranto económico para el astillero español Navantia, por lo que no hay malversación de fondos públicos. Aunque un perito judicial estimó en al menos 1,3 millones la cuota defraudada entre 2008 y 2010 en Impuestos de Sociedades, IVA e IRPF, tampoco se da por confirmado el delito fiscal.
La venta al Gobierno de Hugo Chávez de ocho patrulleras de la empresa pública Navantia fue uno de los grandes contratos de material de defensa del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. Pero aquella operación, cerrada entre los dos Gobiernos en 2005, acabó dando lugar en 2010 a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que indagaba el cobro de comisiones por intermediarios venezolanos. En la causa fueron imputados Javier Salas, presidente del Instituto Nacional de Industria (INI, precedente de la actual SEPI) en la última etapa de Felipe González (1990-95) y el expresidente de Navantia Juan Pedro Gómez Jaén.
Finalmente, reconoce la juez, “no se ha podido averiguar el destino del dinero recibido” por los intermediarios venezolanos, ya que su rastro se pierde en una maraña de sociedades en paraísos fiscales, como Islas Antillas y Dominica, y “las comisiones rogatorias libradas [a dichas jurisdicciones] no han tenido ningún resultado”.
Según el informe del fiscal que ha servido de base al auto de archivo, en diciembre de 2004, “estando casi cerrada la operación de venta de ocho embarcaciones a Venezuela”, Gómez Jaén encargó a Javier Salas que viajara a Caracas para comprobar la solvencia de dos venezolanos que se habían ofrecido como mediadores para la operación. Salas no solo había sido presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) y jefe del propio Gómez Jaén, sino que seguía siendo consejero de la empresa pública Red Eléctrica y asesoraba en la reestructuración de Izar, la sociedad antecesora de Navantia.
Los venezolanos eran Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malave Benavides, con los que el astillero español había trabajado años atrás. En octubre de 2004, Carvallo viajó a Madrid con el séquito oficial del entonces presidente Hugo Chávez y aprovechó para pesentarse a la naviera española como agente en Venezuela.
Salas, a quien Navantia encargó verificar la solvencia de Carvallo y Malave, llegó a un acuerdo verbal con ellos para, utilizando “sus contactos e influencias en España”, lograr que se convirtieran en mediadores de la venta de los buques, “a cambio de sustanciosos importes” de dinero para él mismo.
Entre el 24 de febrero y el 30 de septiembre de 2005, se firmaron tres contratos entre el astillero español y la empresa Rebazve, constituida por los dos venezolanos para esta operación. En el tercero de los acuerdos, a los que el fiscal atribuye diversas irregularidades, se fijaba que Rebazve cobraría hasta el 3,5% del importe total de los ocho buques —cuatro de vigilancia oceánica por 721,5 millones de euros; y cuatro de vigilancia litoral por 523,7—; es decir, un máximo de 43,5 millones.
El fiscal asegura que los responsables de Navantia eran conscientes de que “la retribución pactada con el agente era excesiva”, pero la aceptaron porque este sobrecoste iba a ser asumido por Venezuela “al formar parte del precio final de las embarcaciones”.
En mayo de 2006, el representante de Rebazve abrió dos cuentas corrientes en el banco BSI de Ginebra para ingresar las comisión pactada y dio instrucciones sobre cómo debía repartirse: el 30% (13 millones) sería para Javier Salas, su socio y exsubordinado en el INI Antonio Rodríguez Andía y el agente financiero Diego Azqueta Bernar. Estos dos últimos, “al enterarse de los perjuicios que les podía acarrear aparecer como beneficiarios directos de los fondos”, según el fiscal, pidieron al banco no figurar en la lista.
El 70% (30,4 millones) restante se repartiría entre los venezolanos: el 31,5% (13,7) para los dos socios de Rebazve; el 17,5% (7,6) para el exmilitar Mario José Gregorio Rivero; el 14% (6) para Luis José Mendoza Marín; y el 7% (3) para Raúl José Hernández Revelo. No hay documentación que justifique el pago a estos tres últimos, apostilla el fiscal.
Para “dar apariencia de legalidad” y “ocultar” el cobro de los fondos procedentes de Navantia por parte de los españoles se recurrió a una empresa de Rodríguez-Andía, Camino Nuevo, que firmó dos contratos de “asesoramiento y consultaría” con Rebazve, la firma de los venezolanos, por 12,4 millones; el 1% del valor de los buques. A cambio, Salas y su socio consiguieron, según el fiscal, que Navantia contratara a Rebazve y acompañaron a los venezolanos a reuniones con directivos del astillero.
Camino Nuevo empezó a cobrar de Rebazve en una cuenta del EGB Bank de Zurich que se cerró en octubre de 2010, coincidiendo con el inicio de la investigación judicial, y que no estaba declarada a Hacienda, aunque posteriormente se regularizó. Salas y su socio se repartían al 50% la comisión de las patrulleras, mientras que Azqueta, que puso en contacto a venezolanos y españoles, debía recibir el 7,4% a través de la sociedad Medco Shipbrokers.
Camino Nuevo declaró como ingresos los pagos de Rebazve y como gastos deducibles los pagos a Salas, a Azqueta e incluso a una sociedad de Rodríguez-Andía a pesar de que, según un informe pericial, estos no realizaron actividad alguna para dicha empresa. El peritó concluyó que Rodríguez-Andía debió tributar dichas cantidades por el IRPF y no por el Impuesto de Sociedades, más ventajoso, y estimó la cuota defraudada en 1,3 millones entre 2008 y 2010. Sin embargo, el juez ha asumido finalmente la interpretación del Ministerio Público, según la cual en esas fechas había dudas sobre el régimen fiscal aplicable y si Hacienda, que no abrió ningún expediente, no valoró entonces “la trascendencia tributaria de la cuestión, difícilmente podrá ser valorada [ahora] a efectos penales”.
Aunque no están documentados, el fiscal estima que “los escasos y espléndidamente remunerados” servicios que prestó Salas a los venezolanos no fueron una simulación, sino que tuvieron un beneficio real para la trama, a la que sirvió de “conseguidor”. Su actuación, agrega, es “censurable”, pero no constituye delito: se aprovechó de “su prestigio y experiencia profesional, sus excelentes relaciones con Gómez Jaén [presidente de Navantia] y con los máximos responsables de la SEPI”, para cobrar de la empresa venezolana “a la que había recomendado personalmente” ante el astillero público.
El fiscal reconoce que “el procedimiento se ha dilatado en exceso”, pero lo achaca a las comisiones rogatorias que, sin resultado, se han remitido a distintos paraísos fiscales. “No ha sido posible”, se lamenta, “averiguar el último destinatario de los fondos transferidos por Rebazve [la empresa de los dos venezolanos] y procedentes de Navantia”.
Uno de los cabos sueltos es la investigación que en su día abrió la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega Díaz. Cuando en agosto de 2017 huyó de su país, entregó a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá (Colombia) varias carpetas sobre episodios de corrupción. Una de ellas llevaba por título: “Caso sobreprecio en construcción de buques para la Armada española. Hevert García Plaza, alto mando militar”. En junio de 2019, la juez española remitió una comisión rogatoria a EE UU para acceder al expediente, pero se rechazó con el argumento de que no aportaba datos suficientes para localizarlo. García Plaza es un exgeneral venezolano que fue ministro de Alimentación de Maduro y pasó a colaborar con Washington tras ser acusado en 2015 de corrupción.
José Mariano Benítez de Lugo, abogado de Gómez Jaén, lamenta que el fiscal y la juez hayan tardado tanto en reconocer que no hubo delito de malversación de fondos públicos, cuando desde el principio estaba claro que la comisión de los intermediarios se incluyó en el precio de los buques y fue pagada por Venezuela. “¿Quién repara a mi cliente [el expresidente de Navantia] los perjuicios personales y profesionales por haber estado investigado durante diez largos años sin el menor fundamento?”, se pregunta.
Un portavoz de Navantia ha subrayado que la empresa pública “respeta y acata las decisiones judiciales” y ha recordado que la propia compañía estaba personada en el procedimiento y “ha colaborado en todo momento con la investigación judicial”.
